Entre los pilares de la política exterior se encuentra la adhesión al Derecho Internacional y al multilateralismo, lo que supone la cooperación en materias políticas, protección de los derechos humanos, comercio, cuidado del medio ambiente, procura de desarrollo inclusivo y sustentable, protección de inversiones, solución pacífica de las controversias, entre otros.
Estos principios cobran mayor validez con la globalización, en un período en que se están redefiniendo las reglas de un nuevo orden mundial. Muchos de los desafíos actuales solo pueden ser enfrentados entre todos los países. Así lo ha venido a confirmar la pandemia del covid-19. Una conducta autárquica se vuelve contra el Estado que la asume. Chile hoy está plenamente inserto en el sistema internacional. Nuestras exportaciones alcanzan el 56% del PIB.
La disyuntiva es entre un mundo sin normas o con una regulación poco efectiva que permita mayor posibilidad de acción al más fuerte, y un mundo con reglas imperativas y ecuánimes. La opción es evidente, especialmente para un país de tamaño medio como el nuestro. La nueva administración de los EE.UU. anuncia un cambio de rumbo en favor de la cooperación internacional.
No obstante, se observan posiciones críticas a la vinculación de nuestro país a algunos tratados internacionales sobre temas de especial relevancia. Se invoca una concepción de soberanía nacional que, a nuestro juicio, ha sido superada por los hechos y que se proyecta como una sombra del período en que el país vivió un fuerte aislamiento. Lo paradojal es que, según la naturaleza de los acuerdos, esta actitud es compartida por grupos de diversa raigambre política e ideológica.
En efecto, el Gobierno ha sido reticente para firmar el Acuerdo de Escazú. Chile, consciente de la importancia del medio ambiente, junto a Costa Rica, lideró la iniciativa. Abruptamente congeló su participación argumentando razones de soberanía. El Gobierno ha adoptado la misma actitud, con similares alegaciones, frente al Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular de Naciones Unidas de 2018.
La aprobación del Protocolo de San Salvador sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales sigue en el Congreso desde hace más de una década. Para no mencionar los años que costó lograr la adhesión a la Corte Penal Internacional, al Convenio 169 de la OIT y el Protocolo Facultativo de la CEDAW. Recordemos los argumentos que no hace mucho se esgrimieron para que Chile denunciara el Pacto de Bogotá.
Similar actitud, basada también en invocaciones a la soberanía, han surgido ahora desde otros sectores políticos para oponerse a la ratificación del Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (TPP-11, luego de que Donald Trump retirara a Estados Unidos, basado también en alegatos proteccionistas). En la negociación del acuerdo, nuestro país jugó un papel relevante. Por ello se firmó en Santiago el 8 de marzo de 2018 con la presencia de ministros de Relaciones Exteriores y de Comercio de los otros diez Estados.
El TPP-11 refuerza la presencia de Chile en el Asia-Pacífico en acción concertada con otros países de América Latina miembros de la APEC, como México y Perú. China, nuestro principal socio comercial, encabeza desde hace poco la Asociación Económica Integral Regional (RCEP). En esa zona clave para el futuro se están discutiendo las reglas del comercio. Es indudable que Chile debe estar presente.
Por lo demás, el TPP-11 contribuye al crecimiento económico y abre oportunidades para empresas y trabajadores de diversos ámbitos, especialmente a las pymes. El acuerdo contiene importantes normas sobre medio ambiente, reglas de origen y fitosanitarias, comercio de servicios y telecomunicaciones, legislación laboral, transparencia y anticorrupción. Su aprobación en el Senado daría un impulso a nuestra economía, tan necesario en estos momentos de crisis.
Chile no debe claudicar frente a posiciones proteccionistas. Está demostrado que mientras más amplio sea el espectro de la vinculación internacional, mejor se defienden los intereses nacionales.
Edgardo Riveros
Profesor de la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Central
José Antonio Viera-Gallo
Investigador Asociado al Centro de Políticas Públicas de la PUC
