Todos dependemos de otros en el desarrollo de nuestra vida. Desde que nacemos hasta nuestro último aliento necesitamos ser cuidados, y a su vez, debemos cuidar de alguien en algún momento. Con todo y a pesar de su trascendentalidad estas actividades se han mantenido invisibles y recluidas al ámbito privado.
Hoy enfrentamos una crisis de cuidados, que se agudizó y visibilizó especialmente a raíz de la pandemia del Covid-19. Por una parte las tasas de natalidad han disminuido drásticamente, mientras que la proyección de envejecimiento de la población continúa en aumento constante. Además, la creciente participación de las mujeres en el ámbito laboral ha generado un desequilibrio entre la cantidad de personas que necesitan cuidados y las disponibles para brindarlos. En Chile el 85% de los cuidados son proporcionados por mujeres.
Al invisibilizar el valor de los cuidados, hemos hecho caso omiso a las necesidades de las familias y a su relevancia dentro de nuestra sociedad. Por una parte, el solitario trabajo que realizan mujeres –afectando su salud física y mental, así como su situación económica–, siendo las labores de cuidado el principal motivo de desigualdad de género, la falta de una oferta pública adecuada para atender y apoyar a quienes requieren de cuidados, especialmente para adultos mayores y personas en situación de discapacidad. Y, por otro lado, el valor político y ético de los cuidados en nuestra sociedad. El cuidado permite comprender nuestra interdependencia y la responsabilidad que tenemos para con el otro, siendo una manifestación de la solidaridad propia de las comunidades, forjando valores éticos y cívicos que trascienden las relaciones individuales y moldean nuestro comportamiento en sociedad.
Frente a esta realidad, parece necesario incorporar dentro de nuestro texto constitucional un derecho al cuidado que comprenda su sentido social y lo reconozca y valore como una de las funciones propias de las familias, con el objeto de apoyarla para que pueda cumplir su rol a cabalidad. De manera que el cuidado no termine siendo una carga que impida a quienes lo ejercen, el ejercicio pleno de sus derechos, y que permita por su parte dar mayores garantías a quienes requieren de cuidados.
A pesar de la suspicacia de consagrar nuevos derechos al texto constitucional, el acuerdo alcanzado en el proceso constituyente de Chile estableció la necesidad de un Estado Social y Democrático de Derecho, reconociendo que para el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos es imprescindible garantizar un nivel mínimo de bienestar para todos los ciudadanos. En este contexto, es crucial abrirse a innovaciones que permitan alcanzar ese mayor bienestar. La propuesta de la Comisión Experta ha incorporado nuevos derechos, como el derecho al trabajo decente y la vivienda adecuada, entre otros. Sin embargo, ha dejado de lado el derecho al cuidado, que constituye un aspecto trascendental para la vida humana y su desarrollo adecuado.
Desde IdeaPaís junto a otras organizaciones, invitamos por ello, a firmar la iniciativa popular de norma que busca incorporar el derecho al cuidado (Iniciativa N° 6.091), comprendiendo que reconocer su valor en sociedad y apoyar a las familias en sus labores de cuidado, para que puedan hacerlo de forma adecuada, es un paso esencial para lograr ese mínimo de bienestar que buscamos. (El Líbero)
