El martes de esta semana el pleno de la Convención votó el informe de la comisión de Sistemas de Justicia y aprobó la creación de la Corte Constitucional, órgano que busca reemplazar al Tribunal Constitucional, pero con atribuciones más limitadas. Este se define como un “órgano autónomo, técnico y profesional, encargado de ejercer la justicia constitucional con la finalidad de garantizar la supremacía de la Constitución”. Se agrega que “sus resoluciones se fundarán únicamente en razones de derecho”.
Si bien esta norma ingresa de forma directa al borrador de nueva Constitución, la instancia plenaria rechazó casi la totalidad del artículo sobre las atribuciones que tendría este nuevo órgano. Así sucedió con el artículo que establecía los criterios para la designación de los integrantes de la Corte. En este se consignaba que de los 11 integrantes cuatro serían elegidos por el Consejo de Alta Dirección Pública; tres designados por el Presidente de la República a través de ternas propuestas por el Consejo de Alta Dirección Pública y cuatro por el Consejo de la Justicia.
El pleno también aprobó el artículo relacionado al Banco Central (BC), norma que a mediados de abril había sido rechazada por la instancia plenaria y que ahora se presentó nuevamente frente a los convencionales para su segunda oportunidad.
Entre lo aprobado está el artículo que define lo que es el BC: “Un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, de carácter técnico, encargado de formular y conducir la política monetaria”. También se aprobó el artículo que dice que el BC rendirá cuenta ante el Congreso. De los ocho artículos relativos al BC, se aprobaron dos y medio que ahora pasarán al borrador de la nueva Constitución, mientras que los restantes deberán volver a la comisión para que realice una segunda propuesta.
Durante esa misma jornada el pleno también deliberó y votó en torno a las normas relacionadas a la Fiscalía. En este sentido, el pleno rechazó y devolvió a la comisión de origen el artículo que pretendía que el Ministerio Público dejara de ser dirigido de manera unipersonal y pasará a ser gobernado por un Consejo Superior y un Fiscal Nacional.
El texto proponía que la dirección superior del Ministerio Público residiría en “la o el fiscal nacional y en un Consejo Superior, órgano colegiado y paritario” que tendrá por objetivo designar al fiscal nacional y un director ejecutivo nacional. En su momento esta norma generó fuertes críticas por parte de académicos y fiscales quienes argumentaban que la propuesta de la comisión agravaría las deficiencias institucionales de la Fiscalía, aumentando la burocracia, diluyendo las responsabilidades y abriendo la puerta para politizar al organismo.
El convencional Ruggero Cozzi (RN) valoró la señal dada por el pleno. “En buena hora se han rechazado las normas que creaban un Consejo Superior del Ministerio Público y que dejaban al fiscal nacional como un verdadero adorno institucional, decorativo, sin verdaderas funciones para ejercer liderazgo y dirección del Ministerio Público”, dijo el constituyente.
Durante la madrugada del martes, la comisión terminó de votar el polémico informe que, hace poco más de una semana, terminó en una funa a convencionales socialistas luego de que el pleno lo rechazara en general. Los nuevos cambios, deberán ser votados por el pleno este sábado.
La comisión definió un nuevo estatuto constitucional de los minerales. Ahí, entre otras cosas, se aprobó que “el Estado desarrollará de manera exclusiva la actividad minera sobre los hidrocarburos en estado líquido o gaseoso, litio y tierras raras. En el caso del cobre, el Estado explorará y explotará por sí mismo, y podrá hacerlo en asociación con particulares siempre resguardando la participación mayoritaria del Estado”.
Esto último genera distintas interpretaciones, porque mientras algunos creen que apunta a que solo el Estado podrá explotar el cobre, y que podrá asociarse para ello con privados que tendrán una participación minoritaria; otros creen que en realidad se refiere a que no se podrá privatizar Codelco.
En tanto, la comisión también logró visar normas sobre temas de agua, entre ellos, el que cambia los derechos de agua por autorizaciones de uso. Además, se agregaron como bienes comunes naturales inapropiables “el mar territorial, las playas y los ecosistemas oceánicos y costeros”.
En tanto, este miércoles el pleno de la Convención votó temas relacionados con derecho de propiedad y restitución de tierras indígenas. Esto, luego de que la comisión de Derechos Fundamentales le introdujo cambios la semana pasada a algunos incisos que habían sido rechazados por el pleno a fines de marzo.
Frente a esto, los convencionales aprobaron con 106 votos a favor que “el Estado reconoce y garantiza conforme a la Constitución, el derecho de los pueblos y naciones indígenas a sus tierras, territorios y recursos”. También le dieron el visto bueno a que “la propiedad de las tierras indígenas goza de especial protección. El Estado establecerá instrumentos jurídicos eficaces para su catastro, regularización, demarcación, titulación, reparación y restitución”.
Mientras desde el oficialismo y la izquierda calificaron la jornada como histórica, convencionales de Vamos por Chile criticaron la aprobación de la norma que señala que el Estado reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y naciones indígenas a sus tierras, territorios y recursos, donde se explicita además que el Estado deberá tener un “mecanismo preferente” de restitución de tierras a los pueblos indígenas.
Asimismo, la aprobación del artículo recibió críticas por parte de los gremios empresariales. Si bien algunos celebran que esto venga a alinear al país con el Convenio 169 de la OIT ratificado por Chile, otros ven que es “una grave incerteza jurídica, tanto para los pueblos indígenas como para los no indígenas”.
La jornada de este jueves, el pleno sometió a votación el último informe de la comisión de Sistemas de Conocimientos, donde se deliberó sobre normas relacionadas al derecho a la comunicación, derechos digitales, derechos laborales y de seguridad de los trabajadores de las culturas y libertad de prensa.
Una de las propuestas más discutidas durante la jornada fue el artículo 4, que buscaba la creación de un Consejo Nacional de Comunicaciones. Con 94 votos a favor, 32 en contra y 20 abstenciones, la norma terminó siendo desechada del borrador de la nueva Constitución ante las críticas que recibió desde el gremio de las comunicaciones y diversos integrantes de la Convención.
En la discusión previa, los convencionales adelantaron sus votos en contra de la creación del órgano, definiéndolo como una “amenaza para la libertad de expresión”.
Dentro de su intervención, la convencional Patricia Politzer (Independientes No Neutrales), sostuvo que si bien los objetivos del Consejo eran bien intencionados, la propuesta le parecía “no solo innecesaria, sino que, lo que es más grave, me parece peligroso”. En tanto, el plenario aprobó la norma sobre medios públicos. (La Tercera)
