El viernes pasado junto a otros dirigentes sociales, políticos y académicos me tocó participar en el encuentro “Nuestra propuesta para que Chile recupere el rumbo” organizado por los cuatro partidos de centro y centroderecha que participan de la construcción de un nuevo referente político. Contaron con la colaboración intelectual de diferentes centros de estudios que hace más de un año trabajan unidos por la promoción de las ideas de la justicia y la libertad.
El mencionado encuentro significa un gran paso para el desarrollo de una centroderecha moderna, con una relación creciente entre el mundo de las ideas y el de la acción práctica, y un trabajo unitario necesario para obtener el apoyo social y político de los chilenos.
Para nadie es un secreto la falta de densidad intelectual con la que la centroderecha se enfrentó a las movilizaciones estudiantiles el 2011 y al discurso de la desigualdad instalado por la coalición de izquierda el 2013. Por eso el encuentro se inició muy pertinentemente con la pregunta sobre ¿cuál es nuestro sentido de la justicia? Allí donde la izquierda propone el ideal de la igualdad, nosotros promovemos una sociedad justa en la que las personas se desarrollen con libertad, donde el mérito tenga sentido –a lo que merecemos en justicia según los talentos, el trabajo y el esfuerzo-, con mayores oportunidades y con la garantía de bienes mínimos necesarios para una vida digna. Una sociedad donde las personas tienen un piso, pero donde no hay un techo que limita su desarrollo.
El verdadero rostro de una sociedad justa y libre hoy en nuestro país lo constituyen las miles de familias que escogen (o así como vamos, escogían) con libertad la educación de sus hijos –más de la mitad de los niños chilenos estudian en colegios subvencionados o privados-; los jóvenes que son la primera generación de sus familias en acceder a la educación superior –siete de cada diez de los estudiantes que hoy acceden al sistema educacional, en lo que en el pasado era un privilegio de pocos-; las familias que son dueñas de su propia casa (dos tercios entre los grupos más pobres del país) y lo que es más importante: los millones de compatriotas que han salido de la pobreza en las últimas décadas (de casi un 45% de personas pobres el año 1987 a un 7,8% de la población el 2014).
Sin embargo, en esto no caben conformismos ni mucho menos la defensa del “status quo”. Los notables avances que ha experimentado nuestro país nos deben llevar a pensar cómo se proyectan los chilenos de cara a los próximos 20 años y no sólo a comparar con la vida de hace 20 años atrás. En una sociedad libre las personas se preocupan de su propio bienestar, el de sus familias y de sus hijos y por eso es tan importante el discurso de futuro que se debe articular.
En esta propuesta de futuro, un tema relevante será la desconcentración del poder: tanto del poder económico como del poder político o territorial. La izquierda acostumbra hablar de los poderes fácticos o económicos, pero nunca habla de la concentración del poder político.
La distribución del poder hacia las personas, las familias y a la sociedad civil es una idea clave en un ideario de justicia y libertad. Con ella se multiplican las oportunidades y se resguarda la libertad de las personas. Eso es lo que está detrás de una de las principales ideas republicanas: la separación de poderes. La limitación del poder multiplica las posibilidades de desarrollo personal y permite de mejor manera que el trabajo y el esfuerzo tengan su justa recompensa.
En el campo económico, todos sabemos que el poder se encuentra hoy en más manos que hace 50 ó 100 años, sin embargo, la concentración del poder económico debe ser siempre una señal de alerta por posibles injusticias que podrían cometerse. Desconcentrar el poder en este caso implica en primer lugar la importancia del crecimiento económico. Por ejemplo, el momento en que los trabajadores chilenos estuvieron más protegidos frente al desempleo fue hace dos o tres años, cuando existía una amplia oferta laboral. Pero una sociedad justa donde prima el mérito tiene que ir incluso más allá: por ejemplo, el acceso efectivo a las prestaciones de salud; la urgencia de promover una economía más amigable al emprendimiento, lo que implica introducir más competencia al mercado financiero; un mayor apoyo a las pymes para acceder a crédito y mayor flexibilidad al mercado laboral, entre otras cosas.
Desconcentrar el poder político significa luchar contra ese estatismo pernicioso de exceso de burocracia, de malgastar irresponsablemente los recursos de todos los chilenos. Me refiero a los mil millones de pesos diarios que perdemos en el Transantiago, a los 580 millones de dólares que se han perdido en un yacimiento de Codelco en los últimos tres años, o en los sueldos millonarios de cientos de asesores políticos no electos por nadie, y que tanto enoja, y con tanta razón, a la opinión pública. Pero también debemos luchar contra el estatismo silencioso del centralismo nacional, que obliga por ejemplo a los camioneros de La Araucanía a venir a Santiago para que el gobierno los escuche. Distribuir el poder político significa avanzar efectivamente en la regionalización; también requiere, entre otras, cosas fortalecer el rol de los municipios, muchos de ellos abandonados, algunos con corrupción y sin fiscalización.
Ideas claras y una acción política decidida deben ser algunas de las claves de la hoja de ruta del nuevo referente político y del trabajo intelectual de los centros de estudio. Su trabajo unitario constituye un avance –incluso novedoso- y permite mirar el futuro con optimismo.
