El ministro de Desarrollo Social Alfredo Moreno señaló en el encuentro de ICARE realizado el miércoles 15 de marzo, que “muchos de los problemas sociales que estamos teniendo los chilenos tienen que ver con los flujos importantes de inmigrantes que hoy tenemos”.
Paradójicamente Moreno es uno los principales responsables de los problemas sociales y de vulneración de derechos que viven cientos de migrantes en este país.
El año 2012 siendo él, ministro de Relaciones Exteriores, el gobierno de Chile a través de la Cancillería estableció el requisito de la visa consular para el ingreso como turistas a los ciudadanos dominicanos.
Según un informe que hiciera llegar el Departamento de Extranjería y Migración (DEM) al Consejo Consultivo Nacional de Migraciones de esa entidad, la medida ha tenido dos consecuencias negativas visibles: ha incentivado la migración irregular y el tráfico de migrantes dominicanos, y no ha logrado su objetivo de detener el flujo migratorio desde ese país.
Este informe muestra que las expulsiones decretadas en contra de ciudadanos dominicanos se incrementaron entre 2011 y 2016 en un 2.300%.
Al mismo tiempo, las expulsiones debido al ingreso por pasos no habilitados pasaron de representar en 2011 un 31,2% del total de deportaciones de personas de esa nacionalidad, a convertirse en 2015 en un 95,2% de ese total.
Estos datos muestran que el requisito de la visa consular, no ha detenido el flujo desde Republica Dominicana, sino más bien lo ha reconducido hacia canales irregulares incentivando el tráfico y la trata.
Pero la acción del Estado chileno no termina ahí, el informe del DEM registra en paralelo al incremento de las expulsiones, un descenso significativo en el número de visas otorgadas a ciudadanos dominicanos, las que pasaron de 4.390 en 2011 a 1,290 en 2016, es decir desde la imposición del requisito de visa consular, se entregan 3,4 veces menos visas y se expulsa a un número creciente de dominicanos por haber ingresado clandestinamente.
Esto muestra que la pretensión de reducir el flujo migratorio por la vía de las visas consulares, no lo detiene, al contrario lo precariza y lo vuelve ilegal.
En tal sentido el mismo informe señala que la medida “trajo aparejada una pauperización de las condiciones de ingreso y estadía de los miembros de dicho colectivo que, pese a no contar con dicha visa, igualmente ingresaron al territorio chileno, sea por sus propios medios, sea como objeto de tráfico de migrantes, sea como víctima de trata”.
Además ser un instrumento ineficiente que ha incentivado la irregularidad migratoria, la visa consular impuesta a los dominicanos, y aquí la segunda paradoja de Moreno, es en si misma una medida de dudosa regularidad administrativa y cuestionable legalidad.
Y es que si bien la ley de extranjería en su artículo 45 señala claramente que el requisito de visa consular por motivos de turismo puede establecerse por el gobierno chileno a través de un Decreto firmado por el ministro de Relaciones Exteriores y el ministro del Interior, o bien a través de acuerdo o convenios internacionales, en este caso no hubo ni decreto, ni acuerdo bilateral ni convenio entre partes.
En enero de 2018 fueron solicitados a la Subsecretaría de Relaciones Exteriores a través de la ley de transparencia, los documentos legales emanados desde la Cancillería mediante los cuales se habría establecido el requisito consular a la población dominicana.
En su respuesta del 14 de febrero, dicha Subsecretaría indica que la medida se dictaminó a través de un intercambio de “Notas verbales” entre el ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana y la Embajada de Chile en ese país.
En la respuesta se señala expresamente que el requisito de visa consular se determinó “a contar del 1 de septiembre de 2012 de acuerdo a lo establecido en la Circular N°324 de la Dirección General de Asuntos Consulares y a través del intercambio de notas diplomáticas entre Chile y Republica Dominicana”, aludiendo a las notas verbales N°91/12, N°028/2013 y N°8905.
Vale decir, una medida que la ley indica que debe ejecutarse mediante decreto ministerial o acuerdo internacional fue impuesta a través de una “nota verbal”.
Esto además de poner en tela de juicio la capacidad de gestión de la política consular del entonces Ministro Moreno, amerita un pronunciamiento de la Contraloría General de la República, pues podríamos estar ante una falta administrativa grave por parte del ex Canciller.
Esto sin considerar que las vulneraciones a los derechos de los dominicanos que se han visto afectados por esta medida arbitraria, aplicada durante los últimos 6 años, justifica la evaluación de acciones legales ante los tribunales nacionales e incluso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Mientras eso sigue su curso, el Ministro Moreno en lugar de estigmatizar a la población migrante tildándola de “ilegal” como señaló el domingo 19 de marzo en un programa de televisión transmitido por un canal nacional, o de imputarle como hizo en ICARE, la responsabilidad de los “problemas que tienen los chilenos”, debiera dar explicaciones por los motivos con que justificó la ineficiente medida, como las razones por las cuales no se habría seguido el procedimiento legal y administrativo establecido en la normativa.
Mientras no dé estas explicaciones queda en entredicho tanto su capacidad para gestionar una política migratoria eficazmente, como sus condiciones para ejercer adecuadamente la función pública.
Más allá de la eventual falta administrativa que puede haber cometido el Ministro Moreno el 2012, y dicho sea de paso, el entonces ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter, las consecuencias que ha tenido la medida para la población dominicana han sido desastrosas en tanto política pública y brutales en su dimensión humana.
Muchos dominicanos que han decidido venir a Chile por disponer de oportunidades de empleo o por contar con familiares ya radicados aquí, se han visto obligados a cruzar la frontera terrestre pasos no habilitados con ayuda de “coyotes” o “traficantes” que en estos años han visto florecer su negocio.
Finalmente cabe consignar que si la medida de la que es responsable el ex Canciller Moreno ha tenido estas consecuencias negativas en un colectivo pequeño como el dominicano, de aplicarse sobre un grupo casi 20 veces mayor, como el haitiano, la irresponsabilidad pública podría llevarnos a enfrentar una verdadera crisis humanitaria en la frontera.
Es de esperar que los anuncios en torno a esta medida no sean más que los últimos estertores de la negligencia con que se ha gestionado la política migratoria en Chile durante las últimas décadas. (Cooperativa)
Luis Eduardo Thayer
