La provisión y aseguramiento de la salud en Chile está en crisis. Por un lado, los establecimientos de salud estatal están colapsados, con un marco jurídico que no es el más apropiado para una actividad tan compleja como es la gestión en salud. Por otro lado, el sistema de Isapres, que se encuentra en peligro, es un seguro de afiliación voluntaria que nació precisamente para descongestionar a los establecimientos públicos en beneficio de la población más vulnerable. De esta forma, el Estado debería garantizar el acceso a la salud a toda la población y reconocer los derechos a quienes pueden por sí solos solucionar sus necesidades de servicios médicos. Sin embargo, con el tiempo el seguro privado se ha desfigurado en una especie de seguro social que, como se observa dramáticamente ahora, presenta críticos problemas de financiamiento pues el Estado no lo ha provisto del marco jurídico apropiado y consecuente con las nuevas exigencias.
A comienzos de los años 90, el gasto “per cápita” del sistema estatal exhibía su desigualdad pues equivalía a un tercio de las Isapres. Con justa razón se decidió como política de Estado, disminuir esa brecha. Entre el año 2003 y 2021 el gasto estatal y municipal creció en un 432% real; las Isapres en un 118%. De esa forma, al año 2022 el gasto per cápita de los servicios estatales superaba al de las Isapres. Esta política de gasto incremental que deriva del lema “fortalecer la salud pública” ha significado que Chile sea el segundo país OCDE con mayor aumento del gasto sanitario y muy por sobre el promedio. Lamentablemente, aun así prevalecen las mismas desigualdades y problemas que muestra el sistema desde hace años: crecientes listas de espera, endeudamiento hospitalario, baja productividad, atraso tecnológico, falta de coordinación con la atención primaria, problemas laborales, aumento del uso de licencias médicas, etc., y si bien hay programas estatales exitosos, como vacunación, detección precoz de algunas enfermedades y muchos otros, también hay fallas en los planes para prevenir la obesidad en adultos y niños, diabetes, dislipidemia e hipertensión y otros, pues crecen a cifras galopantes (Encuesta Nacional de Salud).
Sin duda, el Estado a través de sus organismos cumple una función insustituible en materias de salud pública: rectoría, control y fiscalización sanitaria quedaron ampliamente validadas durante la pandemia. Lo que resulta inconveniente es que el Estado sustituya al sector privado en el aseguramiento y provisión de prestaciones médicas. Quienes están repitiendo el lema “fortalecer la salud pública” para desbancar a las Isapres deben considerar que ello no solo implicará un mayor aumento del gasto fiscal, sino que además los servicios ofrecidos para la mayoría de los pacientes empeorará. La evidencia juega en contra de quienes postulan a reemplazar la atención que ofrecen las Isapres por un Fonasa mejorado. ¡En prácticamente todos los países desarrollados los seguros privados están en franca expansión; las necesidades de los pacientes han transformado sistemas supuestamente unitarios en sistemas duales! Por ello, con sentido de urgencia es necesario recuperar el equilibrio financiero de las Isapres sin ningún costo fiscal, para luego trabajar en el diseño de las reformas del modelo de salud, antes de tomar decisiones que puedan significar la destrucción de un seguro regulado que ha sido innovador en muchos aspectos y un imprescindible apoyo a las políticas de salud del país. (La Tercera)
Rafael Caviedes
