¿La preocupación de la ciudadanía por la delincuencia es un problema de percepción creado por los medios de comunicación o es una realidad? ¿Para disminuirla se requiere de una confrontación permanente entre Gobierno y oposición, o es mejor que ambos acuerden políticas de Estado de largo plazo? ¿La alta delincuencia es un problema de fallas puntuales o es una debilidad multisistémica? ¿Es posible disminuirla o nos conformamos con la realidad actual? ¿Cuáles serían las medidas concretas que se deben priorizar para reducirla?
La delincuencia es un problema real y no una exageración de los medios de comunicación. Prueba de ello es que, de acuerdo con la Encuesta de Adimark-Paz Ciudadana, la victimización aumentó del 30,8% en el 2000 al 43,5% el 2014. Este último año, 336.327 investigaciones por robos violentos terminaron sin resultados, lo que significa que el 93% del total quedaron impunes. La Corte Suprema informó al Senado que existen 66.041 órdenes de detención pendientes emanadas de Juzgados de Garantía y Tribunales de Juicio Oral. Finalmente, la PDI señaló al Senado que entre el 2007 y el 2013 las poblaciones, villas o sectores en que existe tráfico de drogas aumentaron de 402 a 1.660, esto es, un 312%.
Queda claro que con razón la ciudadanía siente temor. Un problema de esta envergadura debe ser abordado con políticas públicas de largo plazo, surgidas de un acuerdo entre Gobierno y oposición, dejando de lado la tentación de utilizarla como una bandera de lucha electoral que hasta ahora ha impedido su materialización.
El sistema en su conjunto está fallando producto de vacíos legales que favorecen la impunidad y evidentes déficits en la labor de las policías, el Ministerio Público y muchas decisiones judiciales, todo lo cual conduce a un círculo de impunidad delictual que violenta el legítimo derecho ciudadano a reclamar a las autoridades que cumplan con su deber de garantizar la seguridad y la paz social.
Es perfectamente posible disminuir la delincuencia con medidas concretas que contribuyan a prevenir los delitos, mejorar el éxito de las investigaciones y aumentar el porcentaje de condenados que logren rehabilitarse y reinsertarse socialmente.
En nuestra campaña «Juntos contra la delincuencia», que ya cuenta con el apoyo transversal de más de 21 gremios nacionales, parlamentarios, alcaldes y miles de adherentes, planteamos medidas concretas. Estas incluyen el aumento en la cobertura de la Terapia Multisistémica para sacar del delito a niños infractores de ley; cambios de fondo en la ley de responsabilidad penal juvenil; permitir el control preventivo de identidad; mejorar los medios de prueba para acreditar un delito e identificar a sus autores; poner en marcha el Banco Unificado de Datos, y establecer desde el nivel comunal el trabajo coordinado y conjunto que incluye el intercambio de información entre el municipio, las policías, los fiscales, los jueces y las organizaciones comunitarias.
También planteamos un nuevo Código Penal que fije penas sin que el juez pueda salirse de ellas, de manera que la aplicación de atenuantes o agravantes se haga respetando la sanción establecida por la ley. Asimismo, es fundamental que las autoridades respalden a las policías cuando actúan cumpliendo con su deber y no, como ocurre en muchos casos, en que el delincuente termina siendo la víctima y el policía cuestionado permanentemente.
Estas medidas en los países en que se han aplicado han contribuido decisivamente a disminuir los delitos. Aplicarlas exige voluntad política del Gobierno y del Parlamento, entendiendo que los ciudadanos tienen derecho a vivir seguros y que lograrlo es un deber y no un favor de las autoridades.
