Este jueves el pleno de la Convención Constitucional votó el primer informe emitido por la Comisión de Normas Transitorias -45 artículos y 53 indicaciones- que pretende definir el paso de la actual Constitución al nuevo texto que propondrán los convencionales, en caso de que gane el Apruebo el 4 de septiembre.
La instancia estuvo marcada por el rechazo a las normas que buscaban marcar el paso del actual Congreso al futuro Poder Legislativo, el que estará integrado por un Congreso de Diputadas y Diputados y una Cámara de las Regiones. El tema generó inquietud entre convencionales y parlamentarios, porque junto con rechazar este artículo, se aprobó la primera norma del informe que deroga “in actum” -es decir inmediatamente- la Constitución vigente, lo que, en la práctica, generaría la eliminación del Senado una vez aprobado el texto constitucional.
El rechazo a algunas de las normas estaba definido desde hace días. Una de las más comentadas fue aquella que pretendía que el actual Congreso solo pueda reformar la nueva Constitución con un quórum de 2/3 de los parlamentarios en ejercicio. Finalmente, la norma fue rechazada con 71 votos a favor, 44 en contra y 12 abstenciones. No pasó desapercibido el rechazo por parte de Fernando Atria y la abstención de Constanza Schönhaut -ambos del Frente Amplio-, quienes previamente habían defendido la propuesta.
En tanto, la instancia estuvo marcada por la ausencia de la UDI en el tablero de votación. Esto, luego de que el colectivo anunciara en la mañana que no votaría, pues, a criterio de ellos, las normas propuestas por la comisión incurren en actos antirreglamentarios. “Creemos que hay graves irregularidades en la forma en que se ha presentado este tema al pleno. La comisión presenta normas que son absolutamente antirreglamentarias”, argumentó Rodrigo Álvarez (UDI).
Durante este pleno, además, los convencionales ratificaron la propuesta de la mesa sobre cómo votar el preámbulo. Los constituyentes confirmaron que el texto introductorio de la nueva Constitución deberá aprobarse por 2/3 del plenario.
Durante la jornada, el pleno rechazó el polémico artículo que tenía en alerta a la industria sanitaria, y que establecía que cuando entre en vigencia la nueva Constitución de inmediato “todos los derechos de aprovechamiento de agua otorgados con anterioridad, se considerarán, para todos los efectos legales, autorizaciones de uso de agua según lo establecido en esta Constitución”.
También se rechazó que “en el plazo de cinco años los titulares de uso deberán concurrir a la Dirección General de Aguas o el organismo sucesor, para solicitar la regularización de la autorización de uso, según corresponda” y otros artículos referidos a la materia.
Un tema también muy debatido que se rechazó fue la norma transitoria que daba plazo de un año al Presidente de la República para crear por decreto la Comisión Territorial Indígena para hacer la restitución de tierras, “garantizando su debido financiamiento estatal, infraestructura, asistencia técnica y administrativa. La Comisión tendrá un plazo de funcionamiento de ocho años, renovables por cuatro años adicionales, no pudiendo extenderse por más tiempo sin la habilitación legal respectiva cuando el interés de los pueblos así lo requiera”.
Sobre el Poder Judicial, el pleno rechazó el artículo transitorio que indica que el Tribunal Constitucional vigente no podrá conocer nuevas causas desde la entrada en vigencia de la Constitución, y que la nueva Corte Constitucional deberá instalarse en un plazo de seis meses desde que empiece a regir la nueva Carta Magna.
Todas las normas rechazadas deberán volver a comisión para que se hagan modificaciones y así elaborar un nuevo y último informe.
Entre las normativas que sí lograron ser aprobadas se encuentra el artículo que sostiene que el Presidente deberá presentar un proyecto de ley sobre el sistema de seguridad social en el plazo de 12 meses y de salud en 18 meses, pero rechazaron que el Congreso tenga que terminar su tramitación en un máximo de dos años.
En el ámbito laboral, se aprobó que “en el plazo de 18 meses desde la entrada en vigencia de esta Constitución, el Presidente de la República deberá presentar un proyecto de ley que adecúe la legislación laboral” sobre el derecho a la libertad sindical.
También los convencionales aprobaron normas tales como el inciso que establece que “el Presidente de la República elegido para el período 2022-2026 no podrá presentarse a la reelección para el período siguiente (…)”, lo que impediría que el Jefe de Estado Gabriel Boric sume un nuevo período a su mandato luego de concluir el primero. Se trata de una propuesta sugerida por el propio Ejecutivo.
Asimismo, se despachó a Armonización la norma sobre la regla de paridad de género, que deberá ser aplicada a los órganos colegiados de elección popular y será tarea de la Contraloría General de la República velar por el cumplimiento de esta normativa en los “órganos directivos y superiores de la Administración del Estado”.
Semanas de conversatorios, encuentros ciudadanos y despliegue territorial son algunas de las actividades que, por estos días, gran parte de los convencionales desarrollan a lo largo del país, aprovechando que 66 de ellos no pertenecen a ninguna comisión. Quienes participan de estas actividades enfatizan que se limitan a un plano informativo, debido a que aún faltan 35 días para que se disuelva la Convención y para que comience el proceso legal de campaña.
La semana pasada, bajo la consigna “Vamos por la Constitución de los derechos”, los presidentes de partidos y movimientos de Apruebo Dignidad manifestaron su respaldo al borrador de la nueva Carta Magna que redactó la Convención Constitucional. En la otra vereda, los convencionales Martín Arrau (UDI), Ruth Hurtado (Partido Republicano) y Eduardo Cretton (UDI) aprovecharon el fin de semana pasado para recorrer distintas comunas de La Araucanía con el objetivo de realizar charlas críticas sobre el contenido del proyecto de nueva Constitución. (La Tercera)
