“Venía preparado”, dijo el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, cuando en la reunión de comité político ampliado -que convoca a los jefes de las colectividades oficialistas- fue consultado por el uso de los Decretos con Fuerza de Ley “adecuatorios” para la implementación de una nueva Carta Magna.
La ventana la abrió el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, quien -la semana pasada en la comisión de Normas Transitorias de la Convención Constitucional-, adelantó la posibilidad de crear una herramienta excepcional que permita adecuar el ordenamiento jurídico al régimen estipulado en la propuesta de Constitución, en caso de que gane el Apruebo en el plebiscito del 4 de septiembre.
“Podría explorarse la dictación y la habilitación al Presidente de la República (…) para que dicte Decretos con Fuerza de Ley adecuatorios como una especie de normativa nueva que a lo mejor podría ayudar a este periodo. Esto ayudaría a que esas normas que inciden en la administración del Estado puedan dictarse en un periodo muy acotado y superando algunas de las dificultades de la ley”, dijo Bermúdez en su exposición.
La idea -que tuvo el respaldo de Jackson, a propósito de los tiempos de implementación de una nueva Carta Magna-, no concitó consenso dentro de los partidos del oficialismo. El presidente del Senado, Álvaro Elizalde (PS), replicó que “las dictaduras legislan por decreto” y lo mismo hizo su par de la Cámara, Raúl Soto (PPD). “No me gustan los atajos institucionales que son propios del autoritarismo”, dijo.
Así, el tema fue ineludible durante la reunión con los partidos. Según presentes, el titular de la Segpres aclaró de entrada que no es la intención del Ejecutivo “gobernar por decreto”, y que apuestan a que la implementación del nuevo texto constitucional se lleve a cabo en el Congreso. Sin embargo, el ministro advirtió que tampoco se puede permitir que ciertas adecuaciones legales tomen 10 o más años para su puesta en marcha.
En ese marco, recalcó a las colectividades oficialistas, que los decretos adecuatorios solo se utilizarían en temas específicos y luego del análisis del ministerio.
Las razones expuestas por Jackson a los partidos son similares a las que señaló en la comisión de Normas Transitorias, donde afirmó que “nosotros no estamos planteando que el Ejecutivo reemplace en aquellas cosas fundamentales que requieren una nueva ley el rol legislativo, sino que tenga que presentar los proyectos en algún plazo, que se determine por una Comisión que pueda encontrar los plazos razonables para que sea implementable esta Constitución”.
Y agregó: “Pero, al mismo tiempo, un contrapeso en el sentido de que si es que no se logra legislar en cierto plazo -para que no se transforme en letra muerta- que también el propio Congreso tenga un incentivo a llegar a acuerdos. Es importante que haya un incentivo para llegar a acuerdos para poder resolver los problemas y no perpetuarlos y que no tengamos que en 10 o 15 años después haya una norma que todavía no tiene una legislación correspondiente para su implementación”.
Tras la explicación del jefe de la Segpres, desde el PS y el PPD solicitaron al gobierno la elaboración de un documento donde se delimite qué aspectos podrían regularse a través de decretos para así poder dar una bajada concreta a los parlamentarios. “Es distinto ajustar la ley de compras públicas a través de un decreto que aspectos de fondo”, replican desde el Socialismo Democrático.
Quien respaldó la iniciativa durante esta mañana fue el convencional del Frente Amplio, Jaime Bassa quien afirmó que “en la medida que sea una delegación y una autorización desde la Constitución al Presidente que sea delimitada, excepcional, solo para algunas materias en las cuales ya hay legislación vigente y solo para adecuar el contenido de esa legislación a lo que diga la nueva Constitución, me parece que puede ser una alternativa razonable. No lo veo como algo extraordinario”.
A la salida de la cita en La Moneda, el presidente del PC, Guillermo Teillier, desdramatizó la preocupación manifestada por Elizalde y otros personeros del oficialismo. “Yo creo que se está entendiendo mal, no veo que en el gobierno exista esa postura de gobernar por decreto. Lo que se está viendo es que en algún momento, la Convención que todavía no termina, obligue al gobierno a enviar proyectos de ley al gobierno con plazos”, planteó.
Su par del PPD, en tanto, Natalia Piergentili, sostuvo que tanto el Ejecutivo como el órgano constituyente deben apostar a que sea el Poder Legislativo quienes habiliten -en la mayor cantidad de aspectos posibles- la nueva Carta Magna. “Confío en que la Segpres, junto al trabajo de la Convención Constitucional, establecerán una hoja de ruta que permita que el Congreso pueda legislar sobre la mayor cantidad de leyes que correspondan al corazón de la nueva Constitución”, concluyó.
La ministra Camila Vallejo (Segegob) también abordó la materia. “Muchas veces se levantan caricaturas a partir de declaraciones que nos llegan como en el efecto del teléfono, y el mensaje se puede llegar a distorsionar respecto de lo que originalmente se quería comunicar”, indicó.
En esa línea, añadió que “rescatamos la propuesta que hace la Contraloría en el sentido de que son normas acotadas sobre la ley de bases y administración del Estado para dar continuidad a los servicios y se evalúen los Decretos por Fuerza de Ley que son distintos de los decretos ley”.
Finalmente, la secretaria de Estado explicó que “justamente para que, en caso de aprobarse la nueva Constitución podamos transitar en un proceso tranquilo, responsable en los plazos y que permita al Estado seguir funcionando mientras se legislan las reformas estructurales para darle bajada a las normas constitucionales sobre derechos como la salud y la seguridad social, todos esos van a requerir reformas que pasen por el Congreso sí o sí”. (La Tercera)
