Tomé una decisión de defensa, a sabiendas de que los efectos de la misma no iban a ser neutrales; esperaba críticas, y por cierto no suaves, pero no puedo dejar de señalar que la suerte de inquisición progre que se vino encima no la esperaba.Hay una evidente contradicción entre inquisición y progresismo. La primera buscaba sancionar a quien se apartaba de la doctrina y se ejecutó en el periodo más oscuro del catolicismo, aún más que el de la hora actual. El progresismo, de alguna manera es exactamente lo inverso, pues es una doctrina que busca el desarrollo y progreso de la sociedad en los ámbitos políticos, sociales y culturales. No creo sea fácil responder de ese evidente antagonismo.
Tal como lo sostiene el profesor y columnista de este diario, Patricio Zapata, la acusación constitucional es el arma más poderosa del arsenal que dispone el Poder Legislativo; es -siguiendo con el símil- la bomba atómica, pues se convierte en la posibilidad de destituir e inhabilitar a buena parte de las más altas autoridades de la Nación. Esa circunstancia no solo aconseja, sino significa un uso moderado, especialmente responsable y restrictivo.
Téngase presente que el eventualmente destituido tiene una sanción de inhabilitación absoluta y temporal para el ejercicio de toda función pública. La acción constitucional no constituye un juicio de carácter político sobre singularizadas autoridades públicas; en un régimen presidencial como el que nos rige, es una acción que persigue responsabilidad constitucional por las causales taxativamente prescritas en la Carta Fundamental. No basta el reproche político; no es suficiente el juicio político, como ocurre en los sistemas parlamentarios puros o en sus versiones fronterizas.
Como es público, hube de restarme a la defensa del ministro de Salud, después de constatar que mi presencia ponía en riesgo sus legítimos intereses, ni más ni menos su inocencia del ilícito constitucional que le imputan. No podía concluir otra cosa luego de ver que algunos diputados del partido al que pertenezco estimaron que mi disposición a defender al acusado transgredía los principios partidarios; nunca se supo cuáles, y a partir de ello se inclinaban -alterando la convicción previamente anunciada- a respaldar la presentación. Esto es revelador de cierta visión de la lucha política con la que no puedo estar más en desacuerdo. Es la idea que, cuando se está en la oposición, se puede emplear cualquier método para ejecutarla. Rechazo esa lógica destructiva.
Necesitamos defender los fundamentos del estado de derecho; ello implica proteger los derechos individuales por encima de toda consideración. Si aquello no estuviera claro, especialmente en la cuna de la República (el Congreso Nacional), sólo podríamos esperar penurias. Si por ello se me cae encima una suerte de inquisición progre, el pecho a las balas nomás. (La Tercera)
Jorge Burgos
