Si los políticos se aplicaran a sí mismos las medidas que con tanta velocidad exigen y adoptan contra carabineros, quedarían en ejercicio pocos diputados, senadores, ministros y subsecretarios. Hasta el mismísimo Presidente de la República quizás jamás habría llegado a La Moneda. Porque, mientras las autoridades a menudo se amparan en el beneficio de la duda cuando de ellas se trata, para los miembros de la policía no corre eso de ser inocente hasta que se pruebe lo contrario.
El incidente del miércoles en el hogar adscrito al Sename en Talcahuano debe ser investigado para saber qué ocurrió allí. El hecho de que dos menores hayan resultado heridos a bala por la acción de los carabineros es grave y requiere una indagación rápida y certera. Es lo que la justicia reclama. Esta también demanda saber cómo resultó herido con arma blanca y con un brazo fracturado un funcionario policial, y por qué hubo que pedir escolta para una ambulancia que iba a cubrir una emergencia a un hogar de menores. En un país sensato, alguien habría esperado conocer las respuestas a estas interrogantes antes de aceptar renuncias, exigir desvinculaciones, hacer visitas comprometedoras o levantar el dedo acusador. Pero desde hace rato que la sensatez es moneda escasa por estos pagos. Fue reemplazada por la odiosidad, los hechos consumados, el bullying y la cobardía.
No ha sido el defenestrado general Mario Rozas un ejemplo de virtud en esto. Puede decirse, incluso, que ha recibido una cucharada de su propio chocolate. Fue bajo su mando que se expulsó y se dejó sin defensa institucional al carabinero acusado de lanzar intencionalmente a un manifestante al lecho del río Mapocho. Antes de que hubiera una investigación concluyente acerca de ese hecho gravísimo, el general director optó por actuar contra el funcionario caído en desgracia, formalmente debido a que incurrió en la falta de portar una cámara personal para grabar los acontecimientos de ese día. Las presiones deben haber sido inmensas y Rozas optó por ceder ante ellas. ¿Se estará preguntando ahora si le sirvió de algo satisfacer de esa manera el revanchismo de quienes prefieren la acusación a la evidencia concluyente? Esa actitud le compró unas semanas más en el cargo, nada más. A la institución que dirige, en cambio, le provocó un daño duradero. Otro más de los que se viene autoinfligiendo Carabineros, desde el llamado “pacogate” hasta la Operación Huracán.
El ministro de Justicia ha informado que dispuso que se presentara una querella para investigar las lesiones que sufrieron los dos menores, visitados ayer por el titular del Interior. A la salida del hospital, este último pidió colaboración para recabar datos que permitan “esclarecer lo antes posible lo que ha ocurrido”. O sea, el jefe de gabinete admite que todavía no sabe bien qué pasó, lo cual no ha privado al gobierno de tomar una serie de decisiones. Hasta hace no mucho se creía que una buena decisión debía estar basada en información sólida; ahora, en cambio, basta con que sea rápida y permita recobrar el control de la agenda. Si quedan heridos en el camino, problema para ellos. Mientras tanto, el Tribunal de Garantía expidió la orden de detención solicitada por la Fiscalía para detener al sargento que habría efectuado los disparos contra los adolescentes. La PDI ya efectuó el arresto. ¿Quién dijo que la institucionalidad no funciona?
En el Congreso, los parlamentarios –tan lentos para tramitar lo que sea; tan buenos para esperar la sentencia antes de expulsar o censurar a un correligionario— multiplican las condenas. Para los honorables basta el resultado del incidente (al menos parte de él, porque a nadie parece preocuparle mucho el carabinero herido) para hacer juicios y sacar conclusiones tajantes. Como el titular del Interior, ninguno de ellos está aún en condiciones de afirmar a ciencia cierta qué pasó realmente en Talcahuano. Pero eso no parece relevante: el conocimiento de la verdad hace rato que ha pasado a ser un detalle sin importancia, un mero formalismo que atañe a puristas que nada entienden de la política real, donde lo que la lleva son los gestos, las señales, los guiños, los actos comunicacionales y la pirotecnia.
El nuevo director de Carabineros la tiene difícil bajo estas condiciones. La institución está arrinconada, en parte por sus propios errores, pero principalmente por la ambición depredadora de una manera de hacer política que le hace daño a todo lo que toca. En el papel, Carabineros tiene el rol de controlar el orden público, pero en los hechos ya no está capacitado para ejercer esa función. También cuenta, en teoría, con el apoyo del gobierno, pero eso tampoco es real, porque el Ejecutivo ha optado por convertirse en cómplice pasivo –¿o activo?— de quienes carcomen la autoridad de la institución.
Por supuesto, nada de esto es gratis. Cada paso que retrocede Carabineros lo ganan quienes se benefician con la incertidumbre y la falta de seguridad. No parece casual que los homicidios hayan subido 34% este año; que los ajustes de cuentas entre narcotraficantes crezcan exponencialmente, así como la cantidad de droga en las calles y el uso de armas de fuego; que en La Araucanía, los violentos tengan arsenal de grueso calibre y ya no se anden con chicas: este año ha muerto más gente que nunca en el sur, y los cortes camineros no se limitan como antes a vías secundarias, sino que ahora afectan con relativa cotidianidad a la Ruta 5, columna vertebral del país; que los servicios de courier señalen que hay sectores de Santiago a los que no pueden entrar porque temen ser asaltados; que los desórdenes públicos se repitan y a menudo terminen en violencia, como ocurrió esta semana cerca de La Moneda, obligando a interrumpir el tránsito y a cerrar estaciones de Metro.
Una policía hostigada y disminuida es un mal negocio para todos. Los políticos y autoridades que consienten en debilitarla harían bien en tratar de recobrar algo de sensatez y en usar con Carabineros al menos una fracción del criterio parsimonioso que se aplican a ellos mismos cuando son acusados. (El Líbero)
Juan Ignacio Brito
