Después de casi un año de trabajo, el Ejecutivo presenta hoy su comprometida reforma al sistema de salud. Un pendiente que se arrastra desde 2010, cuando el Tribunal Constitucional se refirió a las isapres y congeló las tablas de factores con las que estas asignan los precios de los planes de sus afiliados de acuerdo a su sexo y edad por considerarlas discriminatorias, e instó a los legisladores a introducir correcciones.
Al año siguiente, en el primer gobierno de Sebastián Piñera, se envió al Congreso un proyecto de ley, pero dejó de ser tramitado en 2013. La administración siguiente, la última de Michelle Bachelet, también comprometió una reforma y hasta convocó a un grupo de expertos para su diseño, aunque finalmente no se envió disposición alguna al Parlamento.
Hoy, son dos los proyectos que firmará el Presidente Piñera. Uno de ellos, que será una indicación sustitutiva al proyecto de su administración anterior, apunta a la modernización del sistema privado, según documentos a los que accedió «El Mercurio».
Con este se busca hacer frente a las principales críticas que existen al funcionamiento de las isapres como las discriminaciones por sexo, edad y enfermedades preexistentes. Por lo mismo, uno de los objetivos de la reforma será dar más transparencia y orden en el sistema que hoy funciona con más de 4 mil planes distintos, lo que hace que comparar los beneficios entre uno y otro sea difícil.
Para ello se busca crear un plan universal de salud que fije las coberturas mínimas a las que accederán los afiliados.
Pero esto no significa que todas las isapres ofrecerán lo mismo, porque el proyecto plantea que estas podrán tener a disposición planes en redes de prestadores preferentes, es decir, se podrá contratar el plan universal, con atención preferente en una clínica y el valor sería distinto que si se contrata con otra.
Otro cambio que busca introducir la reforma es terminar con la declaración de salud, el documento que cada vez que un afiliado quiere contratar una isapre debe llenar y dar a conocer sus enfermedades preexistentes. Esa información hoy puede ser utilizada eventualmente para que una aseguradora no admita a la persona o le ofrezca un plan más caro.
Esta idea había sido deslizada durante el gobierno anterior y en el gremio de las isapres habían afirmado que es algo «impracticable» y que pondría en serio riesgo financiero al sistema.
El segundo proyecto de ley estará enfocado en Fonasa y cómo fortalecer su rol como seguro público de más de 14 millones de personas, para ello se plantean mejorar las coberturas, especialmente en modalidad libre elección, para que los copagos, es decir, el dinero que debe poner de su bolsillo la persona al atenderse, sea menor que ahora.
FOCO EN CLASE MEDIA
Uno de los énfasis que buscará sentar el Presidente será que los cambios propuestos sean beneficiosos principalmente para la clase media, ya sea que coticen en isapre o en Fonasa.
Esto, porque además de que se eliminarían barreras de acceso, las mejoras o flexibilización en las coberturas de las distintas prestaciones de salud harían que el gasto de bolsillo de las personas disminuyera, haciendo que el enfermarse sea menos catastrófico desde el punto de vista financiero. (El Mercurio)
