Durante su gestión en el Consejo de Defensa del Estado (CDE), la ex ministra de Justicia Javiera Blanco ha debido enfrentarse a diversas situaciones que la han llevado a inhabilitarse en 16 causas que lleva adelante el organismo encargado de defender los intereses estatales.
Así lo revela información obtenida a través de la Ley de Transparencia, en que se solicitaron datos sobre el primer año de Blanco en el CDE, desde que fuera nombrada en esa entidad por la Presidenta Michelle Bachelet, en febrero de 2017.
De esta manera, de 945 casos tratados por el consejo pleno del organismo desde su llegada, la ex secretaria de Estado se inhabilitó de 11 procesos. En tanto, como integrante del Comité Civil, al cual ingresó en agosto, de 432 temas que estuvieron en tabla, rechazó participar en cinco.
En este sentido, su pasado como subsecretaria de Carabineros, ministra del Trabajo y titular de Justicia y Derechos Humanos han sido las principales causales de inhabilitación. No obstante, en esta cifra también se incluyen relaciones familiares y de amistad que han impulsado a la abogada a desistir de ser parte de la discusión.
Durante los 17 meses que estuvo a cargo del Ministerio de Justicia, la entonces secretaria de Estado debió enfrentar las denuncias por millonarias pensiones en Gendarmería y la muerte de Lissette Villa al interior de un centro del Sename, cuyo hecho hizo público las múltiples vulneraciones padecidas por niños dependientes del Servicio Nacional de Menores (Sename). En tanto, hay antecedentes incorporados al fraude de Carabineros que corresponden a la fecha en que se desempeñó como subsecretaria de la institución. Todos estos conflictos poseen en la actualidad aristas que son representadas por el CDE.
Inhabilidades
Un mes después de asumir como consejera, Javiera Blanco se inhabilitó por primera vez con motivo de la causa en que el ex subdirector de Gendarmería, Juan Carlos Manríquez, interpuso un recurso de protección contra el contralor Jorge Bermúdez, para dejar sin efecto la resolución que suspendía el pago de su pensión. Al respecto, la ex ministra se excusó “en consideración a que se trata de situaciones vinculadas al Ministerio de Justicia”.
Este argumento lo utilizaría a la hora de restarse en otras tres ocasiones. Entre ellas, destaca su salida de la discusión que el consejo llevó sobre la procedencia de “intervenir en investigaciones relativas a muertes en centros del Sename”.
Su rol como subsecretaria de Carabineros le ha supuesto el principal número de conflictos de interés. En total, fueron seis las inhabilidades en que argumentó su permanencia en ese cargo para restarse de la discusión. Tres de estos casos están vinculados al fraude en Carabineros, hecho que a la fecha ha significado un perjuicio fiscal de al menos $ 26 mil millones. La discusión del consejo pleno sobre la investigación criminal relativa a este caso la impulsó a ausentarse de tres sesiones, ocurridas en mayo y octubre de 2017.
Además, en el Comité Civil se apartó de la causa laboral emprendida por el ex coronel de la policía uniformada, Arnoldo Riveros, quien hoy se encuentra en prisión preventiva imputado por el fraude en la institución. Tampoco se involucró en la discusión por la demanda civil interpuesta contra el Estado por Romina Rodríguez Nieto, esposa del fallecido cabo Cristián Vera, quien muriera el 11 de septiembre de 2007 producto de un disparo en la cabeza mientras enfrentaba disturbios.
Su pasado como ministra del Trabajo, en tanto, provocó su negativa a participar en la discusión sobre los dos recursos de nulidad interpuestos por el senador Alejandro Navarro en contra de la Superintendencia de Pensiones. A través de estos, el congresista se opuso a la creación de AFP Argentum y su posterior fusión con Cuprum. Mientras, en el segundo recurso intentó impedir la integración de Acquisition S.A. -propiedad de la norteamericana Metlife- y AFP Provida.
Familiares y cercanos
La consejera se inhabilitó de cinco causas relacionadas a personas cercanas y familiares. Entre ellas, se marginó del caso Cynthia Ross Wiesner y Otros, públicamente conocido como caso Caval, el cual involucra al hijo y la nuera de la Mandataria. Ante esto, en la instancia Blanco argumentó su salida “por su cercanía con la Sra. Presidenta de la República y a la circunstancia de haberse desempeñado en un cargo de exclusiva confianza”.
También se inhabilitó en dos causas que involucraban a la empresa Publivía S.A., debido a que su hermano es miembro del estudio de abogados que representa a la firma.
La decisión fue idéntica en la investigación criminal que involucra al ex ministro Jorge Insunza, acusado de presunto cohecho, malversación de fondos públicos y negociación incompatible. En voz de la consejera, era oportuno negarse a participar, “atendido que el imputado tuvo, al igual que ella, la calidad de ministro del actual gobierno”.
Una demanda civil del CDE en contra de la Municipalidad de La Florida, individualizada en el alcalde Rodolfo Carter, también fue motivo de inhabilidad para Blanco. En este caso, aseveró poseer un “vínculo de amistad” con el jefe comunal.
Para Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente, “hoy existe una situación compleja en el CDE, al haber consejeros, como es el caso de Javiera Blanco, que están involucrados en algunos casos investigados por la Cámara de Diputados y la justicia”. Como salida a esta situación, Precht cree que se debiese avanzar “hacia un servicio profesional de defensa, que permitiera contratar a los mejores abogados del país, pero con exclusividad para que no existe conflicto de interés”.
No fue posible obtener una versión de Blanco respecto de esta situación.
La Tercera/La Tercera
