A medida que llegaban las primeras noticias, una vieja historia comenzaba a repetirse en las conversaciones entre los miembros de un pequeño grupo de dirigentes políticos y funcionarios públicos.
El nuevo comité político fijaba la línea de la postura del gobierno frente a la investigación por irregularidades en el financiamiento de la precampaña presidencial de Michelle Bachelet, entre los años 2011 y 2012, y el núcleo más cercano a su ex jefe de gabinete, Rodrigo Peñailillo, forzaba la memoria para revivir un episodio que -alegan- marca la historia de la relación entre la llamada G-90 y el nuevo ministro del Interior, Jorge Burgos (DC).
Ocurrió hace 14 años, para la campaña parlamentaria de 2001. El entonces subsecretario del Interior había renunciado al gabinete de Ricardo Lagos para competir como candidato a diputado por el distrito de Ñuñoa y Providencia, en una contienda que resultaría mucho más tensa de lo esperado: acusaciones de violencia y destrucción de propaganda lo llevaron a enfrentarse en duros términos con su compañero de lista, el PPD Igor Garafulic, a quien de todas formas derrotó por una diferencia de seis puntos.
Las mayores quejas de Burgos fueron contra el jefe de la campaña rival, el entonces presidente de la Juventud del PPD, Rodrigo Peñailillo, quien había aprovechado el desafío para poner a prueba una creciente maquinaria partidaria juvenil, comenzada a construir desde su época como dirigente universitario.
Varios de los que acompañaron a Peñailillo en esa contienda electoral -la misma que, algunos aseguran, le costó meses después ser vetado por la DC para asumir como gobernador de Concepción- forman parte aún de su círculo de confianza y permanecen en puestos estratégicos del gobierno, por lo que han seguido atentos el manejo dado por los nuevos ministros a la serie de acusaciones que han comenzado a cercar al ex hombre de confianza de la Presidenta. Durante un par de semanas, dos o tres de ellos fueron los únicos ajenos a la familia que recibieron señales del ex ministro. Nadie más.
El líder de la G-90 había decidido desconectarse completamente de todo dirigente político, inclusive los de su propio partido. Para descansar, dijo. Pero también para empezar a preparar una estrategia que le permita enfrentar su prueba más compleja: la investigación de la fiscalía por los vínculos con el geógrafo Giorgio Martelli y el sistema de financiamiento de la precampaña de Bachelet.
LA OTRA PRECAMPAÑA
“Nosotros somos como una tribu, como un cardumen. Por eso nos castigan”. La frase del jefe de gabinete de un ministro es la autodefinición de un grupo que, paradójicamente, nació para dar cuerpo a una precampaña. A otra precampaña, 17 años atrás.
Fue en los cursos de formación política coordinados por el entonces core (consejero regional) Francisco Vidal, donde Peñailillo y otros de los miembros de su red política -como el concejal Orlando Morales, el jefe de gabinete del ministro Eyzaguirre, Harold Correa; el subsecretario de Servicios Sociales, Juan Eduardo Faúndez- afianzaron su amistad. Vidal oficiaba entonces como director ejecutivo de la Fundación Chile 21, la principal plataforma del ala progresista de la Concertación para promover la candidatura presidencial de Ricardo Lagos Escobar a las elecciones de 1999, y lideraba las charlas de capacitación junto a otras reconocidas figuras del “laguismo”: Carlos Ominami, Ernesto Ottone, entre varios más. Los encuentros de formación tenían lugar en una casona de calle Las Abejas, que más tarde terminaría albergando el comando del candidato.
El programa se institucionalizaría más tarde y pasó a denominarse “Generación Bicentenario”, nombre del cual derivaría el apodo de la G-90 (Generación de los 90) que varios atribuyen al propio Vidal. Como la iniciativa se hacía en convenio con una fundación española que aportaba para la formación de jóvenes líderes, a los más destacados se les premiaba con un viaje y estadía por dos semanas en dicho país, instancia que sirvió para que el grupo de jóvenes dirigentes del PPD fortaleciera lazos con representantes de otros partidos, entre ellos un socialista que años más tarde ejercería como compañero de Peñailillo en La Moneda: el ex vocero Alvaro Elizalde.
“Ahora nos apuntan con el dedo y nos tratan como delincuentes por esto que hoy llaman precampaña. Como si no fuera lo mismo que se hacía antes. Nosotros nacimos como sector viéndolos hacer sus precampañas”, comenta uno de los miembros más activos de la G-90.
En 1999, con el despegue formal de la campaña presidencial, el core Francisco Vidal asume la jefatura territorial de la Región Metropolitana y decide reclutar a varios de la G-90 en el comando. Peñailillo fue el responsable de la propaganda, lo que en la práctica significaba trabajar directamente colocando palomas y carteles. Los buenos resultados le valdrían el reconocimiento de los líderes del “laguismo”, por lo que cuando -ya con Lagos en el gobierno- Vidal es nombrado subsecretario de Desarrollo Regional, es fichado para asumir responsabilidades en esa repartición junto a buena parte del grupo: Harold Correa, Cristián Riquelme, Orlando Morales, Adolfo Galindo y Carolina Cucumides. Fue, en cierta media, el salto definitivo de la G-90 al aparato del Estado.
Sólo entonces Peñailillo se lanzó a tratar de tomar la estructura del PPD, compitiendo y derrotando al candidato del girardismo en una contienda por la presidencia de la juventud que es recordada como una gesta por el sector que lidera el ex ministro. Partidarios y detractores reconocen que ese hito marcaría un antes y un después en la historia de la G-90. “A partir de entonces comenzaron a convertirse en un partido dentro de otro partido”, comenta hoy un dirigente del PPD que acompañó de cerca la llegada al poder del grupo.
Levantaron desde aquella época las banderas del laguismo más duro, mantuvieron y mantienen hasta hoy un respeto incondicional por la figura del ex Presidente Lagos, sin embargo, han ido tomando cada vez más distancia de sus posiciones políticas y del liderazgo que el ex mandatario sigue ejerciendo dentro de la centroizquierda.
A modo de ejemplo, comentan que ya no asisten a las tradicionales conversaciones que el ex presidente suele organizar con grupos de jóvenes dirigentes en la sede de su fundación Democracia y Desarrollo.
Lagos ha hecho lo propio. Si en algún minuto miró con simpatía a este grupo de dirigentes que con entusiasmo lideró su campaña territorial, el ex presidente ha optado por desmarcarse también de la G-90. Según quienes han conversado con él en el último tiempo, es un crítico de la forma en que el grupo que comanda el ex ministro Peñailillo aprovechó sus cuotas de influencia para insertar a sus integrantes incondicionales en cada una de las reparticiones públicas.
La frase de uno de sus principales padrinos políticos de la G-90, el ex ministro Francisco Vidal, da cuenta de la distancia por la que ha optado una parte del “laguismo”: “Es un grupo que en sus inicios era reconocido por su eficiencia y su compromiso con la candidatura de Lagos Escobar. Al haberse insertado casi solamente en el aparato del Estado tuvieron un descuido en lo ideológico, pero han sido un aporte al PPD y al gobierno, más allá de los errores que hayan cometido”.
Hubo un esfuerzo recientemente por reencontrarse con esa raíz más histórica. Por el sectarismo que dentro de su propio partido les endosan. Fue el viernes 24 de abril. En un evento que para algunos constituye la última señal de fuerza de la G-90.
Justo cuando la crisis detonada en La Moneda por indagaciones a la empresa de Giorgio Martelli comenzaba a amenazar a su líder, el entonces ministro Peñailillo, el grupo comandó a otro de sus líderes: el subsecretario de Desarrollo Social, Juan Eduardo Faúndez, para organizar una jornada de diálogo político que terminaría reuniendo a más de un centenar de dirigentes del PPD en un hotel del centro de Santiago. La idea era tender puentes y abordar los distintos temas de la agenda. El caso SQM y sus implicancias, por supuesto, estuvo presente en más de una de las intervenciones.
Como la idea era abrirse a otros sectores se invitó a figuras como el presidente de la Cámara de Diputados, Marco Antonio Núñez, y a representantes del llamado “tercerismo” del PPD, como el vicepresidente René Jofré. Otro de los invitados sería un diputado que semanas más tarde terminaría ingresando al gabinete de Bachelet como parte del nuevo comité político: el hoy ministro de la Segpres, Jorge Insunza.
EL REGRESO
La llamada tomó totalmente por sorpresa al presidente del PPD, Jaime Quintana. El miércoles de la semana pasada se cumplían 15 días. Después de varias veces de haber tratado infructuosamente de contactarlo a su celular, de haberle dejado incluso algunos mensajes, el senador tenía asumido que la conversación más a fondo que quedó pendiente con Rodrigo Peñailillo después del traumático cambio de gabinete estaba muy lejos de poder concretarse.
Fue entonces cuando el ex jefe dio señales de vida. Era uno de los primeros diálogos con dirigentes políticos que sostenía después de un periplo de introspección que lo llevó a su natal Cabrero y a la zona norte del país. Estaba devolviendo algunos llamados a ciertas figuras de su partido, entre las que se contaba también la alcaldesa de Santiago, Carolina Tohá. A todos les explicó que había querido desconectarse. Que necesitaba un tiempo para reponerse. Y anunció que pronto podría hablar con más calma sobre todo lo que estaba ocurriendo.
Aunque no entró en detalles. Estaba informado de todo. No reveló aspectos de lo que será su estrategia jurídica y comunicacional, pero dejó en claro a sus interlocutores que antes de mover sus fichas esperaba conocer los alcances que tendría el testimonio del geógrafo y autodenominado operador político Giorgio Martelli ante la fiscalía.
Para entonces, el ex jefe de gabinete ya había tomado contacto con Enrique Correa, dueño de la consultora Imaginacción, para que lo ayudara a coordinar su defensa. El martes, un día antes de que Martelli compareciera por primera vez ante la fiscalía, Correa llegó junto al abogado Gabriel Zaliasnik a la residencia de Peñailillo, en La Reina, para analizar juntos los escenarios judiciales y comunicacionales que se le abrían al ex ministro.
Con Correa habían hecho algo similar a comienzos del 2012, cuando la investigación que llevaba adelante la fiscal Solange Huerta por los muertos y desaparecidos en el 27/F amenazaba con golpear la imagen de la ex mandataria, complicando las posibilidades de que la secretaria ejecutiva de ONU Mujeres volviera a Chile para asumir una nueva candidatura presidencial. En febrero de 2012, poco después de haber recibido un mensaje del ex subsecretario de Interior Patricio Rosende, en el que le advertía que sería formalizado, y que se sentía “abandonado”, Peñailillo llamó a Correa, quien estaba de vacaciones en El Quisco, y acordaron coordinar el equipo de defensa.
Los nexos con el estratega comunicacional y socio de la consultora de Imaginacción continuaron luego de que Peñailillo se convirtiera en ministro del Interior. A fines de agosto del año pasado, ambos almorzaron juntos en casa del sociólogo Ernesto Ottone, justo en momentos en que arreciaban los cuestionamientos al gobierno por la desaceleración económica y las reformas estructurales que impulsaba La Moneda.
Ahora la preocupación era otra.
Estando en su retiro, y a través de sus más cercanos colaboradores, el ex ministro se fue enterando de cómo el nuevo comité político de La Moneda comenzaba a tomar distancia de las acciones que el grupo que comanda ejecutó entre los años 2011 y 2013 para preparar el terreno a una candidatura presidencial de Bachelet, que se formalizó en marzo de 2013.
Los colaboradores del ex jefe de gabinete, que ya habían resentido la decisión del nuevo ministro Jorge Burgos de sacar a varios de sus cercanos que permanecían en Interior, activaron sus alertas el pasado lunes. Desde la reunión de coordinación de los ministros de La Moneda con los presidentes de partidos de la Nueva Mayoría había emanado una instrucción que dejaba a Peñailillo y la G-90 en un escenario que hasta hace menos de un mes parecía impensado: el oficialismo debía tomar distancia de todas las acciones de precampaña que hoy investiga la fiscalía.
El criterio rector lo fijó no sólo Burgos. La señal más decidora para los partidos de la Nueva Mayoría vino, de hecho, de boca de otro de los intervinientes en ese encuentro: la jefa de gabinete de la Presidenta Bachelet, Ana Lya Uriarte. Hoy por hoy, la persona de más confianza de la Mandataria.
Después de que el ministro del Interior explicara la tesis que ya había esbozado la noche del domingo, en el marco de su participación en el programa Tolerancia Cero, Uriarte tomó la palabra para señalar que la Presidenta sólo aceptó asumir una candidatura a principios de 2013, por lo que quienes hubieren desarrollado un sistema de recaudación y de precampaña tendrán que asumir sus propias responsabilidades.
La línea estaba trazada. A partir de entonces, parlamentarios y dirigentes de la Nueva Mayoría iniciaron una escalada de críticas contra los responsables de ese esquema que Bachelet, se dijo, nunca había autorizado. Entre los cuestionadores, dos compañeros de partido de Peñailillo: el diputado Marco Antonio Núñez y el propio presidente de la tienda, Jaime Quintana.
La jugada dejaba aislado a Peñailillo. Correa y algunos otros altos dirigentes cercanos al ex jefe de gabinete intensificaron los contactos para transmitir a La Moneda la necesidad de bajar el tono de un discurso que a la larga podría resultar contraproducente para la propia Presidenta. El mensaje era que Peñailillo pretende asumir su responsabilidad, pero que pretender desentenderse de esa manera de todo lo realizado previo al 2013 es insostenible a mediano plazo.
Cercanos a Peñailillo se han encargado de recordar que durante el año 2012 eran los propios parlamentarios y principales dirigentes políticos los que lo contactaban para tratar de establecer algún tipo de puente con Bachelet. Con la campaña municipal de ese año desatada, todas las colectividades levantaron sus campañas con la figura de la por entonces directora ejecutiva de ONU Mujeres.
Las gestiones tuvieron algún grado de efecto. La Moneda morigeró su discurso.
El respiro, sin embargo, no duraría demasiado -advierten algunos en la Nueva Mayoría-. El fiscal Sabas Chahuán deslizó ya este viernes la posibilidad de citar al ex jefe de gabinete a declarar próximamente. La G-90 sabe que la comparecencia de su líder a las oficinas del Ministerio Público es casi un hecho. Ya se preparan, de hecho, para su defensa política. “Hay que estar atentos a la Vieja Guardia que busca ajustar cuentas”, señalan.
