El proyecto de ley de fortalecimiento de las universidades estatales (UE) se ha presentado recientemente. Es lamentable que el gobierno haya decidido enviar una ley aparte de la propuesta de la “gran reforma de la educación superior”, ya que al desvincular este proyecto, disminuye el valor de la discusión que le dará el marco principal al sistema. Es evidente que no solo las UE aportan al bien público en educación superior. El proyecto de ley presenta aspectos positivos, los que se enfocan a fortalecer y potenciar el desarrollo y aporte al país de las UE, junto con avanzar en una gestión con disminución de amarras y exceso de trabas burocráticas.
Los aspectos negativos tienen que ver con tres aspectos a considerar: primero, la institucionalidad; ya que presenta la creación de un nuevo consejo asesor de las UE, que pone en riesgo el futuro del Consejo de Rectores. El Cruch hay que fortalecerlo con la entrada de nuevas universidades de función pública y no reducirlo solo a las UE. Segundo, la autonomía; es importante evaluar en detalle el procedimiento de los nombramientos de miembros externos a las universidades, debido a que puede alterar la autonomía interna de las instituciones. Al igual que en países desarrollados, los nombramientos presidenciales deberían estar exentos de consideraciones políticas.
Tercero, el financiamiento; es interesante poder ver las cifras recientes publicadas del aporte financiero a las universidades, ya que mucho se ha hablado de maltrato y descuido de las UE, sin embargo, los últimos dos gobiernos han tenido una dedicación preferente a entregarles un significativo apoyo. A estos aportes, se suman los fondos regionales para proyectos en áreas específicas. Esta es una buena noticia para el sistema universitario y en especial para las UE. Ahora lo que corresponde es reconocerlo y distribuir estos recursos de manera justa dentro de estas instituciones. Se debe apoyar de manera más decidida a las UE de regiones, que han sido las que han estado realmente postergadas, en especial en las regiones más extremas del país.
Sin embargo, junto a este fortalecimiento, el gobierno debiera evaluar las necesidades de otras instituciones de función pública, que sin pertenecer al Estado cumplen un rol clave en sus comunidades, en particular en las regiones del país. En este aspecto, las universidades de G9 requieren un apoyo equivalente (no necesariamente igualitario), para su desarrollo y aporte a la comunidad. El aporte que entregamos en un trabajo en red y colaborativo con otras instituciones de función pública, es de gran relevancia para el país.
Desde G9 hemos reiterado que estamos de acuerdo con fortalecer a las UE, pero este apoyo no debe ser en desmedro o a expensas de otras universidades de función pública del país. En este sentido, no podemos apoyar la discriminación que significa incluir por ley el convenio marco de financiamiento de las UE y no hacerlo con el total de las universidades del Cruch. Esta situación se analizará con los parlamentarios, quienes deben comprender que este apoyo es vital para el adecuado desarrollo de un sistema de Educación Superior amplio, diverso y de calidad que mira al futuro de Chile. (La Tercera)
Ignacio Sánchez
