Con cada nueva sesión, la Comisión Investigadora sobre los tratamientos transafirmativos a niños va desenredando la madeja de instituciones involucradas en lavarle el cerebro a chicos y grandes, promover la idea de que se puede transicionar de un sexo a otro -¡desde los 3 años!- y que puede terminar en hormonas y cirugías. Es cierto que hay una crisis de seguridad, otra de economía, una más de corrupción y elecciones a la vuelta de la esquina… pero estamos hablando de nuestros niños, de su integridad, de su vida, de su futuro.
Y es muy grave lo que se ha revelado. Que hay más de 2.500 niños han ingresado al PAIG; que, sólo en la red pública, más de 600 están recibiendo hormonas, y hay tres casos que son desde los 9 años; que hay padres “resistentes” que han perdido a sus hijos por orden de un tribunal de familia; que existe una derivación desde ¡un jardín infantil!; que hasta Poncio Pilatos se pondría rojo de vergüenza con el lavado de manos del Minsal, ISP y Cenabast; que el Mineduc diseña protocolos para derivar niños desde las escuelas al PAIG; que no hay seguridad de la existencia y contenido de los consentimientos informados de los padres; que hay, al menos, 42 casos de adolescentes con operaciones de reasignación de sexo.
Y la semana pasada, las municipalidades salieron al baile. En la sesión del lunes 7, la Comisión Investigadora recibió a la Subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva, quien señaló que existen municipalidades con programas de identidad de género para niños propios. Es decir, se abre una nueva caja: ¿Cuántas municipalidades son? ¿Que tipo de atención entregan? ¿Incluyen entrega de hormonas… a través de las Farmacias Populares, por ejemplo? ¿Cuántos niños han pasado por esos programas? ¿Cuál es el presupuesto que han destinado las municipalidades a financiar este activismo ideológico con “capacitaciones”, convenios e “insumos”?
Porque existen ejemplos. La Municipalidad de Santiago tiene una Guía de orientación en salud para personas “de la diversidad”, y los niños “trans” de 14 años que requieran acceder a terapia hormonal “deben ser derivados por el Cesfam, donde se señale “paciente trans requiere evaluación y terapia de hormonización para proceso de tránsito”; o el Programa de Atención Temprana para la Primera Infancia Diversa (ATEPID) de la Municipalidad de Macul, destinado a niños entre 0 y 9 años; o el convenio de la Municipalidad de Recoleta con una reconocida organización trans para que los menores reciban hormonas a través de su Farmacia Popular. Y así, ¿cuántas más? ¿cuántas Oficinas municipales de la Diversidad realizan derivaciones de niños al PAIG? ¿Cuántos municipios de la Red Nacional de Municipalidades por la Diversidad, inclusión y no discriminación (Red Diversa) tienen este tipo de programas similares al PAIG y entregan hormonas mediante las Farmacias Populares -las que también son objeto de una Comisión Investigadora? ¿Cómo los municipios, lugares de ayuda y orientación a los vecinos, se convirtieron en cajas pagadoras de programas ideológicos que dañan a los niños?
La semana pasada la agrupación Do No Harm informó que, en Estados Unidos, entre 2019 y 2023, se habían realizado más de 5.700 menores se habían hecho operaciones de reasignación de sexo y más de 8.500 habían recibido tratamientos hormonales… ¿y en Chile?
La red de hospitales, liceos, municipalidades, programas sociales de niñez, organizaciones y académicos activistas opera en dar un sustento integral a una ideología que hace que la medicina dañe y no sane, que la educación adoctrine y no enseñe, que la sociedad y el Estado abandonen y no ayuden. La Comisión Investigadora tiene la oportunidad de dar los primeros pasos en reparar el daño cometido a miles de niños y buscar responsables, para que se les aplique todo el peso de la ley. (El Líbero)
Roberto Astaburuaga
