Desde 1938, hasta el golpe de Estado en 1973, Chile vivió un periodo de estabilidad institucional, una vez que se superó la inestabilidad estructural del sistema político y luego la debacle del capitalismo en 1929. Aun así, hubo hechos en que el Estado actuó con suma violencia, dejando una marca de dolor en el país.
Ejemplo de ello fue la atroz masacre conocida como «matanza del seguro obrero», que ejecutó Carabineros un día 5 de septiembre de 1938, tan horrorosa como escalofriante, fue una lápida que cerró el ciclo populista de la derecha oligárquica que encabezó Arturo Alessandri, que mes y medio después de este horror, fue derrotada por el Frente Popular y la elección de Pedro Aguirre Cerda como Presidente de Chile.
Ese acuerdo de fuerzas políticas de raíz popular, tanto de centro como de izquierda, fue capaz de dejar atrás la etapa de fuertes tensiones sociales y económicas que conmocionaron la vida de Chile ese largo periodo.
Sus efectos unidos a la crisis crónica que dejó la «República parlamentaria» de los años 20, la que colapsó por la intromisión política de la oficialidad del Ejército, cuyo hito fue asistir al Congreso a repudiar el alza de la dieta parlamentaria, en el suceso conocido como «el ruido de sables», que devino en una crisis política e institucional que apuró el fin del primer gobierno de Arturo Alessandri.
Para Chile fue crucial el debate y aprobación de la Constitución de 1925, que se promulgó y rigió no sin fuertes tensiones y conflictos. Al inicio de los años 30, hay gobiernos «breves», fruto de efímeros apoyos castrenses, incluyendo la República Socialista de los 12 días, en 1932.
Esa injerencia «latente» lleva a la formación por Alessandri, de 1933 al 36, de las Milicias Republicanas, como contrapeso civil a la activa presencia militar de ese periodo. Ese clima de inestabilidad realza lo que se produce en 1936: la formación del Frente Popular y su posterior victoria el 25 de octubre de 1938.
Así se logra que desde Pedro Aguirre Cerda a Salvador Allende, es decir, hasta la entronización de la dictadura militar en 1973, los gobiernos se sucedan, unos a otros, elegidos por sufragio universal, libre y secreto.
Pese a todo, hubo acciones violentas del Estado, como la represión de una protesta obrera a inicios de 1946, en el centro de Santiago, donde murió la joven Ramona Parra.
Asimismo, fue un violento golpe de fuerza de González Videla, imponer «la ley maldita», en 1948, para excluir y perseguir al Partido Comunista.
Y a comienzos de los 60, en la población J.M.Caro, una protesta obrera tuvo como respuesta 6 muertos por descargas de fusilería, siendo Presidente, Jorge Alessandri.
En todas estas duras circunstancias el movimiento popular y la izquierda defendieron la democracia, que era su obra a pesar de su fragilidad e imperfecciones y no se dejaron llevar a un enfrentamiento ciego y sin destino.
Por eso, por el valor que tenía para el pueblo consciente, organizado y movilizado, fue que la institucionalidad no se quebró, a pesar de esos actos de violencia política desde el Estado.
Pero, con la crisis política de 1973, se derrumbó la democracia y Pinochet tomó el poder en términos absolutos, implantó el terrorismo de Estado y el país fue removido hasta sus cimientos, sometido a una implacable privación de derechos y libertades, como no había memoria en Chile.
La dictadura fue violenta y terrorista, de modo que el respeto y defensa de los Derechos Humanos quedó como una demanda fundamental.
La transición democrática tuvo que hacerse cargo del impacto de tantos años de opresión, bajo la conducción del Presidente Aylwin y de la Concertación por la Democracia, se dieron los primeros pasos hacia la verdad y la justicia, al tiempo que se ponía en marcha su principal responsabilidad, hacer viable y afianzar el retorno de la democracia a Chile.
Para realizar una parte esencial de esta tarea histórica fue constituida, en abril de 1990, la Comisión sobre Verdad y Reconciliación por iniciativa del Presidente Patricio Aylwin, formada por pensadores y humanistas con el criterio más amplio, que fuera guiada por el político, jurista y ex senador, Raúl Rettig. A un mes de instaurado el gobierno civil, fue un reto notable.
Su trabajo confirmó el horror del terrorismo de Estado, luego de oír y conocer el drama comprobado de miles de víctimas que dieron su testimonio sobre las atrocidades inenarrables del régimen.
La verdad histórica brotó potente e incontenible y se hizo irrenunciable la demanda de verdad y de justicia en el Informe Rettig, entregado el 8 de febrero de 1991, hace 27 años.
Esa verdad sobrecogió a Chile y al mundo y desató la ira de Pinochet, aferrado ilegítimamente a la Comandancia en Jefe del Ejército, gracias a los enclaves autoritarios de la Constitución de 1980, los que recién se lograron derogar el año 2005.
En tales circunstancias se vivió uno de los momentos difíciles de la transición democrática, por cuanto Pinochet se permitió uno de sus más virulentos actos de desacato a la autoridad civil, al descalificar en su integridad el Informe Rettig en sesión del Consejo de Seguridad Nacional que, en su versión entonces vigente, pretendía subordinar al propio Jefe de Estado a la fuerza material de las instituciones castrenses.
El ex dictador no fue el único que se burló de los hechos denunciados y que pretendió ignorar las torturas y el uso criminal de la fuerza aplastando la dignidad de personas indefensas.
En el Parlamento fui testigo como para varios congresistas, ex alcaldes de Pinochet, las víctimas eran el simple costo de «una guerra». En la derecha están ahora de bajo perfil, pero han burlado su responsabilidad histórica.
Esas marcas dolorosas, de abusos y atropello permanente a la dignidad de la persona humana, ejecutados por agentes del Estado, aún siguen vivas en la comunidad nacional.
La mentalidad revanchista hacia los avances de las fuerzas sociales de orientación progresista, la constante discriminación hacia los pobres y los barrios en que viven, la intolerancia ante la diversidad y la incapacidad de aceptar lo diferente, son huellas que siguen vivas en la conducta y en los hábitos de amplios sectores del país.
En este largo camino, el Presidente Lagos formó la Comisión sobre Prisión política y tortura, que elaboró el Informe Valech, y logró que más de 30.000 víctimas se decidieran a contar su verdad, la misma que permanecía guardada en sus conciencias y que liberaron en esas condiciones y no en otras, de forma diferente a otros militantes que dieron a conocer los vejámenes, violaciones y tormentos que sufrieron sin la reserva del Informe Valech.
Se reafirmó que al desplomarse la democracia, se generó la revancha de una derecha extremista que incitaba el terror que usaban los uniformados que tomaron el control del Estado.
Con sus partidos políticos diezmados y las fuerzas sociales desarticuladas, golpeado y perseguido el pueblo chileno tuvo que pagar un costo social inmenso. Resulta evidente que cada espacio democrático tiene tras de si la ardua tarea de aquellos que lucharon y fueron capaces de conseguirlo, formando parte de la accidentada ruta de la construcción democrática.
Por eso, ahora que la derecha va a retomar el control del Estado, manteniendo ese imperturbable afán que el mercado – con esas férreas tenazas que concentran la riqueza – sea el factor que provoque mayor desigualdad en el país, para los demócratas de centro y de izquierda no hay más perspectiva que unirse y no dividirse.
Hay que resguardar el propio sentido de la democracia, como el régimen político que cuida irrestrictamente la dignidad de la persona humana. No hay ni puede haber un valor más esencial que la integridad y el respeto de todos y todas quiénes forman parte de la sociedad humana.
Por eso, no puede ocurrir y si así fue debe ser drásticamente sancionado, cualquier montaje para inculpar o inducir procesos judiciales con pruebas falsificadas, hechas por entidades que deben dar garantía de ecuanimidad e imparcialidad en las investigaciones penales bajo su responsabilidad.
Si se llega a privaciones de libertad por el montaje desde el Estado de cargos falsos, de delitos que nunca se han cometido, se instala una verdadera bomba de tiempo en los cimientos de la estabilidad institucional y de la paz social en el país. Por la gobernabilidad democrática hay que actuar a tiempo, nadie puede estar por encima o fuera de la ley actuando por su cuenta, en una micro realidad fuera del Estado de Derecho.
Es un compromiso con las generaciones futuras para superar las huellas del terrorismo de Estado, erradicar los abusos y prácticas repulsivas de abusos de poder y construir una memoria histórica sana.
Se trata de una brega de todo el país para superar el revanchismo y el odio que llevó a crímenes y atroces torturas bajo la dictadura, es una lucha por la justicia en democracia, porque Chile somos todos. (Cooperativa)
Camilo Escalona
