Recientemente quedó en condiciones de ser promulgada la ley antiterrorista que reemplaza la anteriormente existente (ley 18314 de 1984), la cual nunca fue utilizada en plenitud entre otras cosas debido a las dificultades para probar el ánimo terrorista y la exigencia de los medios de prueba requeridos.
La nueva ley antiterrorista que aún debe ser promulgada y eventualmente pasar por el Tribunal Constitucional debido a los reparos de algunos parlamentarios del Frente Amplio y del Partido Comunista, se caracteriza en lo más importante por:
- Facilidad de aplicación tanto para tribunales como el Ministerio Público.
- Claridad y severidad de las penas.
- Uso de tecnologías del tipo “International Mobile Suscriber Identity (IMSI) catcher” que permite la identificación y ubicación de equipos móviles. Para realizarlo deberán tener autorización de un juez y no está permitido la interceptación de las comunicaciones que transiten por dichos equipos.
En relación con la nueva ley antiterrorista les entrego las siguientes reflexiones:
- El gobierno y quienes lo apoyan están buscando presentar la aprobación de la nueva ley antiterrorista como un gran logro relacionado a la agenda de seguridad, pero olvidan que no tendrá mayor efecto sobre la criminalidad más compleja que afecta a Chile, excepto en lo que se refiere al terrorismo de grupos insurgentes que operan en la Macrozona Sur o los aislados hechos que ocurren más al norte cuando estos operan fuera de sus territorios.
- Evidentemente es una mucho mejor ley que la que reemplaza, la que era de difícil aplicación por parte de los fiscales y jueces, y trae penas que ayudan a desincentivar la actividad terrorista.
- Es bueno que se permitan la utilización de tecnologías que permitan identificar y ubicar equipos móviles de comunicaciones, uso que además en este caso, requiere aprobación de un juez con lo que se resguardan los derechos de las personas inocentes, pero estimo que hay algunos que están haciendo innecesariamente un escándalo con esto debido a que la seguridad actual para ser efectiva requiere de un Estado con más medios y capacidades.
- También cuesta entender el escándalo de la izquierda respecto del IMSI catcher toda vez que actualmente ciudades como Santiago tiene cámaras y pórticos lectores que permiten identificar personas y vehículos, algo que se puede hacer sin permisos judiciales u ordenes de investigación del Ministerio Publico.
- Dicho lo anterior, del minuto que se anuncian los medios permitidos por ley a ser usados, terroristas y criminales usarán medios distintos de comunicaciones como son los mensajeros humanos, eliminando su huella digital objeto no sean ubicables o identificables, lo que nos lleva a un tema aún no resuelto, la existencia de un sistema de inteligencia moderno, efectivo, y dotado tanto medios tecnológicos como humanos.
Es lamentable que la agenda de seguridad del gobierno hasta ahora cuente con novedades que poco o nada ayudan al combate de la criminalidad compleja. Como ya indiqué la nueva ley antiterrorista no causa gran impacto fuera de la Macrozona Sur, y el Ministerio de Seguridad Pública va a demorar en producir resultados, ello conforme se corrijan las observaciones y su implementación sea correcta.
Lo que cuesta hacer entender es que necesitamos más carabineros, obviamente todos bien pagados, y más fiscales para el Ministerio Público, el que tiene la misma planta desde hace aproximadamente 20 años. La realidad actual no sólo exige buenas y nuevas leyes, sino principalmente voluntad política de uso de la fuerza, policías y fiscales, y por, sobre todo, un sistema judicial efectivo, y libre de corrupción e ideologías.
Necesitamos de más y mejores cárceles, como también de una estrategia y sistema de seguridad pública que integre y haga operar en forma productiva a las policías, fiscales, gendarmes, jueces, personal del SII, aduanas y la UAF, acompañado por un sistema de inteligencia que haga la pega y nos permita saber qué pasa tanto en Chile, como en el extranjero en el caso de que el interés nacional esté afectado.
Si lo anterior no ocurre y el Estado no se coloca las pilas, la seguridad en Chile continuará siendo municipalizada y privatizada, lo que obviamente afectará a los que tienen menos recursos, o bien a los que no viven en municipios con más recursos. (El Líbero)
Richard Kouyoumdjian
