Distintas alertas se encendieron a mediados de noviembre después de que se conociera que la gigante estatal china State Grid acordó la compra de CGE por US$3 mil millones.
Es que la Compañía General de Electricidad (CGE) es la empresa de distribución y transmisión de energía más grande de Chile y su reciente adquisición por parte de la firma asiática se suma a la compra que ya había hecho de Chilquinta en 2019. Con todo, la china poseerá más del 50% del mercado de distribución eléctrica nacional.
Ante los números de participación de mercado, la Comisión de Economía de la Cámara citó al mismo fiscal nacional económico, Ricardo Riesco, para abordar las inquietudes suscitadas: «No son privados los que participan, es el Estado chino y el Partido Comunista», alertó en dicha ocasión el diputado Jaime Naranjo (PS).
Sin embargo, el fiscal remarcó que si bien «entendía conceptualmente» la preocupación y los riesgos geopolíticos que pudieran eventualmente estar involucrados en adquisiciones de dicha naturaleza, «no nos corresponde -como FNE- pronunciarnos«.
Es más, «no existe un organismo público que tenga por objeto evaluar o analizar la procedencia de una transacción en nuestro país«, dijo.
La conversación no satisfizo a los parlamentarios presentes y quedaron de citar a una nueva sesión, esta vez con el ministro de Interior y el de Defensa.
Incluso algunos fueron más allá: Naranjo (PS) y Miguel Mellado (RN) presentaron la semana pasada un proyecto de ley de quórum calificado que busca que sea el Congreso el que autorice la inversión de Estados extranjeros en corporaciones o empresas chilenas cuya finalidad o función sea considerada indispensable para el funcionamiento del país y su población.
Pero no es primera vez que un país pone la luz del foco sobre las inversiones chinas en su territorio y enciende alertas por las posibles implicancias geopolíticas del aumento de la presencia del gigante asiático en su territorio.
¿El problema de todo?
«Efectivamente detrás está el Estado chino y no un inversionista privado. Si fuera una empresa particular, no existirían estos temores», explica a Emol el ex negociador de la Direcon, Rodolfo Vilches.
DEBATE EN COTRAS ECONOMÍAS Y CONTINENTES
En Australia, por ejemplo, 2019 registró la tercera caída anual consecutiva de las inversiones chinas en ese país. Todo, en medio de roces en la relación bilateral que inició con acusaciones de distintas autoridades que apuntaban a que el fuerte aumento de la presencia de Beijing estaba interfiriendo con la política nacional, y que siguió con limitaciones puntuales, como la exclusión de Huawei en el despliegue de la red 5G.
En junio, finalmente, el Gobierno australiano endureció las normas que rigen las inversiones extranjeras en el país para impedir que se realicen aquellas que podrían suponer un «riesgo para la seguridad nacional«. Medida que fue percibida como un intento para limitar la influencia creciente del gigante asiático. De todas formas, China es el principal inversionista extranjero en el país oceánico.
En Reino Unido, a principios de 2020, se abrieron las puertas para que Huawei participara en la red 5G, un hecho que causó revuelo al otro lado del Atlántico, en EE.UU., pero que Boris Johnson no dio mayor importancia.
Sin embargo, en julio el Gobierno británico ordenó la exclusión progresiva del gigante chino debido a la «incertidumbre» que causan las tensiones entre Huawei y Washington.
Para 2027 todos los operadores de telecomunicaciones deben tener retirado el material antiguo de Huawei de sus redes.
Pero ahora, el temor de Downing Street es que el gobierno de Xi -u otros- use a su favor la vulnerable situación en la que está la economía inglesa producto del covid para aumentar su presencia en sectores clave y, por eso, Johnson adelantó que dará a conocer un proyecto que obliga a las empresas a avisar a las autoridades del país sobre inversiones extranjeras en sectores como la defensa, transportes, comunicaciones y tecnología.
Lo anterior, vendría aparejado con la creación de una agencia regulatoria que revisaría las potenciales transacciones y que bloquearía o impondría condiciones a las que considere un riesgo para la seguridad nacional.
China tiene inversión directa en todos los Estados miembro de la Unión Europea y el incremento de su presencia también ha sido tema a nivel del bloque.
En marzo de 2019 la Comisión Europea calificó al país de «rival sistémico» y «competidor estratégico». Sus mayores proporciones de inversión están en Reino Unido, Alemania, Italia, Francia y Holanda.
Lo cierto es que toda la red que ha abierto China por Europa y otros continentes, como África y Oceanía, responden también a la estrategia comercial que desarrolla desde hace décadas con su llamada «Ruta de la Seda» y su reciente upgrade «La Franja y la Ruta», con las cuales busca «crear una comunidad global con un futuro compartido».
«La política de apertura china partió hace décadas atrás, pero en el último tiempo incluyó una serie de participaciones, desarrollo y cooperación en distintas áreas comerciales y de inversión. China ha creado una mayor relación con sus socios gracias a tratados que evidentemente generan mayor dependencia de esos países con China», analiza Vilches, quien hoy se desempeña como director de Estudios del Centro de Desarrollo Económico Internacional de la Universidad de Valparaíso.
Un ejemplo claro es de África, donde el gobierno de Xi anunció en 2018 la inversión de US$60 mil millones para su desarrollo económico. Dicho apoyo incluye US$15 mil millones de ayuda gratuita y de préstamos sin intereses, así como de inversiones de empresas de su país.
Y si bien el líder chino recalcó en su momento que «la inversión en África no viene con condiciones políticas», expertos temen por la dependencia que podría generar especialmente en países subshaharinos con altos niveles de deuda que contraigan créditos con el gigante asiático.
Muchos han tildado la situación como el «nuevo neocolonialismo económico», sobre todo porque China desplazó a EE.UU. como el principal socio comercial del continente.
De acuerdo a un análisis de Bloomberg, China tiene en Europa participación en 4 aeropuertos, 6 puertos marítimos y 13 equipos profesionales de fútbol
En América Latina, China se ha asentado cada vez más a través de fusiones y adquisiciones por parte de sus empresas estatales. De hecho, después de Asia, la región es su segundo destino más grande en inversiones.
Los principales sectores en los que se involucra son los relacionados a energía, tecnología, transporte e infraestructura.
También han habido casos emblemáticos de privados chinos como Tianqi que han ingresado al mundo minero de Latinoamérica, como lo fue en el caso de Chile y la compra del 24% de SQM.
Por otro lado, entidades como China Development Bank y Export-Import Bank of China están detrás del desarrollo de grandes proyectos de construcción, especialmente en Brasil, el principal receptor del dinero chino.
En Brasil, State Grid -la misma que compró CGE- es ahora la mayor compañía de electricidad integrada de Brasil, mientras que China Three Gorges el principal productor privado de electricidad del país.
El Presidente Jair Bolsonaro no oculta su discurso anti-chino, el cual mantiene desde su campaña, pero las estatales de Xi son las principales inversionistas de la infraestructura brasileña: puertos, ferrocarriles y electricidad. También poseen acciones en refinerías y gasolineras.
Uno de los ejemplos más recientes de diversificación de inversiones chinas en la región es la adquisición que hizo Didi Chuxing (el «Uber chino») de la empresa 99 Taxis en Brasil.
¿REGULAR EN CHILE INVERSION CHINA?
«El tema de fondo es que si esto quedara meramente en lo comercial, no habría problema. Aquí todo radica no en si una empresa participa o no en un sector estratégico, el tema es quiénes son los participantes de esas empresas. Al ser un Estado (China) se rompe la relación comercial y pasa a primar una relación más bien de índole político», expone Vilches a este medio.
En el fondo, insiste, la discusión gira en torno al grado de participación que pueda tener el Estado chino en esas empresas y la manera indirecta en que podría influenciar decisiones en otros países bajo un prisma más bien político que económico-comercial.
Sin embargo, el ex negociador de la Direcon enfatiza que Chile y China tienen 50 años de relación diplomática y que eso mismo ha llevado a que el gigante asiático sea hoy el principal socio comercial del país.
«Hay que recordar que Chile ha consagrado el principio de no discriminación a los distintos países inversionistas, por lo tanto para Chile llegar y establecer algún tipo de política de carácter discriminatorio sobre un país en particular es bastante costoso«, sostiene agregando que es costos en términos de las sanciones a las cuales se podría exponer la economía nacional.
Así, tras recordar que fue el mismo Presidente Sebastián Piñera el que en abril del año pasado fue a China y firmó una hoja de ruta comercial estratégica entre ambos países con 14 puntos, el experto agrega que las inversiones chinas no sólo están en el sector eléctrico del país, sino que también en el transporte, la minería, el mundo vitivinícola, el sector ferroviario, el hotelero, entre otros.
«Mi parecer es que el marco jurídico y técnico que tiene Chile es bastante robusto para las aprensiones que se están teniendo hoy. Si uno considera que ese marco no es suficiente, será el propio Chile el que debe hacer esos cambios normativos, pero no pueden ser sobre un Estado en particular, sino que en manera en general y no aplicar un trato discriminatorio sobre uno», asevera.
Sobre el mismo punto anterior, el abogado socio de Carcelen, Desmadryl, Guzmán y Tapia, Jerónimo Carcelen, apunta que «Chile es una economía abierta que ha promocionado y ha buscado traer inversión bajo principios como la igualdad de tratos, la no discriminación, y eso es muy importante para un inversionista extranjero a la hora de decidir dónde invertir».
«Hoy está esta noticia de esta compra en el sector eléctrico y el de infraestructura de la carretera Talca-Chillán, pero si uno va hacia atrás te das cuenta de que ya habían empresas Chinas participando con fuerza en el país en otras áreas», sostiene el abogado que ha tenido que representar a firmas asiáticas en procesos de licitación en Chile.
US$4.852millones fue la inversión directa de China en Chile en 2019 según InvestChile. Le siguió Canadá (US$2.866 millones) y EE.UU. (US$2.790 millones)
De todas formas, apunta que le parece legítimo que puedan haber alertas y que se quiera abrir la discusión sobre las inversiones en los llamados sectores estratégicos, «pero creo que es importante mantener los principios con los que Chile se ha parado frente al mundo para traer y atraer inversión extranjera».
Asimismo, Carcelen enfatiza que «un punto importante de diferencia con otros países donde quizás no está tan institucionalizado su régimen de inversión extranjera y basta que un funcionario de una empresa del país que sea se siente a negociar con un ministro y definan quién construye una carretera, es que eso en Chile no pasa».
«Los inversionistas chinos que vienen al país deben jugar bajo las mismas reglas que todos y no hay un trato privilegiado o de ventaja hacia ellos, de eso justamente se trata el principio de no discriminación que defiende Chile. Igualmente creo que es una discusión legítima y sana, pero creo que hay que ser conscientes de las instituciones que tienen los países y nosotros tenemos muy regulada la inversión extranjera». (Emol)
