A fines de mayo del 2012, los entonces parlamentarios de la Concertación dieron un paso inédito. Los seis que eran miembros de la segunda comisión investigadora del 27-F se levantaron de la sala ubicada en el tercer piso de la Cámara en Valparaíso, donde funcionaba la instancia, y comunicaron a la opinión pública que harían una comisión paralela. Dicho y hecho. Se instalaron en una sala contigua, la que estaba vacía y, ante la mirada atónita de la prensa, comenzaron a sesionar.
A pesar de que levantar comisiones paralelas repentinas no está contemplado en la Constitución, los parlamentarios defendieron su actuar. Y lo hicieron acusando una operación política de la derecha para dañar la imagen de Michelle Bachelet, la única del bloque que aparecía entonces encumbrada en las encuestas y con posibilidades de hacer retornar la Concertación a La Moneda.
El tira y afloja por la eventual responsabilidad política de Bachelet por las muertes ocurridas luego del terremoto copó la agenda política de ese 2012. En la Concertación estaban convencidos de que la administración de Sebastián Piñera estaba tras los intentos de la UDI y RN por mediatizar el caso y así dañar a la entonces directora de ONU Mujeres. Por ello orquestaron una defensa política que siempre se coordinó con Peñailillo, que en aquel momento operaba desde la Fundación Dialoga.
En ese tiempo dos diputados mantenían un contacto privilegiado con el equipo de Bachelet en Chile: Felipe Harboe (PPD) y Carlos Montes (PS), ambos formaban parte de la comisión investigadora por el caso 27-F. El primero había sido subsecretario de Interior en la primera administración de la Mandataria –era uno de los pocos funcionarios de Palacio que podían entrar al despacho de la Presidenta sin pasar por Peñailillo–, en tanto que el segundo se acercó a Bachelet durante la campaña del 2005 y, luego, se transformó en un interlocutor válido en el Congreso. Para la administración de Bachelet, Montes siempre ha sido sinónimo de “seriedad”.
Los contactos de ambos con el equipo que operada en Dialoga eran fluidos. Harboe se contactaba con Peñailillo, con quien mantiene cercanía –aunque “no son amigos”, recalcan en su entorno– y Montes hablaba con el resto del entonces círculo de hierro de Bachelet.
A inicios de ese año, el ex ministro del Interior formó un grupo de contingencia para enfrentar la investigación judicial que llevaba adelante la fiscal Solange Huerta por los muertos del 27-F. Al primero que contactó fue al dueño de Imaginacción, Enrique Correa –que recibió el llamado en pleno verano, durante sus vacaciones en El Quisco–, quien se encargó del área comunicacional, mientras los abogados Samuel Donoso –cercano a Peñailillo y actual abogado de Patricio Contesse, ex gerente general de SQM– y Luciano Fouillioux, leyeron el escenario judicial. Donoso defendía a Patricio Rosende y Fouillioux a la ex directora de la Onemi, Carmen Fernández.
Los otros parlamentarios que participaron en la comisión investigadora señalan que la conducción de quienes allí participaban era de Harboe y Montes. Y que aunque nunca fueron explícitos en decir “esto es lo que se quiere”, se entendía que ellos tenían el teléfono abierto en Dialoga y que sus posturas estaban visadas por el entorno de Bachelet.
La dupla fue el puente entre Dialoga y el Congreso para monitorear lo que allí ocurría. Y no solo eso. Durante el 2012 fueron los articuladores de la operación que buscó blindar a la Mandataria de los embates que la derecha intentó, sin éxito, para derrumbarla en las encuestas.
PEÑAILILLO, EL ARTICULADOR
En noviembre del 2011, Rodrigo Peñailillo había retornado a Chile luego de cursar un magíster en Análisis Político en la Universidad Complutense de Madrid. Durante el 2012 figuraba instalado en una oficina del segundo piso de la Fundación Dialoga, donde el bacheletismo tenía su centro de operaciones.
A inicios de ese año, el ahora ex ministro del Interior formó un grupo de contingencia para enfrentar la investigación judicial que llevaba adelante la fiscal Solange Huerta por los muertos del 27-F.
Al primero que contactó fue al dueño de Imaginacción, Enrique Correa –que recibió el llamado en pleno verano, durante sus vacaciones en El Quisco–, quien se encargó del área comunicacional, mientras los abogados Samuel Donoso –cercano a Peñailillo y actual abogado de Patricio Contesse, ex gerente general de SQM– y Luciano Fouillioux, leyeron el escenario judicial. Donoso defendía a Patricio Rosende y Fouillioux a la ex directora de la Onemi, Carmen Fernández.
En pleno 2012, Peñailillo era la voz de Bachelet en Chile, y así lo entendían los parlamentarios del Congreso, quienes cada tanto buscaban señales de la Mandataria que les dieran luces sobre un eventual regreso al país para competir en la presidencial del 2013. Diputados y senadores navegaban en esa incertidumbre, cuando los temores de Peñailillo se concretaron.
El 21 de marzo del 2012, con 50 votos a favor, la UDI y RN lograron aprobar en la Cámara una segunda comisión investigadora por las supuestas responsabilidades políticas tras el terremoto del 27 F.
En una de las sesiones de esa instancia, que se realizó en la sede del Congreso en Santiago, los parlamentarios de la Alianza invitaron a familiares de personas que murieron producto del tsunami que afectó a las costas del centro sur de Chile en la madrugada del 27 de febrero de 2010. En esa jornada hubo testimonios, carteles y lágrimas. En los medios aparecieron los familiares sollozantes y los parlamentarios de la derecha imputando responsabilidades directas a Bachelet.
Como telón de fondo estaba la alta aprobación que entonces mantenía la ex Presidenta. En la encuesta CEP de mayo del 2012, Bachelet alcanzaba un 51% de preferencias presidenciales versus un escuálido 7% de Laurence Golborne. La ex Presidenta era la esperanza de la Concertación y la maldición de las intenciones de la Alianza de perpetuar su mandato.
La operación –orquestada desde La Moneda, afirman en la Nueva Mayoría– para dañar a la entonces reina de las encuestas, hizo que la defensa de Bachelet se activara con todo.
LOS PEONES DE LA REINA
Mientras Peñailillo monitoreaba la investigación judicial de Solange Huerta y buscaba minimizar los costos políticos del caso en los medios, coordinó con parlamentarios claves la situación en el Congreso, donde se centraba la operación de la Alianza.
El 29 de mayo del 2012, Pablo Longueira, que ocupaba el cargo de ministro de Economía, hizo entrega a la comisión investigadora de un video que revelaba una supuesta conversación entre Bachelet y el alcalde de Juan Fernández, Leopoldo González. Según la versión que defendió entonces la Alianza, el video probaría que la Presidenta sabía de la ocurrencia de un tsunami en el archipiélago cuando negó esa posibilidad frente a las cámaras de la televisión.
Pero en ese momento los parlamentarios de la Concertación se habían retirado de la comisión. El actual senador PS Carlos Montes afirma que “duró poco” el intento por defender a la Mandataria dentro de la instancia investigadora, porque “la derecha se puso muy odiosa y finalmente nosotros terminamos retirándonos”.
Al recordar el episodio, Montes reconoce coordinación, aunque recalca que se trató de conversaciones informales. “Harboe y yo coordinamos ese esfuerzo, que era un esfuerzo para que la investigación que se estaba desarrollando fuera más rigurosa. La coordinación la hicimos con los propios miembros de la comisión. Hubo un intento de volver a un canal más institucional, pero a la derecha no le interesaba eso, trajeron a familiares de víctimas… y eso fue terrible. Lo que querían era mantener un frente mediático”, plantea hoy el senador.
“Lo que yo recuerdo era que hablábamos con Rosende, con Carmen Fernández y con los abogados de ellos dos también conversábamos”, afirma, aludiendo a reuniones sostenidas con Samuel Donoso y Luciano Fouillioux, quienes a su vez eran parte del equipo de contingencia formado por Peñailillo.
“Lo que hicimos fue desnudar la operación política que se hizo desde La Moneda”, comenta uno de los parlamentarios que participó en esa jugada, la que también incluyó que la bancada de diputados DC anunciara que “congelaba el diálogo con el Gobierno” a raíz de lo que sucedía en la comisión del 27-F, además de declaraciones de los senadores de la Concertación en apoyo a sus diputados.