Hace casi un año el Presidente Boric caminaba a comprar un sándwich a una tradicional fuente de soda. En esos días empezaba un proceso de preparación para asumir su rol en La Moneda. Llegaba con promesas de cambio e instalaba grandes expectativas, pero eso duró poco, a la tercera semana de gobierno empezaba el desencanto y las demandas por orden se instalaban por sobre las de cambio.
Ya en esa época la delincuencia y el narcotráfico aparecían como prioridades de los chilenos, sin embargo, el nuevo Gobierno se mantenía firme ante su decisión de levantar los Estados de Emergencia y evitar que las Fuerzas Armadas se involucraran en el combate contra el crimen. Hoy, el Gobierno ha renovado 15 veces el Estado de Excepción Constitucional en la Macrozona Sur y esta semana se aprobó en la sala del Senado la reforma constitucional que permite a las Fuerzas Armadas resguardar infraestructura crítica.
¿Hubiese pensado el Presidente que estaría recurriendo a los militares para satisfacer las demandas de orden? El sentido común me dice que no, sobre todo después de verlo en Plaza Italia pidiendo a las FF.AA. volver a los cuarteles y al Gobierno pasado desmilitarizar La Araucanía.
Pero, como el sentido común es el menos común de todos los sentidos y el contexto es tan líquido, hoy no le queda más que recurrir a los militares para compatibilizar la demanda de cambio con la de orden. El Gobierno hijo del estallido social que buscaba deslegitimar a las instituciones de seguridad y defensa hoy debe pedir su ayuda en medio de una crisis política derivada de su decisión de indultar a 13 delincuentes el penúltimo día del 2022.
Pero ¿son las Fuerzas Armadas las llamadas a resolver problemas de seguridad pública? Por supuesto que no. Actúan en territorio nacional en momentos de excepción y para ello requieren de un marco normativo y garantías que les permitan realizar sus labores. Un militar no cuenta con preparación policial, ese no es su rol. Está entrenado para neutralizar la amenaza y para ello debe existir superioridad de fuerza. ¿Cuál fuerza? La que legítimamente tiene el Estado y que debe ser aplicada bajo un marco legal que indique qué se puede hacer y qué no.
Es responsabilidad del Ejecutivo conducir las demandas por orden y proponer los lineamientos que permitirán a las instituciones entregar seguridad y cumplir su función constitucional, pero, si su legitimidad institucional ha sido mermada por mensajes refundacionales impulsados por el Mandatario desde que éste era diputado, se crea una crisis en torno a la seguridad que es responsabilidad del poder político resolver.
De ahí que, lo crítico del proyecto de infraestructura tiene que ver con la falta de conducción política y el correcto uso de la institucionalidad de seguridad y defensa. Por supuesto que existen aprensiones técnicas, sin embargo, de no dar un golpe de timón en cuanto al liderazgo político, el resolver esas aprensiones no será suficiente. (El Líbero)
Pilar Lizana
