Primero fue la Facultad de Derecho de la U. de Chile la que paró sus actividades y ocupó el recinto de calle Pío Nono para protestar por cómo se estaban abordando los casos de acoso.
El reclamo de las alumnas rápidamente tuvo eco en otras universidades y así comenzaron las llamadas «tomas feministas», que además de denunciar situaciones de hostigamiento, exigen una educación «no sexista».
Hasta ayer eran al menos seis planteles -entre ellos la U. Diego Portales, la U. de Concepción y la U. de La Frontera- los que estaban con tomas y paros indefinidos. También paró la U. Santa María sede Vitacura, pero fue desalojada durante la tarde.
Previo a estas protestas, algunas instituciones ya han abordado las situaciones de acoso a través de protocolos. Y la ley de las 18 universidades estatales -que pronto será promulgada luego que el martes fuera despachada por el Tribunal Constitucional- también trata el tema.
La normativa estipula que las prohibiciones que rigen para el personal de las universidades con respecto «a actos atentatorios a la dignidad de los demás funcionarios, incluido el acoso sexual, laboral y la discriminación arbitraria, se entenderán referidas también a conductas del mismo tipo que resulten atentatorias a la dignidad de estudiantes, y de toda persona vinculada, de cualquier forma, a las actividades de la institución».
Carmen Andrade, ex ministra del Sernam y directora de la Oficina de Igualdad de Oportunidad de Género de la U. de Chile, sostuvo que así se deja de manifiesto que se pueden dar situaciones de acoso contra un estudiante o alguien que esté a honorario.
Y subrayó que esto es importante porque «el acoso sexual no estaba explicitado en las relaciones de profesores y estudiantes; solo en las relaciones laborales».
La futura ley agrega que las víctimas podrán aportar antecedentes a la investigación, y tendrán derecho a conocer «su contenido desde la formulación de cargos, a ser notificadas e interponer recursos en contra de los actos administrativos».
Según Andrade, con esto se «equilibran los derechos de víctima e inculpado» porque a la fecha, cuando se realiza un sumario administrativo «se le otorga una serie de derechos a quien está siendo acusado».
Por ejemplo, este puede rechazar al fiscal «si cree que no le da garantías, puede conocer el proceso que se lleva a cabo, se entera de quién está declarando y cuáles son los cargos que se hacen. Y si cree que la sanción no es justa, puede apelar». En contrapartida, Andrade detalló que hoy el denunciante no puede rechazar a quien investiga y tampoco puede apelar a la resolución.
El ministro de Educación, Gerardo Varela, aseguró que es «fundamental avanzar en estos temas en todas sus dimensiones». Además, remarcó que «no hay pretexto para no sancionar actos de violencia contra la mujer».
Añadió que además de la Ley de universidades estatales, el Mineduc publicó el Protocolo contra el acoso sexual en educación superior. Este documento, agregó, promueve que los planteles «emprendan medidas que permitan construir espacios seguros y libres de violencia de género para estudiantes, a diseñar estrategias orientadas a prevenir nuevas situaciones de este tipo y a resguardar el derecho a la educación y al trabajo».
FRUSTRADA MARCHA
Cerca de 350 escolares de la Coordinadora de Secundarios (Cones), según el cálculo entregado por la Intendencia, intentaron marchar ayer por la Alameda para demandar una educación «no sexista». Los jóvenes se concentraron en la plaza Los Héroes, a pesar de que la autoridad metropolitana no había autorizado ese recorrido. «No vamos a permitir que la Intendencia nos diga por dónde movilizarnos», dijeron los escolares. No obstante, los secundarios no pudieron partir su marcha y Carabineros detuvo a 52 personas.
La próxima semana también habrá marcha, esta vez de los universitarios, que también piden enseñanza «no sexista». (El Mercurio)
