La profunda crisis que atraviesa el Sename -institución en que murieron 865 niños durante la última década-, llevó a la Presidenta Michelle Bachelet a anunciar un paquete especial de $2.500 millones para la infraestructura y habitabilidad de los hogares.
También destacó que el presupuesto para 2017 subirá en 6,3%, lo que significarán $16 mil 50 millones más que este año, pero el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, prometió que “estamos más que dispuestos a construir acuerdos cuando hayan buenas ideas de reasignaciones”, abriendo la puerta a más aportes.
“Ese es el compromiso que se ha asumido hoy por parte del Estado. Esta no es la labor de un solo gobierno, esto es una deuda histórica que requiere trascendencia de políticas públicas”, señaló la directora nacional del Sename,Solange Huerta.
La “letra chica” de los fondos del Sename
Sin embargo, la “letra chica” de dicha alza presupuestaria es que el ítem clave asignado a la subvención de proyectos de protección de menores y de justicia juvenil apenas suben en 3%, mientras se duplican los pagos de horas extras a los funcionarios y se reduce en cinco veces los fondos para capacitación. (Ver presupuesto 2017)
Este año, los recursos que se pagan a los privados que atienden a los menores en todo el país sumaron $164 mil 894 millones, cifra que subirá a $169 mil 951 millones.
Ese incremento de $5 mil millones es, por ejemplo, cuatro veces menos que los $25 mil millones que aumentaron entre 2014 y 2015, cuando pasó de $125 mil millones a $150 mil. El año anterior, 2013, dichos aportes al cuidado de los niños había crecido $18 mil millones.
Por ello, la crónica falta de recursos es un reclamo de quienes prestan servicios al Sename, que destina fondos insuficientes para los niños. “Las platas no cubren ni la mitad de lo que se gasta por niño. Urge modificar la ley porque la inyección de recursos va dirigida sólo a las instituciones que pertenecen al Sename”, sostuvoMarcelo Sánchez, gerente general de la fundación San Carlos de Maipo, a La Segunda
La fuerte reducción de fondos para capacitación
Pero si bien los fondos para el cuidado suben muy modestamente, contrario ocurre con el pago de horas extras de los funcionarios, que se duplicará el próximo año. Luego de varios años de aumentar entre $2 y $3 millones, en 2017 el incremento superará los $32 millones, casi el doble de los $38 millones de este año, contabilizando $70 millones.
En contraste, los fondos de capacitación y perfeccionamiento para los 3.631 funcionarios del organismo se reducirán de los $103 millones de este año a apenas $21 millones en 2017.
En la institución, el 47% de los funcionarios son administrativos (1.706), y 233 son auxiliares. Los profesionales son 1.528 y los técnicos 226. De hecho, el Sename tiene el 30% de todo el personal administrativo del Ministerio de Justicia del que depende. En Gendarmería, por ejemplo, apenas el 4% de sus funcionarios son administrativos ya que el 87% son técnicos o profesionales.
Especialista: “En tan grave crisis llama la atención que el presupuesto no contemple medidas de capacitación”
Para el investigador del Instituto Libertad y Desarrollo, Sergio Morales, la fuerte caída en los recursos de capacitación demuestra una serie de falencias en la evaluación de dichas capacitaciones y el impacto en los menores vulnerados e infractores de ley.
“Ante una crisis tan grave como la que tiene el Sename, llama la atención que el presupuesto no contemple medidas de capacitación y formación para profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares para efecto de entregar un mejor servicio y ayuda a los menores”, afirma el abogado.
Morales explica que la Dirección de Presupuesto evaluó los programas de justicia juvenil del Sename, como la reinserción social, la libertad asistida, libertad asistida especial, servicios en beneficio de la comunidad, salidas alternativas, medidas cautelares ambulatorias y reinserción educativa, que concluyeron que tienen un desempeño insuficiente.
El informe de la Dipres concluye que “las cifras anuales de atención señalan que hay una proporción importante de jóvenes que son atendidos más de una vez en el mismo año. Esto, lejos de velar por la integralidad de la atención del adolescente, fragmenta la intervención en función de las causas existentes, propiciando la sobre-intervención y, por ende, debilitando al adolescente intervenido”.
Por ello, el investigador de LyD plantea que los recomendable para el presupuesto de 2017 es que el Gobierno comprometa un rediseño de cada uno de sus programas, “pues en caso de no hacerlo poco valdrán las medidas anunciadas respecto de una nueva institucionalidad si no hay un cambio en el diseño de las políticas públicas en materia de menores”.
El Líbero/Agencias
