Dura se viene la batalla por el plebiscito de salida. Como todo en política, gran parte se jugará en la arena comunicacional. Y lo que estamos viendo es que más que discutir el contenido de la propuesta constitucional, los partidarios del Apruebo se concentran en descalificar a los que rechazarán el texto. No argumentan, sino que los tildan de traidores, mentirosos, de fake y falta de información. Todo, menos admitir que el argumento de quienes objetan el borrador puede ser válido.
Es curioso, porque los convencionales nunca tuvieron intención de ceder. Ni siquiera al final de su gestión de un año. Poco les importó la pésima impresión que causaban en la opinión pública defendiendo violentistas desde el día uno, despreciando los símbolos patrios o amenazando a los chilenos gritando a coro: “las tierras robadas serán recuperadas”. Si hasta eligieron cerrar el proceso sin la presencia de los ex Presidentes, quitándole el carácter republicano que tendrá el evento el próximo lunes y ni se arrugaron para mentir y asegurar que no los invitaron inicialmente por problemas de aforo.
Ya no pueden moderar lo que antes buscaron polarizar, dejando sin representación alguna a los representantes en la Convención de ese 44% que votó por José Antonio Kast o eligió la mitad del Senado. Así es que ahora la batalla la dan en la arena de la descalificación. La ex presidenta de la Convención, Elisa Loncón, aseguró que quienes declaran votar rechazo lo hacen “porque me dicen que hay que rechazar”. Añadía que los que postulan una tercera vía (un nuevo proceso constituyente) no son la ciudadanía, sino que “los que definían la política, los amarillos, la derecha”. Un desprecio indisimulado.
Nos encontramos a cada rato con convencionales que han optado por negar lo que ellos mismos aprobaron. Marcos Barraza y Fernando Atria, los dos de mayor autoría, aseguraban que la propuesta no exige “el consentimiento de los pueblos originarios” para reformarla en lo que los afecte. Bessy Gallardo se atrevió a discutir en TV que el borrador incluye el estado de emergencia, cuando fue eliminado como herramienta para mantener el orden público.
Pareciera que todos los que critican el borrador elaborado por la extrema izquierda mienten. Fake, dicen los del Apruebo, cuando les preguntan por el aborto más libre del mundo que plasmaron para el futuro. O la omisión de incluir, dentro del derecho a la vivienda, la propiedad de las mismas. Se amparan en que la ley posterior regulará todo lo que no le gusta a la ciudadanía. No admiten que ellos lo aprobaron, o bien se negaron a incluir, como ocurrió con la mención “la Constitución reconoce el derecho de acceso a la vivienda propia”.
Han optado por las acusaciones de fake en vez de explicar por qué votaron por tener una defensoría penal para los imputados, pero la negaron para las víctimas de delitos. O por qué buscan un país fraccionado en 11 naciones (que pueden ser más) con derecho a reclamar territorios indefinidos que serán expropiados administrativamente, al haberse consagrado que la restitución es de “utilidad pública e interés nacional”.
El bálsamo que usan para suavizar las abundantes críticas es que las leyes mejorarán lo que establece la nueva Constitución, lo que es falso. La Constitución tiene primacía sobre las leyes y los convencionales saben perfectamente por qué se negaron a incluir muchas indicaciones, que ahora procuran relativizar. Como por ejemplo, el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, o que las cotizaciones previsionales son de propiedad de los trabajadores y no pueden ser expropiadas. El actual Congreso tampoco podrá modificar el texto si es que éste llega a aprobarse, porque los altos quórums supra mayoritarios (superiores a los de la Constitución vigente) lo harán imposible.
Vimos hasta al Presidente Boric sumergiéndose en la campaña en la que no puede intervenir, tildando de fake la discusión sobre la “propiedad” de las viviendas y que permitirá a personas en la cárcel postular a cargos de elección popular, de Presidente para abajo. En la actual Constitución sólo pueden hacerlo quienes sean ciudadanos con derecho a sufragio y los condenados por penas aflictivas pierden esa condición. En el borrador, en cambio, los presos no pierden la ciudadanía y el concepto de pena aflictiva se menciona sólo como restricción para postular al Consejo de Justicia, no a cargos públicos o de elección popular o para sufragar.
“La polémica que se ha generado es una fake news que la está difundiendo gente que está por una de las opciones, indicando que quienes sean condenados por delitos terroristas podrían ser candidatos, y eso no es cierto«, aseguró el Presidente en Arica. Lamentablemente, eso es cierto, como ya lo advirtieran Pepe Auth y Felipe Harboe, dos ex parlamentarios de la centro izquierda. Y no se trata solo de terroristas, también narcos y asesinos podrían asumir cargos políticos. Es más, los 2/3 de los convencionales rechazaron explícitamente incluir dentro de las inhabilidades a los condenados por pena aflictiva y delitos terroristas, término éste que no existe en todo el borrador. Y a pesar que pudieron enmendarlo si es que se trataba de un error no advertido, tampoco lo hicieron.
Aunque Boric ahora procura distanciar el futuro de su Gobierno del desenlace del plebiscito, todo indica que no podrá desligarse de su suerte. Tal vez por eso vemos a tantos convencionales de la mayoría ultrista omitiendo lo que aprobaron en el texto y olvidando lo que se negaron a incluir así como lo que renunciaron a modificar. (El Líbero)
Pilar Molina
