“Cuando el pueblo soberano delega en un ciudadano, con el título de Presidente de la República, su capacidad de administrar el Estado, está encomendándole… la tarea de administrarlo para… alcanzar el bien común. Si… procede en oposición al bien común, está impedido para continuar sus funciones… Existen serias dudas sobre la capacidad actual del [Presidente] para ejercer sus funciones, y la casi absoluta seguridad de que sufre de un impedimento…”.
El lector podría pensar que el párrafo transcrito está sacado del escrito que los diputados Sepúlveda, Mulet y Velásquez presentaron al Senado pidiendo que se aclare el procedimiento para aplicar a Sebastián Piñera la inhabilidad para ejercer el cargo. No es así.
Se trata de una propuesta presentada por el diputado Rafael Otero en julio de 1973 para declarar inhábil al Presidente Salvador Allende. Como la oposición no contaba con el quorum para acusarlo constitucionalmente, el Partido Nacional y la Democracia Radical propiciaron esta vía, prevista en la Constitución de 1925, que exigía solo la mayoría simple del Congreso. Se redactaron informes por constitucionalistas como Guillermo Bruna y Jorge Ovalle, que concluían que podía inhabilitarse al Presidente por lo que se denominó “impedimento moral”. El Colegio de Abogados emitió una opinión favorable, aunque con la reserva de que el juicio definitivo correspondía al Congreso.
La antidemocrática maniobra no pudo consumarse, ya que Patricio Aylwin, presidente de la Democracia Cristiana, haciendo uso de su buen sentido jurídico, se negó a que los parlamentarios de su partido dieran sus votos para inhabilitar a Allende.
Contrasta esa actitud con la del actual presidente de la DC, Fuad Chahin, que se abrió a declarar la inhabilidad de Piñera: “es una norma que está en la Constitución Política —aseveró— y si se dan las causales o no es algo que… tiene que evaluarse”. Después se retractó, y se alineó con los principales dirigentes de los partidos de oposición que descartaron anticipar las elecciones presidenciales.
Esta negativa es correcta: si el recurso a la inhabilidad era improcedente en el caso de Allende, más inadmisible lo es para Piñera. La Constitución de 1980, atendida la experiencia anterior, afinó la norma: aclaró que el impedimento debía ser físico o mental y exigió informe previo del Tribunal Constitucional que, aunque no jurídicamente vinculante, políticamente sí lo será.
La intención de los redactores fue que esta inhabilidad no se usara para saltarse el juicio político. En las actas de la Comisión Ortúzar, Jaime Guzmán fue clarísimo: “esta causal —dijo— debe estar dirigida y debe apuntar a una deficiencia de naturaleza médica susceptible de ser apreciada por un facultativo, y… en ningún caso debe extenderse a una inhabilidad moral que signifique juzgar la gestión del gobernante…”. Por ello, continuó, no debe admitirse “que el Senado obvie la exigencia de la acusación constitucional al Jefe del Estado por la vía de usar la simple mayoría y declararlo inhabilitado moralmente invocando que es tal el desastre en que ha sumido al país o que ha perdido de tal modo la confianza pública que está moralmente inhabilitado para seguir gobernando… se trata de una inhabilidad física o mental distinta, pues la otra debe ser juzgada por un juicio político, por acusación constitucional, y ese camino para destituir al Presidente exige quórum especial”. Sorprende la clarividencia de Guzmán, cuyas palabras son perfectamente aplicables a una petición que se hace 40 años después.
Extraña, sí, que la mesa del Senado no haya rechazado de plano la petición de los diputados y haya solicitado a la Comisión de Constitución que informe sobre el procedimiento de inhabilidad presidencial. Si no se piensa inhabilitar al Presidente, ¿para qué estudiar el procedimiento?
Esta pérdida de tiempo y recursos resulta aún más absurda en estos momentos, cuando todos los esfuerzos debieran centrarse en apoyar a las autoridades, y en particular al Presidente y sus ministros, para enfrentar unidos la pandemia del coronavirus que está afectando tan seriamente a nuestro país. (El Mercurio)
Hernán Corral
