Las imágenes de un grupo de jóvenes disparando armas de grueso calibre en un funeral en la comuna de Conchalí, la semana pasada, impactó a todos. Autoridades, expertos y gran parte de la ciudadanía se preguntaron cómo este tipo de acciones eran permitidas. Con esta interrogante sobre la mesa, el gobierno presentó el lunes el protocolo que regulará estas situaciones, tras una mesa de trabajo con policías y el Ministerio Público.
Sin embargo, esta no ha sido la única vía que ha seguido el Ejecutivo, ya que en los últimos días decidió tomar un camino de carácter operativo.
El ministro del Interior, Andrés Chadwick, pidió personalmente al general director de Carabineros, Mario Rozas, una intervención más directa por parte de la policía en los llamados funerales narcos, donde exista presencia de armas de fuego y lanzamiento ilegal de fuegos artificiales.
El accionar de Carabineros, hasta ahora, ha sido criticado desde distintas veredas: los vecinos de la comuna de Conchalí, por ejemplo, el 15 de mayo denunciaron que la policía no intervenía en este tipo de acciones, y el alcalde de La Granja, Felipe Delpin, dijo en abril que “más de cien viviendas recibieron impactos de balas en sus muros, techos y patios. Todo esto sin intervención de la fuerza pública”.
Con los últimos antecedentes sobre hechos de violencia en estos funerales, el ministro Chadwick explicó a La Tercera que “las instrucciones que le he dado al general director de Carabineros es que se tiene que actuar de forma directa y oportuna, siempre que haya una infracción de ley, y en estos casos sí existen infracciones de ley y delitos flagrantes. Acá hemos visto que se usan armas para disparar balas, fuegos artificiales y bombas de ruido. Eso no lo vamos a aceptar”.
En base a esa instrucción, Carabineros comenzó a levantar información respecto de controles y detenidos que se han registrado en este tipo de velatorios.
Según fuentes policiales, el general Rozas está exigiendo un cambio de actitud a los oficiales jefes de las unidades territoriales, para innovar en las planificaciones.
CONTROLES Y DETENIDOS
Según antecedentes de la policía uniformada, entre el domingo y el martes pasados, en tres funerales asociados a bandas criminales vinculadas al narcotráfico se hicieron 1.273 controles. De estos, 786 fueron de verificación de identidad y 487 vehiculares.
En cuanto a los detenidos, la policía uniformada registró 21 personas arrestadas en las comunas de San Joaquín, La Pintana y Melipilla.
El accionar policial, sin embargo, también ha encontrado críticas. La experta en seguridad y académica de la Universidad de Santiago Lucía Dammert señaló que“me parece una medida reactiva más, de las que se han definido en los últimos años. Puede que tenga resultados en el corto plazo, pero a la larga no es una solución definitiva. Necesitamos redefinir las políticas de seguridad pensando en los lugares donde más presentes están los grupos ilegales”.
Fue este lunes que el gobierno presentó un protocolo de acuerdo entre ambas policías, el Ministerio Público y el resto de las entidades que son parte del sistema de persecución penal. El modelo está basado en seis pilares, en que se especifica un mayor análisis del perfil de las personas que son despedidas por las organizaciones criminales y así iniciar las pesquisas correspondientes.
El ministro Chadwick agregó que “no nos ganarán la batalla. Estos tipos de velatorios, que han transformado los narcos en acciones para demostrar su poder y amedrentar a la población, las vamos evitar con la acción decidida de la policía”.
La Tercera/Agencias
