El abogado Ángel Valencia consiguió ayer los respaldos necesarios en el Senado para convertirse en el nuevo fiscal nacional, poniendo fin a una de las elecciones más complejas para el cargo y cerrando el capítulo de los intentos fallidos del Gobierno.
El próximo líder el Ministerio Público, quien asumirá luego que se emita el respectivo decreto y tome razón Contraloría, estará en su cargo por los próximos ocho años, y deberá enfrentar una extensa lista de desafíos tanto a nivel institucional, como externos, es decir, aquellos que son propios de los cambios que ha enfrentado el país y el nuevo escenario criminal.
Durante su presentación en la Sala, Valencia expresó su preocupación por el aumento de homicidios que se cometen con arma de fuego; los casos de violencia de género -uno de los temas que más se le cuestionaron por haber defendido causas por delitos de connotación sexual en el pasado-; el narcotráfico; delitos contra la propiedad; y violencia rural.
En ese contexto, el abogado presentó 11 propuestas clave para sus primeros 90 días de gestión, dando cuenta del sentido de «urgencia» necesario que subrayó varias veces la ministra del Interior, Carolina Tohá, al momento de justificar la elección de Valencia ante el Senado.
Dichas propuestas apuntan a la incorporación del Ministerio Público al vigente Circuito Intersectorial de Femicidios»; la creación de una Unidad Especializada en Violencia de Género, «con dedicación exclusiva», puesto que según detalló «hoy existe una, pero no se dedica exclusivamente a temas de género».
En tercer lugar, propuesto la reorganización de Unidades Especializadas de la Fiscalía Nacional; en cuarto punto, la revisión integral del Sistema de Análisis Criminal (SACFI) e incorporar dentro de sus áreas de trabajo «el delito de homicidio»; y en quinto lugar, y conforme al protocolo de la Ley de Presupuesto 2023, participar en la Mesa de Trabajo que se acordó para debatir temas relacionados con el Fortalecimiento del Ministerio Público.
El sexto compromiso dice relación con revisar la organización de macrozonas, «la norte y la sur, con la misma preocupación»; el séptimo compromiso apunta a colaborar con los proyectos de ley en materia de seguridad en trámite; el octavo, busca revisar los protocolos de atención para víctimas, de la macrozona norte y sur.
El noveno punto propone la actuación en interceptaciones telefónicas para ajustarlos a la ley; el décimo, poner fin «a las llamadas sillas musicales», es decir, «poner término a la práctica de la fiscalía en la rotación de distintos funcionarios en distintos puestos, tanto administrativos como directivos»; y la undécima propuesta es ejecutar una «auditoría de procesos y licitaciones, solicitando apoyo a la Contraloría General de la República». (Emol)
