Un riguroso silencio ha mantenido el ex gerente general de SQM Patricio Contesse ante la fiscalía durante los dos años y medio desde que estalló el caso que vinculó a la minera no metálica -en febrero de 2015- con el financiamiento irregular de campañas políticas. Pero el mutismo de Contesse podría acabar muy pronto.
Tanto el caso Penta como SQM, que obligaron una reforma radical del financiamiento de la política, están en su fase final. De hecho, la arista principal de la indagatoria en que está el ex gerente general cuenta con un plazo de investigación que venció hace 25 días.
El equipo, liderado por el fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, en este tiempo ha ido separando la causa en aristas que ya suman seis y que se tramitan en paralelo. Una de las principales quedará zanjada en unos días, cuando la fiscalía pida al 8° Juzgado de Garantía audiencia para formalizar la responsabilidad de la persona jurídica de SQM.
Esta imputación -que cuenta desde hace nueve meses con una querella del CDE- es resultado del supuesto soborno que Contesse habría cometido con el otrora senador UDI Pablo Longueira en el marco de la tramitación de la Ley de Royalty.
Y es que desde 2009 -por una exigencia de la Ocde- se sanciona a las empresas que no implementen modelos de prevención certeros que impidan que sus ejecutivos cometan diversos delitos, entre ellos el cohecho, como se investiga en este caso.
Esta arista es la que más preocupaba a la firma ligada a Julio Ponce Lerou, debido a los efectos que podría tener sobre sus negocios en el extranjero, ya que una condena por delitos ligados a corrupción entorpecería que SQM transara en mercados internacionales.
Una prueba de esta inquietud es el millonario acuerdo en que la firma no metálica pagó en enero US$ 30 millones al Departamento de Justicia del regulador de valores de Estados Unidos tras admitir “pagos irregulares a políticos”.
Pero en Chile la situación judicial de SQM está a punto de despejarse justo en momentos en que uno de sus principales accionistas pretende vender su parte de la minera no metálica: hace algunos días la Unidad Especializada Anticorrupción (Unac) de la Fiscalía Nacional -a través de un informe técnico obligatorio en este tipo de casos- dio luz verde a la propuesta que le hizo el equipo que dirige Gómez para cerrar un acuerdo de salida alternativa con la empresa.
Con ese informe favorable, una vez que se formalice a SQM ante la justicia, el Ministerio Público le ofrecerá -en ese mismo acto- una suspensión condicional que le permitirá salir de la causa penal sin condena, pero bajo un millonario pago que en total suma US$ 3.819.000.
Los términos que el equipo SQM viene negociando hace meses con el penalista Hugo Rivera, abogado de la firma, son el pago de 20.000 UTM a beneficio fiscal ($ 940 millones) y $ 1.500 millones a una institución de beneficencia -aún por definir-, además de una publicación en el Diario Oficial y difusión de la sentencia en un periódico de circulación nacional.
FÉRREA OPOSICIÓN
Aunque todo está listo para sellar la salida de SQM, existe un actor en la causa que podría oponerse: el Consejo de Defensa del Estado (CDE). Pese a que los integrantes del Comité Penal -en un inicio- eran proclives a que la fiscalía ofertara a la minera no metálica esta salida, se decidió -por la relevancia del caso- elevar los antecedentes al consejo pleno, el cual el 8 de agosto rechazó los términos del acuerdo. “Comunicar al Ministerio Público la opinión contraria del consejo a una suspensión condicional del procedimiento planteada”, se lee en el acta que justifica su decisión, “en atención a la relevancia de los bienes jurídicos comprometidos en la actuación de la empresa investigada”.
A mediados de este año, los abogados de SQM Hugo Rivera, Sergio Bunger y Rodrigo Ávila libraron sin éxito una dura batalla ante tribunales para sacar al CDE como querellante de la causa. Los juristas argumentaron que en este tipo de casos el Fisco no tiene calidad de víctima, ya que se sanciona el incumplimiento de un modelo de organización, administración y supervisión para prevenir delitos al interior de una empresa privada. Así, no son afectados los intereses patrimoniales del erario estatal.
Los intentos de la defensa de SQM fueron rechazados en primera instancia en la corte, quedando a firme la querella del organismo que acusa “la transferencia de fondos a favor del entones senador Longueira por Contesse para que aquel favoreciera los intereses de SQM en la tramitación de la denominada Ley de Reconstrucción o royalty minero tramitada durante el año 2010”. El CDE, además, alega que la persona natural (en este caso Contesse) responde del soborno “mientras que la persona jurídica en realidad responde de un tipo penal autónomo, que consiste en la infracción de sus deberes de supervisión y dirección que permiten el delito ajeno (de uno de sus dependientes”.
Fuentes al interior del organismo aseguran, en todo caso, que no está descartado sumarse a un acuerdo con la fiscalía y explican que para ellos esta causa es de alta importancia, tanto así que -confidencian- presentaron la querella el 15 de diciembre del año pasado, pensando justamente en la interrupción de la prescripción, lo que se logró con su acción penal. Desde el organismo han señalado que en los últimos días se han reactivado los acercamientos para volver a tratar el tema en el consejo.
Pese a la oposición del representante el Fisco, el Ministerio Público podría oficializar la salida alternativa a SQM y ahí serán los abogados querellantes quienes podrían oponerse en la audiencia.
RENUNCIAR AL SILENCIO
La separación entre la causa de soborno que se le imputa a Contesse y Longueira y la causa penal en que el CDE está querellado contra la persona jurídica de SQM es un tema que causó molestia en el juez de garantía Luis Avilés, quien calificó de “insensata” la decisión de la fiscalía.
En una resolución sobre este tema, el magistrado expresó que “tener separadas estas dos causas es bastante implausible” y que “no se puede llevar adelante un juicio fáctico de la responsabilidad jurídica en la causa A y paralelamente un juicio normativo de la persona jurídica en la causa B”.
Además, el juez advirtió que el Ministerio Público -y se excusó por la expresión usada- estaba “jugando con fuego”. “Usted no puede imputarle fácticamente a Soquimich en la causa A: ‘Mire todo el defecto de organización que permitió que Contesse produjera el delito base con quien era funcionario público en esos años, al señor Longueira, y ahora en esta causa estar persiguiendo a Soquimich”, dijo en esa oportunidad.
Pese a las críticas, la fiscalía ha seguido separando aristas y, al interior del organismo, se sostiene que la idea es ir determinando distintas salidas judiciales acordes a los hechos indagados y también esperar algunas querellas del Servicio de Impuestos Internos (SII) que aún no se presentan, por ejemplo, en contra del candidato presidencial del PRO Marco Enríquez-Ominami y del propio Longueira. Es ahí donde el factor Contesse podría ser determinante.
Y es que una vez despejada la responsabilidad de la empresa ligada a Ponce Lerou, sostienen al interior del Ministerio Público, se allanaría el camino para que Contesse declare por primera vez cómo y por qué se hicieron aportes políticos mediante una fórmula que es interpretada por los acusadores como fraude tributario.
Según conocedores del caso, basta que el ex gerente general de SQM se refiriera a ME-O y Longueira para que la fiscalía enviara al SII “nuevos antecedentes” que -como ocurrió en el caso del senador DC Jorge Pizarro y del ex PS Fulvio Rossi- se activaran acciones desde el organismo que cuenta con la exclusividad de la acción penal en materia tributaria.
En una de las diversas reuniones sostenidas para “aunar criterios” en la Fiscalía Nacional, la fiscal Paola Castiglione -del equipo SQM- sostuvo ante los equipos del caso Penta y Corpesca que han existido acercamientos para un eventual procedimiento abreviado de Contesse. De acuerdo a lo expresado por Castiglione, Contesse estaría dispuesto a renunciar a su silencio para configurar la atenuante que le falta para rebajar su condena y poder cumplir con el requisito para una salida judicial con la que evitaría un juicio oral.
No sería la primera vez que el Ministerio Público actúe así en un caso de financiamiento ilegal de la política. Los imputados pueden acceder por esta vía a una pena de menos de cinco años, lo que les permite optar a beneficios y cumplir su castigo en libertad, evitando, de paso, un juicio oral en que deben estar presentes y que -en casos de alta complejidad como estos- pueden durar varios meses. Pero para ello deben reconocer los hechos investigados por la fiscalía. En el caso Penta, el primero en acceder a esta fórmula fue Jovino Novoa, pero la Fiscalía Oriente también negoció con el ex gerente de Penta Hugo Bravo un procedimiento de este tipo, sin embargo, el ejecutivo falleció poco antes de concretarse.
En el caso SQM ya han optado por esta salida judicial el geógrafo y dueño de Asesoría y Negocios, Giorgio Martelli, vinculado a la campaña presidencial de Michelle Bachelet, y la contadora Clara Bensán, ligada a la campaña presidencial de Eduardo Frei en 2009.
Todos estos juicios abreviados fueron cerrados. Es decir, la fiscalía acusó por los hechos que consideró delito, los imputados aceptaron ante el tribunal lo expresado por el Ministerio Público y el juez de garantía luego dictó una pena que no puede ser superior a la que pide el fiscal.
En el caso de Contesse, existe una modalidad que se estudia utilizar si es que en estas últimas semanas de cierre del caso el ex ejecutivo decide colaborar: un juicio abreviado abierto.
En este escenario, Contesse tendría que aceptar los cargos por delitos tributarios, pero dejarían -tanto el Ministerio Público como la defensa- en manos del juez de garantía establecer si las pruebas con las que cuenta la fiscalía y que deberá exhibir en esa oportunidad configuran o no el delito de cohecho a Longueira.
La expectativa, entonces, apunta a que de renunciar a su derecho a guardar silencio, el ex gerente general colabore admitiendo que entregó aportes económicos a políticos, que se acordó como modalidad hacerlo contra boleta o factura ideológicamente falsa, pero que en ningún caso con esto su expectativa era “comprarlos” o sobornarlos.
EL EFECTO CONTESSE
De conjugarse todos estos factores y concretarse un procedimiento abreviado abierto, la fiscalía sometería por primera vez -en estos casos de financiamiento ilegal de la política- las imputaciones de cohecho ante un tribunal que será finalmente el encargado de dirimir si esos pagos se pueden vincular a una infracción de los deberes de ese funcionario público.
Al interior de la fiscalía ya se habla del “efecto Contesse”, así como se habla del “efecto De Mussy” cuando un imputado que va a ser acusado no cuenta con querella del SII. Esto, porque si en ese procedimiento abreviado abierto el tribunal absuelve al ex gerente general de la minera no metálica por el delito de cohecho, el efecto inmediato es la imposibilidad de seguir adelante con la imputación de ese tipo penal a Longueira.
Si bien en la justicia chilena la jurisprudencia de un caso no es vinculante a otro, se sabe que una exculpación al imputado de soborno -como en este caso- debilitaría la causa contra el acusado de cohecho. En ese escenario, la fiscalía podría decidir no perseverar contra el ex parlamentario.
Ahora, si Contesse resulta condenado tomaría fuerza la causa contra el otrora coronel de la tienda gremialista y con ello -también- los otros sobornos que se imputan en casos semejantes, por ejemplo, el de los controladores de Penta, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, y respecto del ex subsecretario Pablo Wagner.
Desde el entorno de Contesse aseguran que desde el inicio del caso el ex gerente general ha estado dispuesto a enfrentar un juicio oral convencido de que los hechos investigados no son delitos, aunque no se descartan otras alternativas que el propio proceso penal tiene contemplado. Contactado por Reportajes el abogado de Contesse, Samuel Donoso, declinó referirse a eventuales acuerdos, tratativas, acercamientos o negociaciones de su cliente en el caso. (La Tercera)
