Esta semana el Ministerio de Hacienda detalló las restricciones que tendrá cada cartera con el ajuste fiscal que se definió debido al menor crecimiento del país -que llegó al 2% del PIB, y no al 2,7% como se había proyectado-. Uno de los sectores más afectados fue Educación (con el 18% de su presupuesto), donde ya está en marcha un ambicioso plan de inversión que para este año implica un gasto de, al menos, US$ 1.788 millones y que a 2026 llegaría a US$ 2. 442 millones. Una mayor carga financiera que según expertos, con toda las reformas ya en régimen, se traduciría en más US $ 5.000 millones extras.
Esta inversión apunta a financiar la creación de dos nuevas universidades del Estado y de 15 CFT estatales, la gratuidad en educación superior, carrera docente, la Ley de Inclusión y el nuevo sistema de educación pública.
Y si bien los consultados destacan que, justamente, para sostener esta nueva carga financiera se diseñó la reforma tributaria, el menor crecimiento económico, debido a la caída del valor del cobre y la recesión del mercado mundial, abre un margen de duda importante.
Según un análisis de Acción Educar, centro de estudio integrado por ex profesionales del Ministerio de Educación (Mineduc) durante la administración pasada, “la realidad económica del país no permite la implementación acelerada de nuevos proyectos educacionales sin poner atención en los costos que estos conllevan”. En su informe “El ajuste fiscal y las reformas a la educación”, agregan que “considerando la implementación de seis de los proyectos de educación más relevantes en el escenario actual, vemos que estos equivalen a más de tres ajustes fiscales de US$ 540 millones cada uno, cifra que se mantendría más o menos estable hasta que todos estos proyectos entren en régimen al año 2025 ($ 380 mil millones)”.
Según explica el director ejecutivo de Acción Educar, Raúl Figueroa, “en la medida que el financiamiento depende de los recursos que el fisco está en condiciones de entregar, eso repercute en el desarrollo del sistema y en la calidad”. Y añade que “en ese sentido va quedando en evidencia la necesidad de mantener un equilibro del financiamiento entre gasto fiscal y aportes privados”.
Así, este centro de estudios propone que “la política de financiamiento de la educación superior reconozca esta realidad y limite la gratuidad al 50% más vulnerable de los estudiantes y respecto del resto de los estudiantes se desarrolle un buen sistema de becas y créditos que combine adecuadamente el aporte fiscal y el privado”, explica Figueroa.
La investigadores de Libertad y Desarrollo, María Paz Arzola, plantea que “si se compara año a año el mayor gasto comprometido en educación con los ingresos que se espera recaudar debido a la reforma tributaria, hay un descalce en el tiempo: los mayores ingresos producto de la reforma tributaria se harán efectivos antes de que comiencen a regir los cambios en educación”. De esta forma, dice, “cuando se requiera desembolsar el mayor gasto en educación, es probable que los recursos de la reforma tributaria ya se hayan comprometidos en otras iniciativas de carácter permanente -no necesariamente en materia educacional- y el Gobierno de turno deba buscar otras formas de financiar todo lo que se haya aprobado con anterioridad”.
Por otro lado, Arzola añade que “el proyecto de ley de desmunicipalización considera un mayor gasto en régimen insuficiente, pues equivale a lo que hoy aportan los municipios a educación (que bajo el nuevo sistema dejarán de ser los sostenedores y por ello dejarán de contribuir). Y en cuanto al compromiso de avanzar hacia la gratuidad universal, también parece poco plausible, no sólo por la complejidad de los mecanismos y por la falta de acuerdos, sino por el orden de recursos que requeriría (por lo menos US$ 3.600 millones anuales)”.
Una visión completamente opuesta tiene Educación 2020. Para el director de Política Educativa de ese organismo, Manuel Sepúlveda, “la solución no es la mayor participación de los privados, porque hay suficiente evidencia de que la fórmula con más presencia de ese sector no dio buenos resultados y por eso vemos, por ejemplo, un profundo endeudamiento, instituciones sin calidad y carreras sin mercado laboral”.
Sepúlveda apunta a que se espera que con la Reforma Tributaria se pueda financiar toda la reforma en educación, pero aclara que hay que ir monitoreando la realidad del país. “Hay prioridades presupuestarias que se deben respetar. Por lo mismo, dependiendo de ciertos indicadores económicos, se puede ir avanzando en algunas materias, como por ejemplo, en aumentar el porcentaje de beneficiados con la gratuidad en educación superior”.
El senador socialista, Carlos Montes, también apuesta por la prudencia. “Tengo dudas de que vayamos a poder avanzar al ritmo que se había planificado la reforma antes de la desaceleración económica y eso obliga a reevaluar el ritmo de avance. Eso no cuestiona el objetivo ni el espíritu de la reforma, sí obliga a más realismo, obliga a hacerlo en la medida que se pueda, pero sin echar pié atrás en el objetivo”. La Tercera
