Este martes, la Presidenta dio a conocer las medidas anticorrupción que tomará el Ejecutivo para superar la crisis política que vive el país. En cadena nacional, Michelle Bachelet hizo el anuncio de las principales ideas comprendidas en el documento que el pasado viernes le entregó la denominada comisión Engel.
Entre las más importantes, destacó la redacción de una nueva carta fundamental, la que aseguró sería a través de un proceso constituyente y abierto a la ciudadanía, donde consultas, cabildos, debates y diálogos ciudadanos formarían parte del trabajo . No obstante, la vía de la Asamblea Constituyente no fue considerada para lograr el objetivo.
En el documento elaborado por el Consejo Asesor para la Transparencia, se aborda el desafío de cumplir con la promesa presidencial de redactar una nueva Constitución. En ese sentido, los expertos aseguran que ésta solo se puede lograr por “un proceso constituyente que involucre a nuevos actores sociales y políticos porque no hay acuerdo nacional viable si éste se reduce a los actores afectados (políticos, empresarios, tecnocracia) y no aborda un proceso de expresión de la soberanía popular. De ahí, la necesidad de privilegiar los temas de Plebiscito y Asamblea Constituyente, antes que todo esto (haciendo referencia a la crisis de legitimidad) desemboque en un proceso de descomposición irreversible”.
Sobre esto se refirió Paulina Ibarra, directora ejecutiva y cofundadora de Fundación Multitudes, para quien si bien es acertado modificar la Constitución, es necesario conocer la forma por la que se llevará a cabo: “Creemos que es muy importante que para crear una nueva constitución, tengamos mecanismos de participación ciudadana fuerte y en nuestro país no es el caso”.
A juicio de la experta, la ley de participación ciudadana (20.500) es muy débil, no aplica sanciones ni hay fiscalización, solo contempla el incumplimiento de las leyes, por ello “cuando estamos viendo un nivel de incumplimiento altísimo, nos preocupa la forma en la que se va a llevar esta reforma constitucional”.
“Los diálogos ciudadanos y las consultas públicas son muy bienvenidas, pero si no son vinculantes no sirven al proceso de participación ciudadana”, agregó la experta.
Paulina Ibarra no es la única que cree necesario avanzar en la forma en la que se llevará adelante este denominado “proceso constituyente”. A juicio de Genaro Cuadros, vocero del movimiento MarcaAC, es fundamental que la ciudadanía siga trabajando para conseguir la materialización de la Constitución de una forma “realmente” participativa y democrática.
Desde el movimiento aspiran a que el proceso se elabore con una metodología de alto estándar, en la que cada uno de estos rasgos se realice con parámetros acordados e informados previamente y que dicha participación no sea meramente consultiva.
Por ello, aseguran, que es la asamblea constituyente la mejor vía para concretarlo: “Los procesos constituyentes son protagonizados por la ciudadanía. Es esta la que da forma al proceso constituyente pues sin ella este no existe”.
A juicio del arquitecto, es también fundamental que la consistencia, profundidad y exactitud con la cual se esgrimen los estándares para la actividad política en el documento de la Comisión y en las medidas presidenciales, sean aplicadas a la redacción de la carta fundamental, principalmente porque, de lo contrario “ese proceso constituyente va a ser de mala calidad”.
En ese sentido, Genaro Cuadros indicó que como movimiento trabajarán hasta septiembre para convencer a los ciudadanos que el mecanismo se defina a través de una consulta pública. “Una salida para ello es la propuesta de reforma constitucional que viabiliza un plebiscito, suscrita la semana pasada por 54 Diputados de la República”, dicen desde Marca AC.
Recordemos que, algunos días atrás, el grupo de parlamentarios que componen la Bancada Transversal por la Asamblea Constituyente, ingresó un proyecto de reforma que le permite a la Presidenta convocar al plebiscito para definir el mecanismo por el que se cambiará la Constitución.
En lo administrativo, la iniciativa agrega una nueva atribución a la Presidenta de la República para convocarlo, por sí mismo o con acuerdo del Congreso Nacional, incorporando esta atribución al numeral cuarto del artículo 32 de la Constitución.
