Desde que somos niños actuamos en base a incentivos. Muchas veces, si nos portábamos bien o nos sacábamos buena nota, recibíamos un premio y, por el contrario, si teníamos una mala conducta, éramos castigados sin televisión o sin salir a jugar. Incluso, a nuestras mascotas las llevamos a actuar en base a recompensas, recibiendo una galleta ante un ejercicio bien cumplido.
Los incentivos y compensaciones están presentes a lo largo de nuestra vida, especialmente en el ámbito laboral, donde se utilizan para premiar el cumplimiento de metas. Sin embargo, tan importante como lograr el objetivo es conocer el proceso para llegar a él y, por lo tanto, deben existir contrapesos para evitar que el incentivo termine siendo perverso, asegurando que su impacto sea positivo y coherente con su propósito original.
En 2023, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció, como medida para perseguir los delitos corporativos, el incentivar a las empresas a vincular sus programas de compliance con programas de compensaciones. Con esto, las compañías deben implementar un sistema de incentivos, donde los bonos u otros beneficios por metas o buen rendimiento no sean entregados como un trámite automático y, por el contrario, los objetivos cumplidos sean medidos y evaluados para asegurar que no existan faltas o infracciones a las políticas o controles establecidos por la empresa. Es decir, revisar que la meta se haya cumplido sin acortar el camino de manera irregular.
Justamente los incentivos han estado en la palestra estos últimos días, al conocer que detrás de los incendios de Viña del Mar estaba el ganar más dinero por trabajar horas extra. Con un elaborado sistema y sin importar las consecuencias, un bombero y un brigadista de Conaf idearon no solo cómo provocar un gran incendio, sino que eligieron el día perfecto que reunía las condiciones para su rápida propagación. Todo por 57.33 horas extra, correspondientes $420 mil, en el caso del trabajador de Conaf.
Lo anterior nos demuestra que los sistemas de incentivos no son garantía de éxito ni metas logradas, porque si no hay control sobre estos, terminan transformándose en recompensa para personas corruptas y poco éticas, perjudicando de paso a la empresa que los entrega y su falta de rigor.
Entendemos por incentivos perversos aquellos estímulos o beneficios que, en lugar de promover comportamientos positivos, fomentan acciones contrarias a los objetivos y valores de una organización o de la sociedad.
Por lo mismo, las empresas deben poner atención a este tema, sobre todo en el contexto de la nueva Ley de Delitos Económicos, ya que van a tener que demostrar con mayor énfasis que cumplen con sus programas de compliance y uno de los elementos centrales de estos programas es justamente el de las políticas de incentivos y compensaciones.
Para implementar estas políticas de manera correcta y eficiente, las compañías deberán velar por la integridad de sus prácticas corporativas y no solo premiar a ejecutivos por la obtención de resultados, porque cuando el dinero habla se corre el riesgo de que la persona se salte las reglas del juego para obtener el premio sin importar el cómo, y las empresas lamentarán compensar a un empleado que pagó sobornos para lograr una venta o que consiguió precios más baratos a través de contratistas que pagan mano de obra ilegal o que explotan a menores de edad. La recompensa puede ser un arma de doble filo si nos tapamos los ojos ante el éxito y no nos preocupamos de cómo llegamos a él.
Es necesario promover el comportamiento ético, premiando la integridad en el cumplimiento de deberes y el logro de objetivos, y medir el cómo se llegó a ellos. Igual de importante es crear una cultura corporativa, en la cual se capacite a los trabajadores o miembros de una organización en las buenas prácticas, considerando los sesgos inconscientes y, sobre todo, exponiéndolos a casos concretos donde pudieran verse enfrentados a un dilema moral.
Cuando incorporamos compliance a los incentivos no existen matices, y quedará en evidencia si un trabajador incumplió los protocolos para obtener un resultado. Y ese es el gran desafío, en especial ad portas de la entrada en vigencia de la Ley de Delitos Económicos para las personas jurídicas. Las compañías deberán –más que nunca– hacer una debida diligencia exhaustiva, saber con quién están haciendo negocios y hacer trazabilidad para corroborar que se siguieron los procesos.
Los sistemas de incentivos y compensaciones pueden ser un gran aliado en la lucha contra la corrupción, pero requieren de mucho más que solo establecerlos, porque, si son bien implementados y gestionados, permitirán darle vida al compliance, tan necesario para enfrentar a quienes prefieren andar por el camino fácil. (El Mostrador)
Susana Sierra
