Se encuentran en primer trámite constitucional en el Congreso dos proyectos de ley promovidos por el Gobierno y de gran relevancia para los niños nacidos y no nacidos, que curiosamente, frente a hipótesis similares, tienen soluciones diametralmente diferentes. El primero de ellos es el que despenaliza el aborto en las causales de riesgo de la vida de la madre, inviabilidad fetal y violación, y el segundo, el que establece una reforma integral al sistema de adopción en Chile.
Mientras el primero de esos proyectos ve al que está por nacer como objeto de derechos, el segundo lo involucra como un sujeto de derechos. Lo anterior se refleja en que se puede terminar con la vida del niño concebido, pero no nacido, en las causales ya señaladas, como parte de la autonomía de la mujer para disponer de su propio cuerpo; en cambio, en la adopción, al que está por nacer se le busca proteger y cuidar permitiendo a la madre que está en conflicto con su maternidad iniciar antes del alumbramiento el proceso de adopción de su hijo, reconociéndosele su calidad de persona y por ende de resguardo y garantía, aun cuando no haya nacido.
Pero, además, en el caso de la adopción, cuando la madre que tiene a su hijo en su vientre inicia el proceso, es decir, para que su hijo por nacer pueda tener una familia que lo acoja, el padre de la criatura puede oponerse, debiendo el juez respetar dicha decisión velando siempre por el interés superior del niño. En cambio en el aborto, cuando la decisión tiene por objeto matar al niño que está por nacer, el proyecto de ley no le permite al padre ejercer un derecho a oponerse.
Lo curioso de todo esto es que si aplicáramos el conocido aforismo jurídico de que donde existe la misma razón debe existir la misma disposición, deberíamos entonces entender que la normativa del aborto es contradictoria en relación con la adopción que el Ejecutivo también promueve, porque simplemente frente a un mismo hecho, al que está por nacer se le da un trato distinto; en el aborto como un «algo» al cual se le puede desechar según la voluntad de la mujer y sin necesidad de consentimiento del padre, y en la adopción, como un «alguien» al cual se le reconocen derechos protegiéndolo incluso antes de su nacimiento, y donde el padre juega un rol fundamental, pudiendo oponerse a una eventual adopción.
Todo lo anterior refleja la ideología y el doble discurso del Gobierno, que frente a casos análogos da respuestas a todas luces diferentes, ignorando cuestiones tan relevantes como la esencia del ser humano, aun cuando este no se haya separado completamente del vientre materno, pero al que como toda persona debe reconocérsele su dignidad intrínseca.
