«Quieren ser gobierno autónomo, pero es algo que no está en la Constitución y no corresponde, pero en la misma línea me gustaría que renunciaran a los derechos y beneficios que están teniendo todos los días. Es fácil ser gobierno recibiendo los beneficios de parte del Estado», fueron las palabras del intendente de La Araucanía, Jorge Atton, luego de conocer las intenciones de la comunidad de Temucuicui de autogobernarse.
Así lo dejó saber el werkén de Temucuicui, Marcelo Catrillanca, quien anunció, tras la marcha mapuche del 20 de marzo, que como movimiento buscan conformar un gobierno mapuche al más breve plazo.
Lo anterior fue calificado por Atton como «inconstitucional» e incompatible con los beneficios estatales, reseñó El Austral.
Al respecto, el werkén del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, señaló que «la formación de un gobierno mapuche no requiere del consentimiento de ningún gobierno imperante, solo de la voluntad mapuche» y que «tal cual están las relaciones de los mapuches con el Estado, el Gobierno del Presidente Piñera aportará con las circunstancias para acelerar la formación de un gobierno mapuche, dado que no hay diálogo ni agenda de interés común».
Respecto a la “incompatibilidad” de autogobernarse y a la vez recibir beneficios estatales, Huilcamán planteó que «es un asunto que resolveremos los mapuches bajo el principio de la libre determinación», advirtiendo que «el Estado tiene que inevitablemente reparar el daño causado».
En ese contexto, Huilcamán explicó que el daño corresponde en primer lugar, «al crimen de genocidio, en segundo lugar, por las tierras y sus recursos tomados sin el consentimiento mapuche y, en tercer lugar, el daño cultural en los aspectos tangibles e intangibles, sea que el Estado lo asuma como tal o serán los órganos internacionales los que resuelvan».
Tras lo ocurrido el 20 de marzo, se convocó a una nueva movilización mapuche para este 3 de abril, a lo cual el intendente Jorge Atton insistió en la necesidad de solicitar permiso.
“Los derechos de algunos terminan cuando no se respetan los derechos de otros. Estamos dispuestos al diálogo y a buscar soluciones de fondo, pero la inmensa mayoría quiere paz y no que se rompan las calles ni se interrumpa una ciudad como Temuco», advirtió.
Requerimiento que, de plano, Huilcamán desestimó defendiendo que «la manifestación pública es un derecho garantizado en la Constitución (…) volveremos a marchar en Temuco y en otros lugares las veces que sean necesarias para ratificar todos nuestros derechos, porque además no hemos renunciado a ninguno de ellos, tanto el derecho a las tierras usurpadas y el derecho a la libre determinación como derecho adquirido colectivamente». (SoyChile-El Austral)
