Fue una de las empresas que a principios de mayo decidió acoger el llamado hecho por el Servicio de Impuestos Internos (SII) para que se rectificaran los pagos realizados durante los últimos años que no tuvieran respaldo suficiente.
Caburga ya estaba en el radar de la investigación de la Fiscalía por la declaración de Clara Bensán, la contadora DC que reconoció que en diciembre de 2009 Giorgio Martelli, recaudador de la entonces Concertación, le había solicitado emitir dos facturas falsas a esa empresa como parte de las maniobras para financiar la fallida campaña presidencial de Eduardo Frei.
Ahora el Ministerio Público va tras los pagos realizados por la empresa entre 2009 y 2014 a diversos personajes ligados a campañas políticas. La fiscal Carmen Gloria Segura envió una solicitud de información al SII para que aclare si Inversiones Caburga y Newport Ltda. (también propiedad de los Said) realizaron rectificaciones de impuestos por gastos rechazados, según informó 24 Horas.
La solicitud fue enviada por Segura el 12 de agosto pasado y particularmente fue dirigida a Andrés Vio, jefe del Departamento de Defensa Judicial del SII. En el documento se precisa que, de ser efectivas las rectificatorias, “se remitan los respaldos correspondientes de cada rectificatoria presentada, incluyendo dentro de éstos antecedentes de la declaración primitiva». La fiscal otorgó un plazo de cinco días al servicio para entregar una respuesta.
La respuesta será positiva. Según una investigación realizada por El Mostrador, hace tres meses que Caburga definió rectificar una serie de pagos que no contaban con respaldo suficiente, y que fueron incluidos en sus informes de contabilidad entre 2009 y 2014. En 2009 se rectificaron $112 millones, lo que se suma a los $50 millones rectificados en 2010, $63 millones en 2012 y $149 millones en 2013. Según esta información, son más de $300 millones rectificados, aunque aún no se aclara si hubo pagos cuestionados en 2011 y 2014.
En la empresa aclararon a este medio que tomaron la decisión de rectificar para cuidar el “bajo perfil” cultivado por Caburga a lo largo de su historia. Añaden que con la decisión también buscaron resguardar la relación con sus socios, tomando en cuenta que en todas sus inversiones comparten acciones con otras compañías nacionales e internacionales.
Según un informe de contabilidad de Caburga incluido en las carpetas investigativas del caso, no son pocas las personas ligadas a la política que aparecen recibiendo pagos.
La lista es encabezada por los diputados Fuad Chahin (DC) y Gonzalo Fuenzalida (RN), quienes en 2009 recibieron $5.561.111 y $1.116.677, respectivamente. Según fuentes de Caburga, ambos pagos fueron rectificados, por encontrarse en la categoría de los que no tenían respaldo suficiente. No es lo único que los une. Chahin y Fuenzalida compartieron también un cupo en la comisión investigadora del Congreso que buscó aclarar los pagos realizados por grandes empresas a las campañas electorales.
Una investigación realizada por El Mostrador señala que hace tres meses que Caburga definió rectificar una serie de pagos que no contaban con respaldo suficiente, y que fueron incluidos en sus informes de contabilidad entre 2009 y 2014. En 2009 se rectificaron $112 millones, lo que se suma a los $50 millones rectificados en 2010, $63 millones en 2012 y $149 millones en 2013. Según esta información, son más de $300 millones rectificados, aunque aún no se aclara si hubo pagos cuestionados en 2011 y 2014.
A pesar de esto, tanto Chahin como Fuenzalida aseguraron a El Mostrador que no se trataba de aportes a sus campañas, y que fueron dineros recibidos por trabajos que sí se prestaron. Ambos compitieron por lograr un escaño en la Cámara en 2009, aunque esa vez solo Chahin se alzó como vencedor.
ASESORES, JEFES DE CAMPAÑA Y FAMILIARES
El jefe de la campaña del diputado José Manuel Edwards (RN) en 2009, Alejandro Fernández Jullian, registra $3.007.500 en pagos de Inversiones Caburga, según el informe de retenciones de la empresa correspondiente a 2009. Pero no es el único.
En el mismo año se realizó un pago a Patricio Hales Beseler, sobrino del actual embajador de Chile en Francia y ex diputado del PPD, Patricio Hales, por $3.333.322. La ex jefa de gabinete del diputado de la UDI Gustavo Hasbún en la alcaldía de Estación Central, Karen Chahuán Manzur, registra un pago por $2.222.222. La funcionaria es también prima hermana de Francisco Chahuán, senador de RN.
Pero no son los únicos nombres incluidos en ese informe. El ex jefe de gabinete del senador Andrés Allamand mientras este era ministro de Defensa de la administración Piñera, Eduardo Riquelme Portilla, figura con un pago de $4.444.444. Riquelme es militante de RN y en Tribunales ha defendido al ex alcalde de Arica, Carlos Valcarce (RN), acusado por fraude al fisco. Este año además patrocinó una querella de parlamentarios de RN en contra de los funcionarios públicos involucrados en el caso Caval.
En los últimos meses ha destacado en los medios como el jurista tras la defensa del ex diputado Alberto Cardemil, de su mismo partido, luego de que fuera formalizado por la Fiscalía en el caso Penta.
También figura la ex candidata de RN a diputada por Melipilla, Jessica Mualim; el ex intendente de Valparaíso durante el gobierno anterior, Raúl Celis Montt; el ex abogado del Ministerio del Interior, Carlos Eugenio Castro Castro, quien está denunciado por el SII por haber recibido $31 millones sospechosos desde Soquimich; el actual asesor de los senadores de la DC, Luis Espinoza Astorga; el ex candidato a Core de la UDI, Juan Masferrer Vidal, y el analista político de la UDI, Gonzalo Cordero.
Cuando los aludidos fueron contactados por este medio, aseguraron que las transferencias de dinero no tenían relación con campañas políticas. Algo distinto señaló el analista Patricio Navia, quien se negó a dar cuenta de sus “actividades profesionales”.
La familia Said forma parte de uno de los grupos empresariales más poderosos en Chile. Según el ranking general de los grupos económicos más importantes del país, elaborado por la Universidad del Desarrollo, la familia Said se ubica en la quinta posición, tras los Matte, Angelini, Luksic y Yarur. La posición del grupo es privilegiada y supera a otros grandes del dinero en el país, como los Solari, Cueto, Paulmann, Ponce Lerou, Penta y Hurtado Vicuña.
El abuelo de José Said Saffie, Issa Said, viajó desde Belén hasta Arequipa en el siglo XIX. En esa ciudad la familia hizo negocios, y de allí emigró a Chile el patriarca de la familia, que posee participaciones en Parque Arauco, Ebelpa, Embotelladora Andina (que vale US$3.630 millones), el banco BBVA y el ex grupo Cruz Blanca –que incluye a la isapre Integramédica y las clínicas Reñaca, Antofagasta, Bupa y San José de Arica–. También tienen inversiones en el área de la salud en Perú. En el negocio de la salud, los Said mantienen un 17,35% de la propiedad, la que es controlada por el grupo español Bupa Sanitas.
