En los últimos días, tanto el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, como su secretaria general, Barbara Figueroa, han insistido en que la cuestión constitucional chilena permanece abierta debido a la necesidad de cambios estructurales en el país.
Esta postura evidentemente responde al inminente ciclo electoral, pero también revela la incapacidad de dicha colectividad para reconocer el contundente rechazo que sus planteamientos han recibido por parte de la ciudadanía chilena en años recientes.
El no interpretar adecuadamente el sentir nacional refleja una mezcla de obstinación ideológica y desconexión con la realidad. Sin embargo, esta desconexión no es exclusiva del Partido Comunista.
Chile enfrenta desafíos urgentes que el gobierno actual ha sido incapaz de resolver: la proliferación del crimen organizado ha socavado la seguridad ciudadana; políticas económicas anacrónicas han frenado el crecimiento; un aparato estatal burocrático e ineficiente obstaculiza el desarrollo; el sistema de salud pública mantiene inaceptables listas de espera; y la educación pública exhibe resultados deficientes que condenan a generaciones completas a seguir pateando piedras. Estas problemáticas configuran la agenda ineludible para la próxima administración, considerando que el gobierno de turno ha demostrado su incapacidad para gestionar con la urgencia requerida las necesidades de una nación que demanda transformaciones sustantivas para reactivar su dinamismo.
No obstante, estas transformaciones no se materializan mediante la reiteración de propuestas ideológicas obsoletas o la promoción de agendas identitarias como pretenden el Partido Comunista y el Frente Amplio. El progreso nacional requiere gestión eficiente, profesionalismo y sentido de urgencia, pues emprendedores, estudiantes, enfermos y la ciudadanía en general no pueden postergar indefinidamente sus legítimas aspiraciones y necesidades.
Tampoco resultan positivas las propuestas efectistas diseñadas para generar impacto mediático, que replican discursos de líderes extranjeros cuyas realidades son sustancialmente diferentes al contexto chileno. El Partido Nacional Libertario, parece no querer entenderlo, básicamente por un beneficio electoral de corto plazo, sin pensar en los efectos devastadores que puede tener en el país un nuevo gobierno de la izquierda identitaria, que tanto daño le ha hecho al país.
La responsabilidad política se manifiesta en visiones de largo plazo y propuestas viables que sitúen a las personas como eje central del desarrollo.
Chile ha superado la etapa de experimentación política. Los ciudadanos demandan seguridad y oportunidades para retomar la senda del crecimiento. Una sociedad polarizada, donde prevalecen las voces extremas, está destinada al fracaso y a sus inevitables consecuencias.
La ciudadanía chilena ha manifestado su cansancio frente a la retórica vacía e identitaria, su hartazgo al espectáculo político y las soluciones simplistas. En su defecto, exige resultados concretos, reformas efectivas y un Estado que cumpla sus funciones esenciales mientras permite que la iniciativa privada contribuya a la reconstrucción nacional. (El Líbero)
Sebastián Torrrealba
