En el año 1845, durante el primer gobierno del Presidente don Manuel Bulnes Prieto, se dieron los primeros pasos en la creación de una Institucionalidad Estadística de carácter permanente. En efecto, mediante el Decreto Supremo N° 18, del 27 de marzo de ese año, se creó el primer servicio de estadística oficial de Chile, denominado “Oficina de Estadística”, cuyo objetivo principal fue crear “estadísticas completas”. Posteriormente, a lo largo del siglo XX, se dictaron sucesivas leyes destinadas a perfeccionar el Sistema Nacional de Estadísticas, hasta que en 1970, con la promulgación de la Ley N° 17.374, el organismo cambió de nombre y la Dirección de Estadística y Censos pasó a llamarse Instituto Nacional de Estadísticas.
Durante el primer gobierno del Presidente Piñera me correspondió presentar un Proyecto de Ley que proponía que el actual INE cambiase su estructura de gobierno corporativo, pasando la dirección técnica del órgano a ser dirigida por un Consejo, con la orgánica de un organismo autónomo y especializado. Este Consejo estaría compuesto por cinco miembros, los cuales serán designados por el Presidente de la República con acuerdo de dos tercios de los miembros en ejercicio del Senado, por un período de cinco años. El presidente será designado por el Presidente de la República de entre sus miembros y el Consejo designará de entre sus miembros a su Vicepresidente, tal como ocurre actualmente con el Banco Central.
A su vez, durante el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet, se presentó un segundo proyecto de ley sobre la misma materia, en donde la gobernanza vía Consejo es prácticamente idéntica a lo que yo presenté a trámite, con lo cual se demuestra la existencia de un gran consenso en avanzar en la autonomía del INE y que sea un Consejo, tipo Banco Central, quien gobierne la institución. Sin embargo, en el nombramiento del Director del INE hay una diferencia entre ambos proyectos, ya que en mi iniciativa, el Director Ejecutivo del Instituto y Jefe Superior del organismo, sería elegido por el Consejo, previo proceso de Alta Dirección Pública contemplado en la Ley N° 19.882, para lo cual se requeriría el voto conforme de la mayoría del total de sus miembros. En cambio, en el proyecto del ex Ministro Céspedes, se realizaba el proceso vía Alta Dirección Pública y era finalmente el Presidente de la República quien definía el nombramiento a partir de la terna elaborada.Creo que si se desea avanzar en dar autonomía al INE, hay que hacerlo de manera consistente y permitir que sea su Consejo quien defina el perfil del Director del INE y posteriormente elija al candidato que mayor consonancia tenga con dicho perfil.
Ahora bien, aunque ya tuviésemos en aplicación la autonomía, el problema observado en las estadísticas de empleo se hubiese producido de igual manera, ya que no hay encuesta en el mundo que sea capaz de adaptarse inmediatamente a un shock migratorio como el registrado en Chile en los últimos años. De esta manera, es una noticia positiva que la actual administración haya decidido avanzar en esta dirección, dado el alto consenso técnico y la experiencia comparada, dándole autonomía al INE y definiéndolo como el organismo central en materias estadísticas para el resto de las instituciones públicas. (El Líbero)
Tomás Flores
