Dentro de la Fiscalía Regional de O’Higgins hay quienes comparan la investigación del caso Caval que lleva Luis Toledo con un mapa carretero. Siguiendo esta analogía, la ruta principal corresponde a todo aquello relacionado con el polémico negocio por los tres predios, de 44 hectáreas en total, que la cuestionada empresa compró en Machalí. Por ese camino transitaron en el último año el síndico Herman Chadwick; su gestor inmobiliario Juan Díaz; el ex administrador municipal Patricio Cordero; los arquitectos que trabajaban para la Municipalidad de Machalí, Cynthia Ross y Jorge Silva, y los dos socios de Caval, Natalia Compagnon -nuera de la Presidenta Michelle Bachelet- y Mauricio Valero, entre otros actores. Todos ellos serán formalizados este viernes por diversos tipos penales, que van desde soborno, cohecho, prevaricación de abogado, ventaja indebida del síndico hasta delitos tributarios.
La escena marcará el primer aniversario del estallido del escándalo que ha significado un golpe devastador para el gobierno y, en particular, para la Mandataria.
Pero el equipo persecutor también descubrió rutas alternativas en su mapeo, como las irregularidades tributarias entre Caval y Lo Beltrán -sociedad de Patricio Cordero- y la arista Saydex, en la cual se investigan los servicios que prestó Caval a esta empresa de software hospitalario, donde existen indicios de cohecho de Mauricio Valero y Patricio Cordero al ex director del Servicio de Salud Metropolitano Central Nibaldo Mora.
De esta carretera principal sale un último camino, el menos explorado hasta ahora, que se abrió con la segunda declaración del empresario Gonzalo Vial Concha, entregada el martes 12. En su testimonio, el hijo del controlador de Agrosuper reveló que su estrecha relación de negocios con Natalia Compagnon no se había reducido sólo a proyectos portuarios, mineros o energéticos: Caval también le había entregado supuesta correspondencia de altos ejecutivos de su holding que lo habrían querido perjudicar.
“Natalia (Compagnon) se presentó a las reuniones que manteníamos portando constantemente papeles que contenían información incorporada en supuestos correos electrónicos que hacían alusión a maquinaciones de terceros en contra de mis negocios”, afirmó.
Recién en los últimos meses, y luego de haberle pagado $ 1.200 millones a Caval, Vial señaló al fiscal Toledo que los correos constituían un engaño. Ante la posibilidad de haber cometido algún ilícito, el empresario decidió colaborar con el Ministerio Público. Luego de dar su versión, Vial prometió hacer llegar a Fiscalía un archivador con más de 300 documentos.
Esta es sólo una fracción del total de correos entregados por Victorino Arrepol, asesor informático de Caval y presunto “hacker”, a sus empleadores, Valero y Compagnon. Durante sus años de trabajo para esta sociedad, Arrepol facilitó alrededor de 1.600 documentos. Más tarde haría lo mismo directamente para Vial, quien lo contrató para estas mismas funciones y le dio amplias facultades para revisar el servidor de sus empresas.
Uno de estos correos, supuestamente obtenido por Arrepol, apareció hace seis meses en el radar del equipo de fiscales, tras la declaración del yerno de Joaquín Lavín, Isaac Givovich.
Cuando éste buscaba un entendimiento con el gestor inmobiliario Juan Díaz para saldar una vieja deuda, que databa de los inicios del proyecto Machalí, Givovich se encontró con la sorpresa. En esa reunión, el gestor inmobiliario le mostró el correo que, según él, retrataba uno de los giros del negocio de Caval.
“Juan Díaz señaló que él tenía información importante, correos electrónicos falsos que acreditaban que Natalia Compagnon había extorsionado a Gonzalo Vial Concha y que ella también tenía correos que vinculaban a personeros de la UDI en una red de espionaje”, declaró Givovich, el pasado 16 de junio.
FALSA INTELIGENCIA
En noviembre de 2014, según varias fuentes aludidas, Sebastián Dávalos recibió varios llamados a su despacho en La Moneda, donde aún ocupaba el cargo de director sociocultural de Gobierno. No atendió personalmente ninguno de ellos.
Al otro lado de la línea estaba el ex vicepresidente ejecutivo de la Corfo, Hernán Cheyre, muy molesto. Ambos se conocían de la Universidad del Desarrollo, donde el hijo de la Mandataria realizó ayudantías y Cheyre hace clases.
Un amigo le había contado a este último que Natalia Compagnon lo había acusado en círculos sociales de integrar un grupo de militantes UDI que la estaba siguiendo para revelar sus negocios y así obtener información para perjudicar a su suegra, la Presidenta Bachelet. Supuestamente -según comentaba Compagnon- tenían interceptadas sus comunicaciones de correo electrónico.
Dávalos recibió el recado dejado en su despacho y le pidió a su esposa que atendiera el asunto de manera urgente. Aunque Cheyre no pudo ser contactado por Reportajes, esta versión fue corroborada por cuatro involucrados en el caso.
De acuerdo a lo que ha comentado Juan Díaz, él estaba con Natalia Compagnon cuando Cheyre la habría llamado al celular. Este -muy molesto- descartó de plano la imputación: jamás se había concertado con otros correligionarios para espiar a la nuera de la Presidenta. De inmediato, según quienes han escuchado del episodio, pasó a pedir explicaciones por la infundada acusación. Compagnon no tuvo otra opción más que ofrecer sus disculpas. Se comprometió a averiguar el origen del correo y dejó a Díaz a cargo de esa tarea.
Cuando el ex operador UDI llegó a preguntarle a Valero de dónde provenía la información, éste se sorprendió. De acuerdo a las mismas fuentes, le preguntó a Díaz por qué le habían pasado el correo y luego le pidió que enterraran todo el asunto. Así se hizo.
En paralelo, la misma información le había llegado al remitente del supuesto correo electrónico, el ex ministro de la Secretaría Nacional de la Presidencia, Cristián Larroulet. El ex secretario de Estado se había enterado de la acusación a través de Patricio Cordero, ex administrador municipal de Joaquín Lavín, quien también se mantenía cercano a Caval por su relación con Valero. A diferencia de Cheyre, el ex secretario de Estado optó por bajar el perfil y prefirió no involucrarse más en el tema.
El correo era evidentemente adulterado, tenía errores como una dirección inexistente y faltas de ortografía. En el documento, el falso Larroulet prometía pagarle US$ 56.000 al “hacker” por sus labores de espionaje informático. En la lista de destinatarios estaba Cheyre.
La línea entre lo verdadero y lo falso nunca estaba clara con los informes de Arrepol y tanto Compagnon como Valero estaban preocupados porque esta vez se tratara de algo real. “Si este tipo te entrega 100 documentos, es probable que 90 sean falsos, pero que los otros 10 contengan información verdadera, que uno no sabe de adónde salió”, comenta un cercano.
En la carpeta investigativa ya existían antecedentes de correos parecidos. Según el contenido de los documentos revisados, Arrepol le había advertido un par de meses antes a Valero que sus computadores estaban bajo ataque y que la revista Qué Pasa, que fue la que destapó la trama de Machalí, estaba siguiendo el caso.
“Mauri, descubrí que todo esto está ligado a Natalia (…) Hay mucha plata para esta campaña sucia, así que cuidado. Por último, me gustaría implementar algún tipo de protección para tu notebook, el de Nata, etc. Así que, aunque te duela el alma, tendrás que invertir en seguridad”, escribió Arrepol a Valero en la madrugada del martes 9 de septiembre de 2014, justo dos meses antes del inconveniente con Cheyre y Larroulet. Un informe policial de la Brigada Investigadora del Cibercrimen de la PDI, enviado a la Fiscalía el 5 de junio de 2015, determinó que ese correo en particular era real, al mismo tiempo que otro, muy similar al del supuesto complot de la UDI, era falso.
Para aclarar el tema de los correos, la Fiscalía y el defensor de Victorino Arrepol, Andrés Cruz, ya tienen acordada una nueva declaración. Aunque tanto Arrepol como su defensor esperan ir a Rancagua esta semana, lo más probable es que el asesor informático entregue su testimonio después de las formalizaciones de este viernes, para luego enfrentar sus propios cargos, por suplantación de identidad y delito informático.
