La Fiscalía de Atacama investiga una querella por presunta estafa interpuesta por la Empresa Minera Atacama Kosan en contra del exintendente regional Francisco Sánchez, la que gatilló la renuncia de la entonces autoridad regional, el 20 de febrero.
La acción legal en contra de Sánchez, que anteriormente se desempeñó como subgerente general de la firma, se basa en una defraudación a través del pago de sobreprecios a varios proveedores de la señalada compañía, algunos de ellos sociedades que habían sido constituidas por él, como es el caso de Comunicaciones San Lorenzo Limitada. Al asumir el mando del gobierno regional dejó la propiedad de estas firmas a los restantes socios, hermanos suyos, según un reportaje de T13.
Sofía Corral, gerenta de Operaciones de Helical, otra de las empresas cuestionadas, reconoció que la compañía es de propiedad de dos hermanos del exintendente. No obstante, afirma que las acciones judiciales no tendrían asidero, porque “tenemos la tranquilidad de haber realizado el trabajo para el cual nos contrataron. Tenemos la recepción conforme de la empresa mandante”.
También se indaga el alto patrimonio de Sánchez en el que se incluye un predio de $ 2.700 millones de pesos, una casa ubicada en un exclusivo condominio por un valor de $350 millones y cuatro propiedades más en Copiapó, Coquimbo y Santiago. Para su abogado defensor, Sergio Contreras, todo estos bienes tienen “una historia legal y se pudieron comprar con la plata de mi cliente”.
El presunto ilícito por varios millones de dólares está siendo investigado por la Fiscalía Regional y la PDI, según explicó Rebeca Varas, vocera del Ministerio Público en Atacama.
Negocios del senador RN
En la investigación de T13 apareció el nombre del senador RN Rafael Prohens, miembro de la Comisión de Minería de la Cámara Alta y quien también estaba en la lista de proveedores de la Minera Atacama Kozan. Fue en ese contexto, con Francisco Sánchez como subgerente general de la firma, que se entabló en noviembre de 2014 un contrato para entregarle 30 litros de agua por segundo para abastecer a la compañía minera.
La firma del acuerdo, según T13, se selló entre Sánchez y representantes de la Agrícola Doña Berta, personificados por el senador Prohens, quien fue intendente hasta marzo de 2014, meses antes de suscribir el contrato. Según el documento, por cada metro cúbico de agua efectivamente suministrado, se pagaría 1,178 dólares. Y para garantizar este compromiso por 10 años, el parlamentario hipotecó 671 acciones de agua de la cotizada olla del río Copiapó, lo que no aparece en su declaración de patrimonio en la Cámara Alta. Además, Prohens manejaba una empresa de movimiento de tierra vinculada a la minera.
En opinión de Alberto Precht, presidente de Chile Transparente, el senador aludido debió declarar todo lo concerniente a su patrimonio y empresas, lo que -afirma- debería ser revisado por el Comité de Ética del Senado.
La Tercera/Agencias
