Las redes políticas tras los cuestionados centros del Sename

“Cuando solicité las firmas que se necesitaban para la creación de esta nueva comisión investigadora, la mayoría de los diputados de mi partido se negaron. ¿Quiere saber la razón?», dice indignado y acto seguido explica: «Consideraban que era negar la posibilidad de una próxima candidatura parlamentaria de la ex directora del organismo, Marcela Labraña (DC). ¡Mayoritariamente mi bancada puso el interés de una militante por sobre la preocupación de los niños y niñas del Sename! Esa nunca puede ser la forma en que un partido aborde una política pública”.

Para Saffirio, lo mismo que para los trabajadores del organismo, que el servicio se transformara en un rincón acomodado para algún partido del Gobierno de turno, ha sido uno de los escollos principales para lograr que cumpla el objetivo para el que fue levantado.

Cuando a Marcela Labraña le pidieron dejar su puesto –después de sus desafortunadas declaraciones tras la muerte de Lissette en uno de los centros del Sename–, el equipo que la apoyaba –la mayoría vinculado a la DC– continuó en sus puestos: Hugo Herrera, actual director, abogado, fue jefe de gabinete de Marcela Labraña por 20 meses y, antes de sucederla en su cargo, fue Jefe del Departamento de Justicia Juvenil; Camila Avilés, enfermera, se ha desempeñado como asesora del director(a) desde que ingresó al servicio el 31 de marzo de 2014; María Gabriela Pinochet, abogada, sigue siendo asesora; Patricio Mercado Covarrubias es asesor y, aunque estudió Administración Pública, no se tituló. Todos ganan entre $2.900.000 y $4.294.904 brutos mensuales (contando bonos y asignaciones).

El único que dejó su puesto junto con Labraña fue Gabriel Madrid Gutiérrez, quien desde diciembre era jefe de Gabinete de la cuestionada directora.

La crítica de Saffirio es directa: “El Sename es una parcela que ha sido entregada a la DC y el trabajo se ha hecho mal”.

Lo mismo piensan los trabajadores del organismo, quienes tienen que lidiar día a día con las deficiencias y la precariedad.

Bernardo Neira, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Sename, cree que hay un monopolio en cuanto al posicionamiento real de la DC en todos los puestos en el Sename: “Estamos hablando de su dirección nacional, sus asesores directos, de los directores de la mayoría de los centros a nivel del país. También hay que mencionar que en algunas regiones importantes hay fuerte influencia de los diputados para que se coloquen militantes del partido en las direcciones regionales del Sename. Hay un monopolio de un partido y el servicio ha entrado en la lógica del cuoteo político. Por supuesto que esto redunda en los cambios, avances, en las contrataciones, en mejorar el servicio, finalmente”, señala Bernardo.

Una oferta privada

La ley 20.032 es la que establece el sistema de atención a través de la red de organismos colaboradores del Sename y su régimen de subvención. La oferta es amplia y, de estos, 282 se dedican al área de protección con programas ambulatorios o residencias (centros). Más del 90% corresponde a organismos privados. En algunos directorios de las fundaciones que reciben las subvenciones más importantes se pueden leer los nombres de emblemáticas figuras de la Concertación.

Entre las fundaciones que más subvención reciben está Mi Casa. Según el presupuesto 2015, esa institución recibió $6.828.367.891. Entre sus directores están María Josefina Bilbao, ex ministra del Sernam cercana a la DC; Enrique Correa, reconocido lobbista que fue DC y Mapu; Loreto Ditzel, DC cercana a Soledad Alvear, quien era jefa de Protección del Sename cuando estalló el caso Spiniak. En tanto, la gerenta general es Delia del Gatto, quien a un mes de dejar la dirección del Sename, en mayo de 2006, llegó a ocupar ese cargo.

Otra de las fundaciones que cuenta con importantes recursos desde el Sename es León Bloy, que el año pasado recibió más de $2.900.000.000. Entre los directores figura el abogado Juan Alberto Rabah Cahbar. Rabah iba a ser director ejecutivo del Instituto de Estudios Religiosos de la Universidad Miguel de Cervantes –donde es rector Gutenberg Martínez–, pero el centro no prosperó. Rabah en cambio sí fue uno de los siete directores del Instituto Chileno de Estudios Humanísticos (ICHEH), el desaparecido think thank de la falange. A pesar de esto, Rabah dice que asociarlo con alguna vinculación partidista es mezclar peras con manzanas. “Yo nunca he tenido ningún vínculo con la DC”, afirma.

Mucho más abajo en la lista de quienes reciben mayores subsidios, está la Fundación Rodelillo, que en 2015 recibió $126.086.520. En su directorio, también aparecen nombres vinculados a la DC, como Tomás Walker Prieto (secretario).

Entre los nombres de las instituciones que reciben dinero de subvenciones del Sename están también diversos organismos cristianos y católicos, desde algunos que dependen de congregaciones hasta otros relacionados con obispados.

El año 2013 y después que se conociera el Informe Jeldres –un documento del Poder Judicial y Unicef que revelaba la situación de los niños en residencias del Sename–, el arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, fue llamado a declarar a la Comisión Investigadora Sename 1. Las acusaciones que cayeron en ese minuto sobre las residencias enfurecieron al sacerdote. “Un 40 a 45 % de los menores que declaran en el llamado Informe Jeldres, decían haber sido abusados sexualmente en centros ligados a la Iglesia”, señaló entonces quien presidía la comisión, René Saffirio.

Después de haberse negado a la primera invitación, Ezzati sí asistió a la segunda invitación de la comisión. Dijo desconocer las cifras mencionadas y emplazó al diputado Saffirio a aclararlas. Si bien no se trata de fundaciones que dependan de la Arquidiócesis de Santiago propiamente tal, el hecho de que se trate de fundaciones ligadas a congregaciones hacía necesario algún tipo de declaración por parte de esa institución. Para este reportaje, el Arzobispado de Santiago tampoco quiso referirse al tema.

Del Sename a los municipios

La Ley 20.032 indica también que el Servicio Nacional de Menores puede subvencionar, entre otras, las actividades de colaboradores acreditados relativas a Oficinas de Protección de Derechos, OPD, que tienen regímenes de codependencia respecto del Sename y el municipio del cual son parte.

Para transferir las subvenciones, el Sename llama a concurso de proyectos relativos a sus distintas líneas de acción. Luego deben quedar definidos los montos a depositar, los plazos de duración de los convenios, los objetivos específicos y resultados esperados por los proyectos presentados por los colaboradores, entre otros. Los convenios tienen plazos máximos de duración de 3 años en el caso de las OPD y Diagnósticos, y 5 años para Centros Residenciales y Programas. Las OPD fueron puestas en marcha en el año 2001. En 2014 había 125 en todo el país y año a año aumentan.

Encargadas de ejecutar políticas locales de protección de la infancia, atienden ambulatoriamente a niños, niñas y adolescentes entregando orientación y apoyo psicológico, social y legal a los menores y sus familias, en coordinación con las escuelas, consultorios, organizaciones comunitarias, policías, fiscalías, etc.

Las oficinas tiene doble dependencia respecto del Sename y los municipios de los cuales son parte, así, reciben dinero de ambos en distintas proporciones. Fondos que son destinados a la realización de los programas por los que se ganaron la licitación y todo lo que ellos implican, entre otros aspectos, los sueldos de los funcionarios empleados por la municipalidad para ejecutar los proyectos. Una de las principales críticas sobre estas oficinas, es que el dinero del Sename ingresa y muchas veces los alcaldes ejecutan los proyectos como si se tratara de un “dinero de libre disposición. Hay comunas donde esa plata puede ser utilizada también para seguridad ciudadana”, señala una concejala de una comuna del sur de Santiago.

La normativa vigente dispone que cada colaborador acreditado debe mantener una cuenta corriente exclusiva por proyecto, a su nombre y asociada al Rut del mismo. Es decir, las subvenciones del Sename deben entrar a cuentas diferenciadas de las que el municipio tenga para donaciones, aportes propios y otros.

“No hay contratos, todos los trabajadores de las OPD son a honorarios, terminas siendo un funcionario municipal”, cuenta un ex trabajador de la red de colaboradores de Puente Alto en la época en que Manuel José Ossandón era alcalde de la comuna, y agrega que el municipio selecciona a todos los trabajadores en un proceso en que el Sename no tiene participación. “Los equipos de las OPD hacen una evaluación anual, pero son datos que están súper manejados”, explica el ex funcionario.

En el caso de Puente Alto, relata, se ocupaba la OPD para promocionar los lineamientos valóricos del municipio. Luego, asegura que la presencia de carteles con publicidad religiosa o contra el aborto eran recurrentes en las oficinas que día a día eran concurridas por niños y adolescentes vulnerados en sus derechos.

“A los trabajadores nos invitaban a participar de las campañas electorales. Nos decían que sabían dónde estábamos inscritos para votar, que nos tenían monitoreados y que teníamos que reflexionar sobre quién nos daba trabajo y cambiarnos de registro. Era el último período de Ossandón, que iba a ser senador y después Presidente, decían, y querían que le hiciéramos campaña a Codina”, detalla el ex funcionario de Puente Alto y concluye agregando que en reiteradas ocasiones les dijeron que “Ossandón es muy generoso de tenerlos acá y deberían colaborar con la continuidad del proyecto, ayudando a Codina. Te meten en un rollo político súperheavy”.

Christian Arzola, encargado actual del Departamento de Familia de la municipalidad de Puente Alto, explica que la OPD de esa comuna comenzó a funcionar en 2004 y tiene 18 trabajadores. Los fondos transferidos por el Sename, dice, se destinan al pago de honorarios del equipo y sus traslados, y el resto de los ingresos de la oficina son aportes municipales.

Arzola agrega que los trabajadores de la OPD son funcionarios municipales, ya que es el municipio el ente encargado de ejecutar el proyecto. Además agrega que sólo realizan las funciones para las cuales se les contrata. “Dentro de nuestras funciones no está hacer campañas políticas, que no es propio de la labor municipal, lo que está sancionado por la normativa vigente”, dice y agrega que cualquier funcionario que quiera participar de actividades políticas debe hacerlo fuera de su horario de trabajo y sin destinar recursos municipales a ello. Asegura también que nunca se les ha solicitado a los empleados de la oficina de Puente Alto trabajar por un candidato.

El encargado del Departamento de Familia explica también que los funcionarios de la OPD trabajan a honorarios, “ya que la planta municipal es reducida” y agrega que es la misma realidad de todos los organismos del Estado, donde “más del 80% de los trabajadores son a honorarios”.

Consultado sobre el cumplimiento de la normativa que establece que los colabores del Sename deben tener una cuenta corriente única para que el servicio les traspase las subvenciones, Arzola explica que las OPD “están obligadas, según bases técnicas y convenio con Sename, a contar con una cuenta corriente exclusiva para el manejo de los fondos, lo cual se cumple según el convenio vigente”.

Al codepender del Sename y las municipalidades, el color político de la alcaldía no es un dato menor.

De la lista de municipalidades asociadas a la red de colaboradores del Sename a lo largo de todo Chile, actualmente 37 están en manos de alcaldes democratacristianos, 19 RN, 20 PPD, 18 UDI y el mismo número de socialistas. 11 radicales, 4 militantes del PRO, 4 comunistas, 1 alcalde del MAS, otro de Evópoli y un regionalista, sumados a los 49 municipios encabezados por jefes comunales independientes simpatizantes de distintas tendencias, reciben dinero del Sename en sus cajas todos los años.

De acuerdo al listado de traspasos hechos por el Sename a sus organismos colaboradores entre enero y diciembre de 2015, revisado por la Contraloría General de la República y disponible en la página web del servicio, la municipalidad a la cual se destinaron más aportes en ese período fue La Granja. Con más de 130 mil habitantes, recibió $478.864.947. En segundo lugar, con $260.918.127 transferidos y una población de más de 209 mil personas, aparece La Pintana.

Las primeras comunas son seguidas por Calbuco, con $206.111.042; Collipulli, con $190.315.917; Lebu y Angol, ambas con más de $180 millones; Valdivia y Punta Arenas, con alrededor de $180 millones y $170 millones, respectivamente.

El alcalde de Calbuco es el Radical Raúl Cárdenas; el de Collipulli, el socialista Leopoldo Rosales; el de Lebu, el falangista –hasta 2006– Cristián Peña; el de Angol, el DC Obdulio Valdebenito; el de Valdivia, el independiente pro Chile Vamos, Omar Sabat; y el de Punta Arenas, el PPD Emilio Boccazzi.

El alcalde de La Granja, Felipe Delpín, es democratacristiano. Jaime Pavez, el jefe comunal de La Pintana, milita en el PPD.

El Sename según Contraloría

El 2 de diciembre de 2015 la división de Auditoría Administrativa de la Contraloría General de la República remitió a la ministra de Justicia, Javiera Blanco, el informe final de la auditoría que practicó a los centros colaboradores del Servicio Nacional de Menores (Sename) y su régimen de subvención.

De los 326 centros habilitados cooperadores de la función del Sename, 89 fueron seleccionados para la auditoría que consideró la totalidad de los fondos recibidos por esos recintos en 2013. El programa de auditoría de la Contraloría consideró la emisión de 14 informes finales entre el 3 de septiembre y el 26 de diciembre de 2014.

La normativa vigente dispone que cada colaborador del servicio debe tener una cuenta corriente exclusiva a su nombre y asociada a su Rut, en la cual el Sename pueda depositar las subvenciones correspondientes a cada mes.

El Hogar ACJ Rengo, el Centro Residencia para Lactantes y Preescolares, el Hogar Los Aromos de la Región de Biobío, el centro Mi Casa de Valdivia y el Hogar Maruri de la Región Metropolitana, manejaban –al momento de la auditoría– en una sola cuenta corriente la subvención del Sename y otros ingresos que percibían, tales como donaciones y aportes propios.

El Hogar Maruri, además, utilizaba una misma cuenta corriente para administrar los fondos provenientes de trasferencias del Sename destinados a distintos programas. Por otra parte, las auditorías constataron que el Sename incurrió en diversos atrasos, tanto en la Región Metropolitana como en la del Biobío, en el traspaso de subvenciones.

En los centros correspondientes a ocho regiones: Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, Biobío, Los Ríos, Aysén y Metropolitana, no existían los certificados de antecedentes ni las declaraciones juradas simples que evidenciaran que sus empleados no estuvieran procesados o formalizados por crímenes o delitos. En el caso de existir esos documentos, no se encontraban actualizados.

Al Hogar Pequeño Cottolengo Don Orione de la Región Metropolitana, el 2 de mayo de 1998 se incorporó el menor Daniel Z. P. La operación se hizo por solicitud directa de su padre, Marcelo Z. C., que en esa época se desempeñaba como director regional del servicio. Así, la derivación del niño no se hizo por orden de una autoridad judicial, infringiendo el artículo 19 de la Ley 20.032.

Por otra parte, la residencia Aldeas Infantiles S.O.S de Antofagasta, Manantial de Copiapó, Ayún de Chañaral y Hagámoslo Juntos de la Región Metropolitana, carecían de un protocolo de acogida y contención de los menores, en casos de ingresos programados y también en casos de emergencia.

Los beneficiarios de la residencia Aldeas Infantiles de Antofagasta, Manantial de Copiapó, Ayún de Chañaral, Aldeas Infantiles de Chaimávida, Aldeas S.O.S de Bulnes, San Pedro Armengol 1 y 2, y Francisco Valdés de Temuco, Casa de Laura, San Arnoldo, Residencia Reloncaví y Vicente Pérez Rosales de Los Lagos, Residencia San Juan y Hogar del Niño Miraflores de Magallanes, Residencia Renuevo y Hogar Casa de Laura de la Región Metropolitana, y Hogar Padre Pienovi, San Francisco de Borja, Anunciación y Hogar Casa de la Providencia de Valparaíso, no tenían los Planes de Intervención Individual (PII) de los menores en sus respectivas carpetas. En algunas ocasiones los PII examinados en los mismos centros no fueron emitidos oportunamente, alcanzando una demora de hasta 339 días desde la fecha de ingreso del menor.

En la Casa de Acogida La Esperanza, de la Región Metropolitana, no existía al momento de la auditoría un libro de visitas que diera cuenta del contacto permanente de los menores con sus familias o referentes significativos, sin restricciones del tribunal.

En la Residencia Manantial de Copiapó, en la Región de Atacama, se constató que el certificado de título de asistente social de su directora, emitido por el instituto IPLACEX, exhibía como fecha de titulación el 18 de enero de 2013, fecha posterior a la aprobación de la subvención de su proyecto, vulnerando lo establecido en la resolución N°765 de 2011 del Sename, que establece que el director de la residencia debe contar con un título profesional del área de las ciencias sociales y tener experiencia en trabajo con infancia gravemente vulnerada.

Las residencias Hogar Los Aromos y Centro Residencia para Lactantes y Preescolares de la Región de Biobío, Francisco Valdés de Temuco, Hogar Aldea Mis Amigos y Los Ceibos de la Región Metropolitana y Hogar Santa Cecilia, Santa teresita de Lisieux y Hogar Vengan A Mí de Valparaíso, no contaban con la dotación exigida para el desarrollo del proyecto, que establece que la proporción mínima de estos sea de un profesional en jornada completa por cada 20 a 25 niños o adolescentes.

En 46 centros colaboradores del Sename –de los 89 auditados por la Contraloría de un total de 326 a nivel país– se detectó que el personal que se desempeñaba como educador de trato directo con los niños y adolescentes, no cumplía con los requisitos académicos ni la experiencia laboral necesaria para cumplir la labor que se les encomendó. Entre los requisitos vulnerados se encuentra tener un título técnico de auxiliar social o educador especializado, con experiencia en atención de graves vulneraciones en derechos de la infancia y adolescencia.

En 62 de los recintos fiscalizados se evidenció que no existía una planificación de la alimentación otorgada a los residentes, vulnerando la normativa que indica que los hogares deben llevar una programación de los menús mostrando variedad y pertinencia alimenticia y proporcionar cuatro comidas diarias: desayuno, almuerzo, once y cena, además de una colación.

En los centros colaboradores Centro Residencial de Protección Ovalle en Coquimbo, Aldeas Infantiles S.O.S de Chaimávida y Concepción y Aldeas S.O.S de Bulnes, Residencia Francisco Valdés de Temuco, Casa de Laura y Residencia Reloncaví de Los Lagos, Residencia Mi Casa Valdivia y Residencia Al Makoo de Los Ríos, el Hogar del Niño Miraflores de Magallanes y los hogares San Francisco de Borja, Manuel de Tezanos Pinto y Enrique Callejas Noemí de Valparaíso, había servicios higiénicos insuficientes en relación con la cantidad de usuarios, no diferenciados por sexo, y duchas y baños no separados en cubículos o con puertas. A lo anterior se sumó que las dependencias se encontraban en mal estado, tanto en lo relativo al aseo como al funcionamiento.

En los hogares de la Región del Biobío, Aldeas Infantiles S.O.S Concepción, Buen Pastor de la misma ciudad y Aldeas S.O.S de Bulnes, se observó que los dormitorios eran ocupados por personas de diferentes sexos y edades que fluctuaban entre los 4 y los 21 años.

En la Residencia San Pedro Armengol 2 y Vicente Pérez Rosales de La Araucanía y Los Lagos, se detectaron habitaciones con más de tres camas, en circunstancias que la normativa vigente estipula que ese es el máximo por dormitorio, diferenciadas por sexo.

13 centros de distintas regiones no contaban con espacios multiuso destinados a la realización de talleres o reuniones y/o una sala habilitada para la recepción de visitas, lo cual impedía cumplir con la finalidad de dichas residencias. También en 13 centros, algunos de los cuales no tenían espacios multiuso, se descubrieron muebles deteriorados, vidrios quebrados, puertas dañadas, techos en mal estado, jardines y áreas verdes también en mal estado y otros, que denotaban falta de medidas de seguridad y limpieza.

Por otra parte, se detectó que en los baños de la residencia Ainilebu de la Región de Los Ríos no había jabón, toallas ni papel higiénico, sumado a que las niñas no contaban con cepillos de dientes ni pasta dental.

Los centros Acógeme, Los Ceibos y Hagámoslo Juntos de la Región Metropolitana no contaban con el convenio y/o proyecto presentado al Sename por el cual se adjudicaron la subvención del servicio.

En el Hogar Betania de la Región de Aysén se observó durante la inspección que una menor residente del centro se encontraba limpiando el exterior de los vidrios del segundo piso, para lo cual se ubicó en la techumbre del primer nivel, con evidente riesgo de sufrir un accidente. Dicha acción no fue corregida por ningún adulto responsable del organismo colaborador.

No pudo constatarse, a través de los antecedentes de la auditoría, que distintas incorporaciones y permanencias de niños en los hogares Estrella de Belén y María Ayuda entre 2012 y 2013, fueron efectivamente pagadas por el Sename. Al revisar las cartolas bancarias de sus cuentas corrientes, la Contraloría detectó que tampoco existía evidencia de la existencia de depósitos por dicho concepto a los hogares.

En el proyecto RSP-Casa de Laura, no se había efectuado la sanitización de los servicios higiénicos, la desratización del área de lavandería y bodega de alimentos y desinsectación de las habitaciones, desde octubre de 2011.

De la inspección efectuada en abril de 2014 al proyecto CPE-San Arnoldo, se pudo constatar que el 20 de febrero del mismo año, el hogar recibió el reporte de supervisión técnica de la dirección regional de Los Lagos del Sename, en el cual se exponían situaciones constitutivas de eventuales malos tratos hacia menores de 2 y 5 años al interior del establecimiento, por parte de educadoras de trato directo.

El 15 de julio de 2013 la dirección del proyecto CPE-San Arnoldo solicitó al Juzgado de Familia de Puerto Varas gestionar una evaluación en el Servicio Médico Legal a la niña de iniciales V.V.C, para descartar o confirmar si había sido vulnerada en su intimidad sexual antes de su ingreso al centro. Sin perjuicio de las gestiones del hogar, la respuesta del juzgado no perseveró. Además, no se advirtió que se hubiera notificado de esta situación a la dirección regional del Sename de Los Lagos.

De la visita de abril de 2014 al proyecto RPM Reloncaví, la Contraloría tomó conocimiento de que el 11 de diciembre de 2013 la dirección del hogar recibió la denuncia de I.S.S. por una situación de connotación sexual que sufrió por parte de otro interno dentro del recinto. Lo anterior sucedía, según el menor, desde octubre de 2011. El director de la residencia informó a la dirección regional del Sename las medidas adoptadas al respecto, entre las que contaba la derivación del presunto agresor, también menor, junto a su madre, con permiso de su familia. No quedó ninguna constancia de ese acercamiento y se verificó que la institución no dio aviso ni envió la solicitud al Juzgado de Familia de Puerto Varas para que decretara la autorización correspondiente. Sumado a lo anterior, no había evidencia de que la residencia hubiera iniciado un proceso de investigación interna a raíz del abuso.

En la inspección realizada al proyecto RSP Casa de Laura en la Región de Los Lagos en abril de 2014, se comprobó que durante el primer trimestre de ese año, 5 de las 11 residentes activas en la entidad se habían fugado. Varias de ellas presentaban múltiples abandonos del recinto, permaneciendo, en algunos casos, hasta dos meses fuera de él. El servicio efectuó ante los Tribunales de Familia el requerimiento de búsqueda de solo 4 de las menores fugadas.

El informe final de la Contraloría concluye diciendo que “cabe consignar que en las direcciones regionales del Sename de Atacama, Coquimbo, Los Ríos y Metropolitana se advirtieron numerosas deficiencias en los organismos colaboradores, que evidencian la carencia de supervisión por parte de los funcionarios del servicio, acorde a los dispuesto en la ley N°20.032 (…) razón por la cual esta Contraloría General ordenó la instrucción de los respectivos procesos disciplinarios, con el objeto de determinar eventuales responsabilidades administrativas”.

Las residencias Mi Casa Valdivia y Al Makoo de la Región de Los Ríos fueron objetadas en el informe por no contar con servicios higiénicos suficientes y porque los baños no estaban separados por sexo y carecían de puerta y no se hallaban diferenciados por cubículos. La residencia Francisco Valdés de Temuco fue cuestionada por no tener los PII de sus internos en las carpetas correspondientes, poseer una dotación de profesionales menor a la mínima exigida y no contar con baños separados por sexo y tampoco con puertas o cubículos. Al igual que los recintos Mi Casa Valdivia y Al Makoo, la residencial figuraban hasta entonces como propiedad de Fundación Mi Casa.

Según Fundación Mi Casa, la residencia Mi Casa Valdivia fue cerrada en 2014, mientras que Al Makoo y Francisco Valdés “subsanaron las deficiencias”.

Consultado por El Mostrador, el Sename no quiso entregar declaraciones para este reportaje.