Para la primera semana de marzo está en tabla del pleno del Tribunal Constitucional (TC) resolver la admisión a trámite del requerimiento de inconstitucionalidad presentado por senadores de la Alianza respecto del proyecto de cambio del sistema electoral binominal que impulsó el Gobierno y que aprobó el Congreso a fines de enero. Eso marcará el inicio de una batalla jurídica entre La Moneda y la oposición, que pone una vez más el foco en el riesgo de que este tribunal termine siendo una mera trinchera de operadores políticos.
Puntualmente, el jueves 5 de marzo a las 10:30 horas, el pleno del TC debe pronunciarse sobre la admisibilidad del requerimiento que el 26 de enero presentó en dicha instancia el senador UDI Hernán Larraín, mismo que cuenta con el apoyo de sus pares de bancada Juan Antonio Coloma, Alejandro García-Huidobro, Ena von Baer, José García, Jaime Orpis, Baldo Prokurica, Jacqueline van Rysselberghe y Víctor Pérez, así como de sus socios de RN, Andrés Allamand, Alberto Espina, Francisco Chahuán. “Creemos que el proyecto de sistema electoral es injusto, es un traje a la medida del Gobierno, rompe un principio esencial que es el de la igualdad del voto, impide que las primarias tengan carácter vinculante, transmite desigualdad entre los independientes y los partidos políticos, algo que está expresamente prohibido por la Constitución, y es un proyecto que no tiene financiamiento”, sentenció Larraín ese día, mientras que el timonel del gremialismo explicó en paralelo que recurrían al TC porque “lo que se plantea acá es que no tiene sentido común que en un lugar con una cantidad determinada de ciudadanos se elija a 3 diputados y en otro lugar con la misma cantidad de ciudadanos se elija a 5 diputados. Eso es definitivamente injusto y es un abuso”.
En La Moneda consideran que esta acción de la derecha responde a “una defensa desesperada del sistema” que se creó en la dictadura y un “aletazo del ahogado” para tratar de revertir de alguna manera el impacto que ha tenido el Caso Penta, cuyo descrédito –anuncian los analistas políticos– puede verse reflejado en el resultado del sector en las próximas elecciones parlamentarias. Es más, en el Gobierno no descartan y casi apuestan a que la derecha recurrirá a esta instancia para tratar de impugnar otras materias, como el Acuerdo de Unión Civil que también fue despachado por el Congreso.
A pesar de eso, no es un tema que se vaya a dejar al azar. Durante este mes, el Ministerio del Interior se abocará a elegir al equipo de juristas que defenderá el proyecto de cambio del binominal ante el TC, nombres que quedarán zanjados antes que termine el receso estival de las autoridades gubernamentales, que en su mayoría regresarán a sus funciones el 24 de febrero, cuando vuelva la Presidenta Bachelet de sus vacaciones.En el Gobierno consideran que el requerimiento de la oposición tiene argumentos débiles y contradictorios, que fue hecho a la rápida, al punto que observan una ausencia total de la “intelectualidad de peso de la derecha” para actuar en estas lides constitucionales.
En La Moneda afirman que “vamos a buscar a los mejores juristas” y apuntan a que la elección oscilaría entre nombres como los constitucionalistas Patricio Zapata, Francisco Zúñiga y la ex ministra Paulina Veloso.
La necesidad del Gobierno de jugarse las mejores cartas jurídicas ante el TC pasa por evitar un tropiezo fuera de libreto que entrampe el cambio del binominal, considerando un dato no menor y que es –tal como reconocen en La Moneda- que la correlación de fuerzas en el tribunal no es la más favorable, existe un empate técnico entre los proclives al oficialismo y a la derecha entre sus integrantes. “El riesgo es que en un sector del TC prime un voto político y no jurídico, que pese más la operación política”, reconoció una de las autoridades de Palacio.
El TC cuenta con diez miembros, designados por el Presidente de la República, el Congreso y la Corte Suprema. Actualmente está integrado por los abogados Carlos Carmona, Marisol Peña, Francisco Fernández, Iván Aróstica, Gonzalo García, Domingo Hernández, Juan José Romero, María Luisa Brahms, Cristián Letelier y Nelson Pozo.
Proclives a la derecha se considera a Peña, Romero –hijo del ex embajador RN Sergio Romero–, Brahms –nombrada por Sebastián Piñera en marzo de 2013–, Aróstica –también ratificado por Piñera en la misma fecha, quien ya lo había designado en julio del 2010 en reemplazo de Jose Luis Cea– y el UDI Cristián Letelier.
Vinculados a la Nueva Mayoría, están Carmona –ligado a la DC y nombrado para este tribunal en el primer Gobierno de Bachelet, hasta el año 2018–, Fernández –de militancia socialista–, García –que fue designado por el Senado en reemplazo del DC Mario Fernández–, Hernández –nominado por la Corte Suprema– y Pozo, con un notable desempeño en casos vinculados a los derechos humanos y un cartel de reconocido penalista
Con este empate técnico, a favor de La Moneda juega el hecho de que, en caso de votaciones igualadas entre los integrantes del TC, es el presidente del tribunal quien dirime y, en este caso, le corresponderá hacerlo a Carmona.
En el Gobierno reconocen que episodios como este ponen nuevamente al TC en el foco de las críticas, las que no pasan por el cotidiano y necesario control obligatorio de constitucionalidad que hacen de todos los proyectos de ley antes de ser promulgados, sino porque existe el riesgo, como ahora, de actuar como trinchera política. Por lo mismo, en el oficialismo precisan que hay sectores que ya están estudiando algunas alternativas para modificar el mecanismo de elección de sus integrantes, para tratar de neutralizar que en esas designaciones no prime la trayectoria jurídica y garantizar una instancia ajena a los vaivenes de la coyuntura política.
En la Nueva Mayoría hay quienes consideran que este requerimiento de la UDI puede terminar siendo un búmeran para la derecha, ya que en el caso de que el TC bloquee el cambio al binominal, torciendo con ello la mano del Gobierno y el Congreso, “será bencina en el fuego para levantar el debate de una nueva Constitución y dará piso a todos quienes abogan por hacerlo a través de una Asamblea Constituyente”.
LA TRINCHERA
El 7 de enero el Senado ratificó los nombres de Pozo y Letelier para el TC. Las críticas llovieron en el caso del ex diputado UDI, debido a su conocida condición de operador político del gremialismo, lo que estaba unido a una débil trayectoria como constitucionalista.
“La llegada de Letelier al TC fue un error de las bancadas, fue una prerrogativa del Senado, La Moneda no tuvo nada que ver, no sabíamos, fue una sorpresa”, aseguró una autoridad de Gobierno, reconociendo con ello una crítica velada a la elección que hizo la Cámara Alta.
Es más, en Palacio hay quienes apuestan a que a puertas cerradas en el propio TC “debe haber bastante incomodidad con la llegada de Letelier”, porque “estas situaciones ponen al tribunal en tela de juicio”.
Sin embargo, no es la primera vez que esto sucede. Ya en marzo del 2013, con la designación al TC de Brahms –que era la jefa de asesores de La Moneda de Piñera–, se prendieron las primeras alarmas ante el interés de la derecha de copar las vacantes que se generaban con figuras con un perfil más político que jurídico, para usar el TC como trinchera de ser necesario. “En un año Piñera completó el TC con dos votos incondicionales (Brahms y Aróstica)”, advertían en esos días en la Nueva Mayoría.
No fue solo una disputa política. La elección de Brahms provocó que abogados de diversas casas de estudios superiores difundieran una carta pública pidiendo modificar el sistema de designación al TC; criticaron que su conformación replique la lógica del sistema binominal de favorecer a las dos grandes coaliciones y apelaron a la importancia de que los elegidos sean verdaderamente “los más notables especialistas”.
La batalla por el cambio del binominal en el TC no será el primer enfrentamiento que Bachelet deba sortear. Ya en su primer mandato, este tribunal jugó un papel no menor en materias clave, como cuando impugnó el año 2008 el préstamo por 400 millones de dólares solicitado por el Gobierno al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el Transantiago, así como la vez en que revirtió la decisión gubernamental de distribuir la píldora del día después en el sistema público de salud como método anticonceptivo de emergencia.
En aquella ocasión, el TC acogió el requerimiento de la UDI y RN de prohibir la entrega de Postinor 2 en los consultorios, pero no hubo ningún pronunciamiento para evitar su comercialización en el sector privado. (El Mostrador)
