El análisis histórico contiene al menos tres niveles: el primero dice relación con los acontecimientos pretéritos que suceden en espacios y tiempos determinados. El segundo alude a la persona que analiza el pasado, cuya subjetividad (generacional, contextual, ideológica) permea aquello que se busca transmitir a la audiencia. Ambos dan forma a un tercer elemento: me refiero al conocimiento acumulado y los debates que se producen en torno a temas específicos, y que suele conocerse como “historiografía”.
Es decir, la reconstrucción del pasado pasa en buena medida por la interpretación subjetiva de aquel que desarrolla la argumentación y del contexto intelectual en el que se desenvuelve. De ahí que el estudio de la historia pueda tomar giros inesperados cuando se descubre un nuevo documento o cuando las preguntas hasta entonces empleadas se enriquecen con ideas de otras áreas de las humanidades, las ciencias sociales o incluso las ciencias “duras”.
Ahora bien, a pesar de que el trabajo historiográfico es esencialmente subjetivo y dinámico, los gobiernos y los intelectuales que les son afines muchas veces sucumben ante la tentación de diseñar verdades históricas oficiales, como si el hecho de dejar por escrito una interpretación “objetiva” del pasado fuera razón suficiente para descartar cualquier otra. Ocurre sobre todo en los regímenes autoritarios, aunque hay veces en que dicha pulsión logra colarse entre los que, premunidos de un discurso supuestamente imparcial e informativo, creen que la historia puede manipularse y digitarse por decreto.
Me temo que mucho de esto último se encuentra tanto en la campaña “Hagamos historia” del gobierno del presidente Boric, como en el Preámbulo del borrador constitucional emanado por la Convención.
Más allá de las omisiones y errores del video gubernamental (por ejemplo: no hace mención al Congreso Constituyente de 1828, cuyos miembros -más de veinticinco- tuvieron a su cargo el estudio de la Constitución de ese año; nada dice, por otro lado, que la Carta de 1833 fue el resultado de una reforma constitucional visada por una “Gran Convención” compuesta por 36 personas, no por las siete que se desprenden del video; tampoco señala que la Constitución de 1925 fue plebiscitada en un referéndum en agosto de ese año), lo que realmente preocupa son los reduccionismos históricos en los que incurre la propaganda, así como la pretensión de sus creadores de elaborar una nueva versión oficial de la historia constitucional del país.
El gobierno quiere convencernos de que, salvo el actual, Chile no cuenta con procesos constituyentes “democráticos”. Esto podrá ser cierto en un plano retórico, pero es una visión simplona que no reconoce que la historia responde, como dijimos, a espacios, tiempos y contextos diferentes. ¿Qué sacamos con medir los anteriores procesos constituyentes con la misma vara que usamos para clasificar el actual? La Constitución de 1925 fue la primera que estableció que Chile se regiría por un gobierno “democrático representativo”. ¿Quiere decir eso que las constituciones anteriores eran “antidemocráticas”? No, más bien significa que, durante buena parte del siglo XIX, la democracia no estaba en el horizonte de posibilidad de los constitucionalistas y que, por ello, cualquier comparación en esos términos es anacrónica y extemporánea.
No muy distinto es el caso del Preámbulo preparado por los convencionales. Allí se presentan opiniones subjetivas como si se tratara de dogmas incuestionables, lo que es doblemente complejo considerando que las constituciones deben aspirar a unir a las sociedades, más que a transformarse en programas de una tendencia política determinada. Este es un error que cometió la dictadura cuando, en un ejercicio similar al de los redactores del mentado Preámbulo, los constituyentes del 80 diseñaron un tipo de sociedad excluyente a través de un relato monocromático y maniqueo de nuestra historia.
Dos ejemplos son suficientes para explicar el punto: al principio del texto se dice que “el pueblo de Chile” está “conformado por diversas naciones”. Esta es una opinión que, como toda opinión, está sujeta a interpretación; de hecho, mezcla elementos culturales con cuestiones jurídicas, lo que dificulta una comprensión cabal de lo que se entiende por “pueblo” y “naciones”.
Un poco más adelante, los autores del Preámbulo sostienen: “considerando los dolores del pasado y tras un estallido social, enfrentamos las injusticias y demandas históricas con la fuerza de la juventud”. Esta frase tiene varios problemas: por de pronto, muestra una concepción muy pobre de la historia, ya que es evidente que el pasado de cualquier sociedad es algo más complejo que una sumatoria de despojos y dolores.
Asimismo, al explicitar que el “estallido” es el único evento fundante del proceso constituyente, los autores han hecho de la violencia de octubre un eje mítico de su relato, siendo que, en realidad, fue el “Acuerdo” de noviembre el que permitió que la ciudadanía se expresara masivamente en el plebiscito de entrada. Para no hablar de las múltiples otras instancias políticas y académicas que mostraban la necesidad de redactar un nuevo pacto constitucional, incluso con anterioridad a 2019.
¿De verdad piensan los constituyentes que la historia empezó con ellos? ¿No hay nada de la tradición constitucional que pueda recuperarse? ¿Qué quieren decir con “la fuerza de la juventud”? ¿Las generaciones anteriores no importan? A juzgar por el video del gobierno y el Preámbulo de la Convención, hay una correlación directa entre la propaganda del Ejecutivo y las líneas introductorias del borrador constitucional.
En ambos casos resalta la arrogancia refundacional de creer que la historia comenzó hace menos de tres años. En ambos, en fin, sobresale el deseo de construir un nuevo relato oficial, sin dar cabida al disenso ni a la subjetividad que tanto enriquece a la historiografía. (Ex Ante)
Juan Luis Ossa
