Aunque ha habido algunas excepciones que confirman la regla, la inmensa mayoría de los dirigentes políticos, intelectuales públicos y periodistas que han comentado el mal llamado “estallido social” no han relevado —al menos de manera suficiente— el hecho de que éste ha sido, más bien, un ataque a la democracia, propinado desde la extrema izquierda, hoy hegemónica en términos políticos: el PC y el FA.
Lo anterior no implica que ese sector político haya organizado los ataques al Metro y la violencia generalizada que le siguió. Significa que los apoyó, los fomentó y los justificó. Y que trató de sacar réditos políticos de todo ello. Todo esto es bastante fácil de probar, por ejemplo, a través de los tuits y declaraciones que los dirigentes de esos partidos hicieron desde el 18 de octubre y durante toda la vigencia del estado de emergencia. Sólo después de levantado dicho estado, más de una semana después, comenzaron esos dirigentes a condenar de manera clara la violencia de la que el país ha seguido siendo víctima.
En el capítulo 1 de su ya célebre Cómo mueren las democracias (Barcelona: Ariel, 2018), Steven Levitsky y Daniel Ziblatt sostienen que las democracias no caen necesariamente por golpes militares. Pueden hacerlo, dicen, desde dentro, por la existencia de líderes o grupos políticos que no pasan el test de la democracia. Es lo que yo creo sucede —y así se ha visto durante las últimas semanas— con el PC y el FA.
En ese mismo capítulo, Levitsky y Ziblatt presentan un cuadro que contiene cuatro indicadores clave de comportamiento autoritario o antidemocrático. Mientras la columna izquierda de ese cuadro refiere esos indicadores, la derecha contiene una serie de preguntas correlativas que ayudan a develarlos frente a casos concretos.
El primer indicador es el “rechazo (o débil aceptación) de las reglas democráticas del juego”. Las dos preguntas correlativas son claramente pertinentes para el caso del PC y FA: ¿Rechazan la Constitución o expresan su voluntad de no acatarla? ¿Pretenden usar (o aprueban el uso de) medidas extraconstitucionales para cambiar el gobierno, como golpes militares, insurrecciones violentas o manifestaciones masivas destinadas a forzar un cambio en el Gobierno? Es claro que la izquierda del FA y el PC rechaza la Constitución, al punto de querer cambiarla de plano mediante una Asamblea Constituyente (AC). Pero sobre todo, y esto es lo que ha llamado más la atención, ha apoyado, fomentado y justificado la insurrección violenta y las manifestaciones masivas con el objeto de conseguir la caída del gobierno. La acusación constitucional, promovida por el PC y a la que han adherido importantes sectores del FA, puede considerarse como el “sello de agua” de esa voluntad política. Y no sólo desde la vía institucional, sino en primer lugar desde la insurreccional. La segunda vía para justificar y constituirse como cabeza de playa de la primera.
El segundo indicador se refiere a “la negación de la legitimidad de los adversarios políticos”. Aquí hay dos preguntas correlativas que encajan en este análisis: ¿Afirman que sus rivales constituyen una amenaza existencial para el modo de vida imperante? ¿Describen a sus adversarios como delincuentes cuya supuesto incumplimiento de la ley los descalifica para participar de manera plena en la esfera política? En el caso que nos ocupa, la primera pregunta podría reformularse como el deseo de conservar un orden esencialmente injusto. Bajo esta reformulación, la respuesta clara es un “sí”, pues la izquierda aquí referida acusa a la derecha de querer mantener un orden social y económico opresor: el “neoliberal”. Y la circunstancia de que la derecha profundice el modelo, estando en el gobierno, la haría políticamente ilegítima. Esto ya puede decirse desde el movimiento estudiantil de 2011 —con el denominado “cambio de ciclo”—, aunque la gran novedad ahora es que la izquierda hegemónica ha utilizado la violencia como medio de acción política. La segunda pregunta guarda relación con la misma acusación constitucional ya mencionada: Piñera habría violado sistemáticamente los derechos humanos durante el período del estado de emergencia (cuestión que, dicho sea de paso, el director del INDH ha negado, al menos considerando las pruebas que hoy se poseen).
El tercer indicador se vincula a la “tolerancia o fomento de la violencia”. Una pregunta asociada a este indicador es la siguiente: ¿Han apoyado de manera tácita la violencia de sus partidarios negándose a condenarla y penalizarla sin ambigüedades? Como el lector puede fácilmente darse cuenta, esta pregunta puede ser respondida afirmativamente para el caso del PC y del FA. No sólo ha apoyado tácitamente la violencia materializada en el Metro de Santiago, sino que incluso la ha fomentado, al calificarla como “desobediencia civil”, y justificado, al señalar que la destrucción e incendio del Metro constituye una respuesta a la “violencia estructural del modelo neoliberal que nos oprime”. Hay muchos tuits y declaraciones de los dirigentes del PC y FA, que prueban la existencia de este indicador, en los términos aquí descritos (espero en próximos escritos, de mayor longitud, demostrar con mayor fuerza esta afirmación).
Finalmente, el cuarto indicador de Levitsky y Ziblatt da cuenta de la predisposición a restringir las libertades civiles de sus adversarios. Y la pregunta correlativa que aquí cabe considerar es la siguiente: ¿Han amenazado con adoptar medidas legales u otras acciones punitivas contra sus adversarios? Pese a que este elemento no se refiere sólo a los últimos días, al mal llamado “estallido social”, sí cabe considerar que la izquierda referida en esta columna viene, desde hace mucho tiempo, manifestando su voluntad de restringir la libertad de expresión en torno a la interpretación histórica del quiebre democrático de 1973, del régimen (para mí dictadura) que le siguió, y de la forma en que ese pasado traumático debería hoy representarse. El linchamiento del que fue objeto Mauricio Rojas, por expresar una postura políticamente incorrecta en torno al Museo de la Memoria, da cuenta claramente de esa voluntad política.
Felipe Schwember, en una columna de opinión publicada en este mismo medio, ha calificado a la izquierda hoy hegemónica en Chile como irresponsable. Yo creo que es posible, incluso, ir más allá, calificándola derechamente como antidemocrática. No sólo, por cierto, a partir de los indicadores de Levitsky y Ziblatt, sino desde el planteamiento de muchos otros autores que han estudiado el fenómeno de la democracia, tanto en términos teóricos como prácticos. Pero, además, desde otros elementos histórico-políticos que ayudan a entender el problema que hoy enfrenta Chile de manera mucho más compleja, y no ya de la forma excesivamente simplista con la que la gran mayoría de analistas lo ha comprendido y transmitido en las redes sociales y medios de comunicación.
