En política no todo es como parece. El objetivo principal de la reforma previsional del Gobierno no es mejorar las pensiones (ese es el caramelo para lograr apoyo popular), sino introducir un par de píldoras envenenadas: 1) control del gobierno del mercado de capitales; y 2) reparto que llevaría a la quiebra del sistema.
La primera píldora debilita la economía de mercado, al permitir el control del crédito por parte del Estado, que intervendría en el financiamiento de la inversión eligiendo proyectos a gusto del político y a costa del pensionado, pues serían menos rentables. La segunda píldora permitiría al gobierno realizar transferencias intergeneracionales que favorecerían a pensionados actuales, dejándole el muerto a futuros gobiernos que tendrían que financiar a los jubilados del mañana.
Pero la oposición tiene la posibilidad de dejar que la gente tome el caramelo de las mejores pensiones, evitando la destrucción del sistema. Para eso debe negociar propuestas que resuelvan de verdad los problemas que existen. Parte de la tarea está hecha con la creación de la PGU en el gobierno de Piñera. Faltan medidas como las siguientes: 1) aumentar la PGU al valor de la línea de pobreza; 2) adicionalmente, llevarla a la tasa de reemplazo (pensión/remuneración) promedio de la OCDE (62%); 3) subir además 30% la PGU a mujeres que han cotizado al menos 15 años y a inválidos. Cálculos de LyD estiman que esto costaría 0,43% del PIB, cerca de 1.300 millones de dólares anuales.
Con ello se hace solidaridad verdadera, de ricos que pagan impuestos a pobres con pensiones bajas, y no redistribución desde trabajadores hacia quienes determinen los políticos. La población más vulnerable queda así cubierta. Además, se debe resolver el problema de la clase media. Para ello, es clave el aumento de cotización de 6% que debe ir toda a cuentas individuales, administradas por quien elija el trabajador. Cualquier punto menos nos alejará del objetivo. La caída de las tasas de interés mundiales y el envejecimiento poblacional lo exigen (incluso podrían requerir mayores tasas en el futuro).
Para los valientes que prefieren al Estado gestionando sus ahorros, podría autorizarse un administrador público con las mismas reglas del juego de los privados. Por algo en los últimos 30 años 82 países con reparto han debido aumentar las tasas de cotización, 65 aumentar la edad de jubilación y 67 disminuir los beneficios: el reparto viene de vuelta.
Como se advierte, nada que ver con lo que discutía la fenecida comisión “técnica” nombrada por la ministra Jara, que analizó propuestas basadas en nula evidencia (que cambiaban día a día) para despostar el sistema como un animal en el matadero. El diálogo sobre el destino del 6% mantiene ocultas las píldoras envenenadas del proyecto. El gobierno debe negociar en serio si quiere reforma.
El ministro de Hacienda debiera tener la honestidad intelectual de admitir que el sistema chileno ya contempla solidaridad (la nueva PGU hace que de las pensiones pagadas casi la mitad provenga de subsidios y no de ahorros personales). Es una mentira que los pensionados deben rascarse con las propias uñas. La solidaridad de nuestro sistema de pensiones es más progresiva que la del proyecto Marcel-Jara. Hay muchas formas de aumentar las pensiones de los chilenos al día siguiente de la reforma, no en 30 años más. Aquí les he descrito una de ellas, que tiene la ventaja de no destruir el mercado de capitales.
Presidente, no use más a los pensionados para refundar Chile: mejor súbales las pensiones. (DF)
Luis Larraín
