La última gran variable de incertidumbre política no basal podría estar cerca de ser despejada. Quedan semanas para conocer la nueva propuesta constitucional y es de esperar que este proceso culmine este año, poniendo fin a las incertezas que han afectado al mercado local.
Si bien la investigación en torno al impacto de las incertidumbres políticas sobre las decisiones económicas es relativamente nueva -no tiene más de dos décadas- existe evidencia de que los incentivos y las incertezas asociadas a los posibles cambios en las políticas públicas o en el liderazgo de una nación tiene efectos sobre el comportamiento de las empresas y los mercados. En ese contexto, los inversionistas pueden preferir esperar por claridad. Un caso reciente en Chile es el royalty minero: una vez definida la nueva estructura tributaria y su inmovilidad, los inversionistas efectivamente tomaron decisiones.
Hoy estamos en un escenario donde la incertidumbre generada por las reformas del Gobierno ha ido disminuyendo gradualmente. Por una parte, se encuentra en negociación una reforma de pensiones. La incerteza en este caso reside en varias dimensiones, pero los escenarios más complejos han desaparecido. Sobre la reforma tributaria, el Pacto Fiscal está despejando el camino para incentivos a la inversión y tributos menos disruptivos. Es esperable que la búsqueda de consensos técnicos y políticos minimice los costos de aumentar la carga tributaria.
Sin embargo, aún tenemos una fuente importante de incertidumbre en el proceso constituyente. Las encuestas muestran indefinición o un triunfo de la opción “en contra”, voto que cuesta interpretar cuando los detalles de la propuesta aún no se presentan. Tampoco se percibe el surgimiento de una emoción ciudadana por esta alternativa, sin la cual puede existir un espacio de auge para la opción “a favor”, sobre todo si se considera que los argumentos técnicos para rechazar el texto son irrelevantes para el votante, en un contexto de fatiga electoral y voto de protesta. En efecto, el voto fatiga es relevante cuando se vislumbra una docena de votaciones entre 2020 y 2026, algo muy inusual en la historia política chilena.
Una nueva Carta Magna que represente a la gran mayoría y cierre este proceso de manera exitosa es crucial para disminuir la incertidumbre restante. Eso puede ocurrir si, ante un voto en contra, el Gobierno y Congreso sellan de manera relativamente permanente el proceso constitucional, no por lo que queda de este Gobierno sino por un tiempo prolongado, que es los que miran quienes toman decisiones de inversión. Alternativamente, un triunfo significativo de la opción a favor también cerraría el proceso. Por ahora, veo espacio para un repunte de esta última opción en la medida que la fatiga electoral sea internalizada por la gente, en un contexto donde la campaña por el voto de rechazo tiene dificultades de credibilidad por el resultado del plebiscito anterior. Más aún, el voto de protesta está presente ante la acotada popularidad del Gobierno y un relevante ajuste en las prioridades ciudadanas.
El mayor espacio para un voto en contra reside en que se levanten emociones que superen la fatiga, el hastío y el voto de protesta. El cierre relativamente definitivo del proceso constitucional vendría de la mano de una nueva rebaja en la incertidumbre política, favoreciendo inversión, crecimiento y un renovado apetito por los activos chilenos. (DF)
Jorge Selaive