Cuando Michelle Bachelet visitó China en mayo, el primer viaje al país de un alto comisionado de la ONU para los derechos humanos en 17 años podría haber visibilizado las violaciones aberrantes de derechos humanos del gobierno chino. Pero no condenó la represión generalizada de la minoría étnica uigur, la opresión en el Tíbet, ni el ataque a libertades fundamentales en Hong Kong. En cambio, su visita dio argumentos al Partido Comunista de China para negar sus abusos y debilitó los esfuerzos de activistas y gobiernos para promover justicia.
La credibilidad de Bachelet está sobre la cuerda. El acceso a países con líderes represivos es importante, pero no puede hacerse al costo de ignorar abiertamente el mandato de su oficina y darles la espalda a las víctimas. Bachelet adoptó una postura similar respecto de Venezuela. Si bien estableció una oficina que ha ayudado a algunas víctimas y ha publicado algunos informes que relatan graves abusos, sus declaraciones públicas no han sido contundentes, a pesar de que lo ocurrido llevó al fiscal de la Corte Penal Internacional a abrir una investigación sobre posibles crímenes de lesa humanidad.
Su pasividad para llamar a las cosas por su nombre nunca ha sido tan flagrante como durante su viaje a China. Al final del viaje, Bachelet dijo que “sería presuntuoso… intentar encapsular la complejidad total de la situación de los derechos humanos en este extenso país en una sola declaración”.
No es tan difícil. En 2014, el gobierno chino inició una “campaña de alto impacto contra el extremismo violento” dirigida a comunidades uigures y otras poblaciones túrquicas en la región de Xinjiang. Consistía en vigilancia y detenciones arbitrarias masivas, torturas, persecución cultural y otros abusos sistemáticos y generalizados que constituyen crímenes de lesa humanidad.
Aun así, Bachelet aceptó públicamente la postura oficial china de que su accionar en Xinjiang constituía “contraterrorismo” y describió los centros de detención como “centros de formación vocacional”.
El gobierno chino también intenta, hace mucho, erradicar sistemáticamente libertades culturales, lingüísticas y religiosas de los tibetanos y, recientemente, eliminar la sociedad más abierta en Hong Kong. En todo el país, las autoridades silencian, detienen arbitrariamente y persiguen penalmente a defensores de derechos humanos o los obligan a exiliarse. También usan herramientas de vigilancia de última tecnología para detectar y reprimir voces críticas.
Si bien Bachelet expresó preocupación por la criminalización de defensores y por detenciones arbitrarias, también elogió las reformas legales que impulsa el gobierno, sin reparar en cómo se manipula autoritariamente el sistema judicial. Instó a las autoridades a usar “su influencia (multilateral) para aportar soluciones políticas” a desafíos globales, a pesar de que la postura de Beijing sobre las atrocidades cometidas por Rusia en Ucrania y la represión de fuerzas militares de Myanmar, así como sus esfuerzos por debilitar el sistema de la ONU, han sido contraproducentes para responder a crisis de derechos humanos globales.
Quizás lo más perturbador fue que Bachelet no planteara ninguna perspectiva de justicia para las víctimas y sobrevivientes de abusos. En vez, acordó realizar una “reunión estratégica anual de alto nivel” y un “grupo de trabajo” —un resultado auspicioso para Beijing, ya que son medidas inútiles para la rendición de cuentas por atrocidades—. Es vergonzoso que Bachelet no haya propuesto un mecanismo similar para consultar con organizaciones de víctimas. Ante ello, no sorprende que grupos uigures y otros hayan pedido su renuncia.
Por fortuna, la alta comisionada aún puede salvar su credibilidad. Para ello, debería dar a conocer con urgencia el informe sobre la situación de derechos humanos en Xinjiang, que anunció en septiembre de 2021. Debería manifestarse inequívocamente sobre la magnitud y la naturaleza sistemática y generalizada de los abusos del gobierno chino y exigir la liberación de quienes se encuentran detenidos indebidamente. Bachelet también debería participar periódicamente en diálogos con organizaciones uigures y tibetanas y con defensores de derechos humanos de China.
El legado de Bachelet como alta comisionada dependerá de su disposición a interpelar a Estados poderosos a que rindan cuentas por delitos graves. Podría rectificar su postura sobre China al presentar su informe anual durante el período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en junio en Ginebra.
Si no lo hace, será responsabilidad de gobiernos comprometidos alzar la voz. Los gobiernos de América Latina deberían exhortar a la alta comisionada a que se ponga del lado de las víctimas del gobierno chino. (El Mercurio)
Tamara Taraciuk Broner
Sophie Richardson
