“Esta reunión nunca ha existido”. La frase no figura en la declaración que el ex director de Impuestos Internos Michel Jorratt emitió ante el Ministerio Público el pasado 25 de junio y donde reafirmó que había recibido presiones del hoy ex ministro del Interior Rodrigo Peñailillo para frenar la investigación en contra de Soquimich. Sin embargo, uno de los asistentes a la cita que reunió a Jorratt y el entonces subdirector jurídico del SII, Cristián Vargas; la ex jefa de gabinete de Alberto Arenas Andrea Palma y el abogado Samuel Donoso, quien días después asumiría la representación del ex gerente de SQM Patricio Contesse, recuerda que con esas palabras la única mujer presente en el encuentro dio por iniciada la reunión.
La cita revelada por Jorratt -cuyo testimonio ante la fiscalía se hizo público íntegramente esta semana, tras permanecer con carácter de reservado- repuso en el foco de atención oficialista al ex jefe de gabinete de Michelle Bachelet, quien ayer cumplió dos meses alejado de La Moneda, en momentos en que comienza a retomar contacto con dirigentes de la Nueva Mayoría y dar las primeras señales de recuperación anímica.
Una vez a la semana -al menos-, Peñailillo reserva parte de su jornada para reunirse con su abogado, Rodrigo González, y analizar el escenario jurídico que enfrenta por la arista SQM.
Quienes han tomado contacto con el ex ministro afirman que éste se encuentra “más entero”, aunque aún “muy dolido” por el trato que le ha dado la Presidenta Bachelet y la ofensiva comunicacional de la que ha sido objeto de parte de un sector del oficialismo.
Peñailillo ha establecido su centro de operaciones en su propia residencia de la comuna de La Reina, pese a que también ha sido visto en las oficinas de Imaginacción, de propiedad de Enrique Correa, donde acude a conversar con el experto comunicacional y también con el ex jefe de la Secom Juan Carvajal, quienes han ocupado un lugar de privilegio entre sus asesores más cercanos.
El personero PPD también mantiene estrechos lazos con parte de los integrantes de la denominada G-90, especialmente el ex jefe de gabinete de Nicolás Eyzaguirre, Harold Correa, y Flavio Candia.
Con estos últimos, Peñailillo comparte desvelos no sólo políticos, sino que también judiciales. De hecho, pese a que aún no firman patrocinio, entre los integrantes del entorno del ex ministro ya comenzaron a definir a sus respectivos abogados.
Mientras Correa ha tomado contacto, entre otros, con el abogado Marcelo Torres, el jurista Gonzalo Cruz asumirá la defensa de otros miembros del grupo de cercanos al ex ministro que podrían ser citados a declarar en el marco del proceso que lleva la fiscalía.
La defensa de Peñailillo alista, en tanto, la entrega de seis carpetas en las que han ido recopilando los supuestos informes que se entregaron a la empresa de Giorgio Martelli, Asesorías y Negocios (AyN), y con los cuales justifican los pagos de SQM y otras empresas durante la precampaña de Bachelet.
En las últimas semanas, el propio Peñailillo comenzó a reunirse con personeros de la Nueva Mayoría, especialmente PPD, y a devolver los llamados de parlamentarios oficialistas. En su entorno se señala que el ex ministro resiente la arremetida de Jorratt en la causa, que con seguridad lo obligará a concurrir nuevamente a declarar ante la fiscalía, y se sigue sosteniendo que el ex hombre fuerte de Bachelet es víctima de una “operación de aniquilamiento”, que -según ellos- es liderada por la jefa de gabinete de la Presidenta, Ana Lya Uriarte, y el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, además de un viejo aliado suyo que hoy se sitúa en la vereda opuesta: el abogado Juan Pablo Hermosilla.
Quiebre con Hermosilla
Fue a comienzos de abril, cuando todavía ejercía como jefe de gabinete de este gobierno, que Peñailillo se reunió con Hermosilla para analizar el caso SQM.
Por entonces, el jefe de gabinete aún no reconocía que había emitido cuatro boletas por $ 16 millones a la empresa de Giorgio Martelli, pero era cosa de tiempo que se supiera. La fiscalía ya había iniciado las gestiones para incautar la documentación de la empresa minera no metálica controlada por el ex yerno de Pinochet, Julio Ponce.
A quienes vieron ingresar ese día a La Moneda al abogado no les llamó la atención: Peñailillo y Hermosilla mantenían estrechos lazos, forjados en la época en que, bajo el gobierno de Sebastián Piñera, trabajaron juntos en la conformación de un equipo que, al alero de la consultora Imaginacción, coordinó la defensa de los funcionarios de la primera administración de Bachelet por la responsabilidad en las muertes y desapariciones durante el tsunami del 27/F.
Miembros de ese equipo jurídico-comunicacional afirman que fue el periodista Juan Carvajal quien llevó a Hermosilla. Con el tiempo, la relación profesional y de confianza de Peñailillo con el abogado se fue afiatando. Tanto, que en 2014, tras la seguidilla de atentados explosivos en lugares públicos, que culminó con el bombazo en la galería comercial Subsuelo de la Estación de Metro Escuela Militar, Peñailillo convocó a Hermosilla para que se hiciera cargo de la comisión de expertos que debía proponer cambios a la Ley Antiterrorista. Ese gesto hizo evidente que uno de los fundadores de Océanos Azules ya era uno de los abogados predilectos de Interior cuando se trataba de solicitar consejos jurídicos.
No fue extraño, entonces, que el propio Peñailillo le recomendara a Giorgio Martelli que fuera a la oficina de Hermosilla en busca de asesoría legal. Eso fue a fines de marzo, cuando se habían retomado los contactos entre el jefe de gabinete y el operador político del PPD para tratar de concordar la forma en que enfrentarían la investigación judicial. Peñailillo y Martelli se juntaron al menos en una oportunidad y -además- recados del entonces ministro llegaban al ex administrador electoral a través de varios de sus cercanos, entre ellos el propio Carvajal. Todo parecía indicar que sería posible rearmar una estrategia de defensa similar a la que se había llevado adelante años antes en el caso 27/F.
Pero las cosas tomaron otro curso. Cercanos a Martelli dicen que luego de las primeras conversaciones con el abogado, tras relatar en detalle todo lo sucedido, Hermosilla le aconsejó al geógrafo y dueño de AyN colaborar con la investigación, decir toda la verdad en fiscalía y -por ningún motivo- asumir responsabilidades que eran de otros. Según planteó, más allá de las irregularidades en materia tributaria, era muy baja la probabilidad de que la fiscalía llegara a comprobar la existencia de delitos y no se justificaba esconder la información.
La estrategia propuesta, entonces, no difería demasiado de la que, más adelante, Hermosilla desarrollaría como parte de la defensa del ex director de Chilevisión Jaime de Aguirre por las boletas que entregó a través de su sociedad La Música a SQM, Aguas Andinas y Pampa Calichera, entre otras empresas, a petición de ejecutivos de Bancard, para que le pagaran unos bonos de gestión por su trabajo en el canal de televisión.
El plan de acción sugerido a Martelli, sin embargo, chocó con los intereses del aún jefe de gabinete. Fue en ese marco que se produjo la reunión entre Peñailillo y Hermosilla en La Moneda. Quienes supieron de ese encuentro dicen que fue tenso y el tono del entonces ministro fue subiendo rápidamente de volumen. La cita terminó en discusión y, según sus cercanos, puso fin a la relación entre ambos.
Acusaciones de Jorratt
La inquietud de Peñailillo sobre los alcances de la investigación judicial en la arista política del caso Penta-SQM venía de muchos meses antes.
Según la declaración que Jorratt dio al fiscal nacional, Sabas Chahuán -y en la que dio cuenta de una serie de hechos que ha calificado como presiones-, fue en noviembre de 2014 cuando recibe la primera señal de alerta desde La Moneda.
Jorratt aseveró que en esa fecha la jefa de gabinete del ministro de Hacienda Alberto Arenas, Andrea Palma, “me indicó que el Ministerio del Interior estaba muy preocupado de que el SII investigara a Soquimich”.
El ex funcionario señaló que Palma no le habría dicho el motivo de la inquietud de Peñailillo y que simplemente le comentó que “tenía que transmitirle esa preocupación, porque venía del ministro del Interior”.
Jorratt aseguró a los fiscales que la sorprendió el mensaje que le entregó Palma, pues para entonces ni siquiera él sabía que el servicio estaba indagando a SQM, luego que algunos testimonios recogidos en el caso Penta mencionaban la existencia de boletas entregadas a la minera no metálica.
Según el mismo Jorratt, Peñailillo tenía información detallada sobre el caso SQM, incluso de piezas de la investigación que él desconocía, pese a dirigir Impuestos Internos. A través de Palma, el hoy ex ministro hizo llevar distintas consultas acerca de la causa.
El ambiente dio un brusco giro el 9 de enero, una vez que el SII presentó una querella contra el ex subsecretario Pablo Wagner y su cuñada María Carolina de la Cerda. En esa querella se había incluido una boleta de la mujer a SQM en 2009.
El hecho, dijo Jorratt ante el fiscal, habría desatado la molestia de Peñailillo. “La jefa de gabinete de Hacienda me comentó que el ministro del Interior estaba enfurecido”, señaló.
Y aunque en su testimonio ante el Ministerio Público el ex director del SII dijo que sólo se limitaba a escuchar los supuestos mensajes que le llegaban y que nunca actuó en función de ellos, lo cierto es que fuentes de dicho organismo afirman que el economista omitió que sí tomó ciertos resguardos e impartió instrucciones a sus subalternos relativos al caso, lo que le costó varias polémicas internas. Según dichas fuentes, Jorratt apeló en varias oportunidades al supuesto “enojo de Interior” para abordar definiciones internas relativas a la investigación junto al resto de los directivos del SII, incluyendo al subdirector jurídico de la entidad, Cristián Vargas, con quien terminó finalmente protagonizando una dura disputa interna a raíz del mismo tema.
Vargas, que podría ser citado a declarar también por este episodio, ha comentado en los últimos días a sus cercanos que en su testimonio aportará hechos “omitidos” en la versión de Jorratt, como que habría sido a partir de consideraciones políticas -en su momento también atribuidas a instrucciones de Interior- que se le ordenó acotar la incautación de la documentación contable de SQM al año 2009 y no extenderla hasta el 2014 como había solicitado inicialmente el servicio. “No fue una decisión autónoma del subdirector jurídico, como declaró Jorratt”, señala una de las fuentes consultadas por Reportajes.
Según esta versión, horas después de la presentación de la querella, luego de que el director del SII comentara que Peñailillo manejaba ya los detalles de la acción judicial, Vargas le preguntó de dónde había obtenido la información, pues hasta ese momento la querella se mantenía en reserva y el comunicado público del SII no hacía referencia a las diligencias encomendadas. Jorratt, afirman las fuentes, le habría respondido que “un fiscal” había advertido a Interior del contenido del escrito.
Más allá de los hechos que lo motivaron, el oficio que Vargas envió a la fiscalía para restringir el margen de acción de la fiscalía en la incautación de documentos de SQM fue enviado tres días después de la reunión en Hacienda convocada por Andrea Palma para -según la declaración de Jorratt- “entender el alcance de la querella” presentada el 9 de enero. La cita fue en el piso 11 del Ministerio de Hacienda, en el salón de reuniones del ministro. Allí los esperaban Palma y el abogado Samuel Donoso, a quien no conocían de antes. La jefa de gabinete lo presentó -declaró Jorratt- como “un abogado de mucha confianza del gobierno”.
Según otros asistentes a la cita, Donoso habría dejado en claro que no había interés de Interior, porque se avanzara en el caso SQM y, junto con criticar la actuación del SII, se entrampó en una discusión jurídica con Vargas. Jorratt declaró ante los fiscales que el abogado “fue prepotente”.
Donoso, en todo caso, no volvió a participar en citas de esa naturaleza, aseguran en el SII. Tres días después de ese encuentro, eso sí, el lunes 12 de enero, el nombre del abogado que Palma había presentado como hombre “de confianza” del gobierno era incluido en un poder notarial que lo formalizaba como el representante legal del aún gerente general de SQM, Patricio Contesse.
Quien sí continuó en contacto fluido con Jorratt, de acuerdo a lo declarado por el ex director del SII, fue Palma.
Pocos días después de la polémica cita, ambos se reunieron nuevamente y se sucedieron las solicitudes.
El ex director de Impuestos Internos declaró a fiscalía que Peñailillo había sugerido “ir en camiones si fuera necesario” a SQM para impedir la entrega de la información contable de la minera al Ministerio Público.
Según fuentes del SII, lo que no habría relatado a los fiscales es que producto de esas peticiones debió convocar a una reunión de los subdirectores del SII, en la que se debatió abiertamente un punto de interés para Interior y que estaba íntimamente ligado al caso: que el servicio entablara una contienda de competencia contra la fiscalía respecto de quién tenía la atribución sobre las investigaciones en materia tributaria. El escrito, afirman hoy quienes participaron de esa reunión, habría dado piso al recurso que había presentado SQM ante el TC.
Tras un duro debate, en el organismo se decidió no presentar el recurso.
Sin embargo, tiempo después se produciría un tercer hecho que el ex director del SII omitió en su declaración y que, según fuentes del organismo, daría cuenta de los resguardos que el propio economista tomó en relación a la investigación. Tras otra áspera discusión en el marco de una reunión con los subdirectores de las áreas de Fiscalización y Jurídica, Jorratt instruyó que todo lo relativo a la investigación que se llevaba adelante por las sociedades SQM Salar, Harold and Johns, Alsacia, Ripley y las del grupo Angelini, salieran del control del equipo que hasta entonces lideraba las investigaciones -comandado por Vargas- y quedaran en manos de Fiscalización. A partir de esa decisión, el caso no ha conocido de nuevas acciones penales.
El control de daños de Peñailillo
Los movimientos desatados al conocerse las denuncias de presiones de Jorratt han sido seguidos detenidamente por el entorno de Peñailillo. Y los cercanos a éste sostuvieron que el ex ministro está indignado con la ofensiva desencadenada.
En privado ha señalado que las mismas gestiones que hoy le cuestionan son las que se le demandaban desde distintos sectores para encauzar las investigaciones de financiamiento irregular de la política.
El ex director del SII, al ser consultado por las razones que lo hicieron mantener silencio acerca de lo que denuncia como presiones, aseguró a Reportajes que “he dicho varias veces que mi jefe directo era Arenas y que él nunca me presionó, y eso es lo que importa”.
En el entorno de Palma, por su parte, se asegura que la funcionaria -quien tendría una oferta para trabajar en la Municipalidad de Santiago- ha dicho que la cita ventilada por Jorratt no obligaba la presencia del entonces director de Impuestos Internos y que él se sumó de manera voluntaria.
La revelación de las gestiones del entonces ministro Peñailillo revivió la presencia del ex hombre fuerte de Bachelet en La Moneda. De manera informal, integrantes del comité político consultaron con abogados penalistas las eventuales complicaciones jurídicas que se abren para el ex titular de Interior.
Hasta ahora, una tensa calma se instaló en Palacio: las primeras impresiones apuntan a que las confidencias de Jorratt no logran configurar una causa por obstrucción a la justicia.
El jueves 9, el juez Juan Manuel Escobar no accedió a entregar 150 días al Ministerio Público para que amplíe su investigación por financiamiento irregular de campañas. A cambio le otorgó tres meses como plazo adicional.
En Impuestos Internos, en tanto, ya suma -al cierre de esta edición- 54 días en que mantiene pendiente la decisión de querellarse en contra de la filial SQM Salar de donde provinieron pagos para la precampaña de Bachelet que dirigió Peñailillo.
En el entorno de Martelli, además, señalan que la audiencia para su formalización se llevaría a cabo, en el mejor de los casos, a fines de agosto.
