A pesar de sufrir un nuevo revés judicial, las diputadas que presentaron un recurso de protección en contra del test de drogas obligatorio que puso en práctica la Cámara ganaron un inesperado aliado.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos acordó intervenir en el proceso a través de la fórmula de “amicus curiae” (amigo del tribunal, en latín) para hacer una presentación en favor de las legisladoras.
La medida se resolvió por mayoría del consejo del INDH, a requerimiento de las propias parlamentarias, según comentó el consejero del instituto, Yerko Ljubetic.
El recurso había sido presentado en agosto por las diputadas Ana María Gazmuri (Acción Humanista), Marisela Santibáñez (PC) y las independientes del Frente Amplio: Clara Sagardía, Marcela Riquelme y Lorena Fries (quien fue directora del INDH).
En una fase inicial, la acción fue declarada inadmisible por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, pero la Corte Suprema revirtió esa medida y admitió a tramitación el recurso.
Luego, la Corte de Apelaciones volvió a dictar sentencia, pero, en el fondo, desechando la acción de las parlamentarias, quienes la semana pasada insistieron ante la Suprema con un recurso de apelación. Esta última presentación está pendiente.
Sin embargo, en medio de la vista del caso por parte de la Corte de Valparaíso, el INDH invocó un “amicus curiae”, instrumento del Derecho Procesal que permite a terceros ajenos a un conflicto jurídico hacer presentaciones por tener “un justificado interés en la resolución del litigio”, dice el escrito del instituto.
Habitualmente, el INDH presenta “amicus curiae” en casos vinculados a violaciones a los derechos humanos, en toda su dimensión, incluyendo asuntos medioambientales. Sin embargo, es poco común que lo haga en favor de una autoridad política.
Según Ljubetic, los consejeros tomaron en consideración las implicancias que podría tener el caso en otras esferas de los sectores público y privado, afectando derechos de funcionarios y empleados.
“Ellas (las diputadas) solicitaron un pronunciamiento nuestro. Pero nosotros tuvimos en cuenta no solo el requerimiento, sino que la vulneración que a nuestro juicio estaba en juego, lo que también abre un riesgo importante, un precedente de aplicación de test desproporcionados en otros sectores. Gente que no tiene fuero”, explica el consejero.
La intervención, en todo caso, está dentro de las facultades del instituto que puede “proponer a los órganos del Estado las medidas que estime deban adoptarse para favorecer la protección y la promoción de los derechos humanos”. Ello iría en línea con el reclamo de las legisladoras, quienes sostienen que el test de drogas vulneraría garantías constitucionales como la vida privada.
“La protección de la vida privada es un derecho reconocido en una serie de instrumentos internacionales”, señala la presentación del INDH.
El escrito sostiene que el nuevo reglamento de la Cámara -que hace obligatorio el test y la difusión de sus resultados- conllevaría un “conflicto”, pues podrían existir “injerencias arbitrarias o ilegales a la vida privada bajo la justificación de proteger la probidad y transparencia en la función pública”.
“La esfera de privacidad de los parlamentarios y parlamentarias en ejercicio se encuentra fuera del ámbito de injerencia de la transparencia que rige la función del Congreso Nacional. En otras palabras, el consumo o no de sustancias estupefacientes por parte de los parlamentarios y parlamentarias son datos sensibles que no se incluyen en los antecedentes que deben publicarse bajo el mandato de transparencia constitucional y legal”, se agrega en el texto.
El escrito del instituto añade que “puede cuestionarse la falta de idoneidad del mecanismo (el test de drogas) debido a que la realización de exámenes aleatorios y semestrales no sería “una medida apropiada para la prosecución del fin último de la reglamentación institucional”, que prevenir “ciertos delitos de alta connotación pública vinculados al tráfico de drogas”.
A juicio de Ljubetic, hay dos principios que el instituto quería defender: 1) la proporcionalidad de medidas que restringen o afectan derechos, en este caso el test y su publicación, que según el INDH serían desproporcionados, y 2) la vulneración a la intimidad y la vida privada de las personas.
“Es un terreno muy complejo, porque es meterse en la vida privada de las personas”, señala Ljubetic.
Sin embargo, la diputada UDI Flor Weisse, cuya bancada impulsó el test de drogas, cuestiona el hecho. “Al parecer, ahora el instituto defiende a los poderosos y deja en la más absoluta indefensión a las verdaderas víctimas, como las del terrorismo en la Macrozona Sur”, comentó.
“Es todo cuestionable que el INDH sin tener legitimación activa en el recurso, interpuesto por diputadas de izquierda para evitar hacerse el test, concurra con un informe a favor de las recurrentes”, añade la legisladora, cuya bancada recurrirá a la Comisión de Ética de la Cámara por el eventual uso de influencias de parte de las legisladoras para que el INDH se pronunciara en la materia. (La Tercera)
