Mientras los chilenos de todas partes del país sufren a diario el lastre de la violencia, la delincuencia y en algunas zonas, el terrorismo, en silencio y sin mucha atención de la opinión pública avanza el trabajo de la Comisión de Expertos de este segundo proceso constituyente.
Como era evidente desde hace varios meses, la mayoría de los chilenos ha sufrido una verdadera fatiga constitucional: Existe poco o nulo interés por el proceso en curso, los chilenos perdieron la esperanza de que un nuevo texto constitucional mejorará su calidad de vida y los candidatos de todas las zonas transmiten el escaso interés electoral que existe de cara al 7 de mayo.
Por supuesto, se trata de una sensación o estado de ánimo justificado y razonable, por diversos motivos. El primero, y más claro, es que el dramático estado de inseguridad y profundización de la delincuencia (cuyo corolario es el asesinato semanal de miembros de Carabineros de Chile) relega a segundísimo plano el tema constitucional.
El segundo tiene que ver con la realidad económica del país: Una inflación que no da treguas y golpea el bolsillo de los chilenos; empleos que dejan de crearse (salvo en el Estado) y un rendimiento económico mediocre a nivel nacional hacen que la discusión de los expertos y las futuras elecciones despierten poco interés. Sí a eso se le suma el profundo rechazo y decepción que existe para con el trabajo de la pasada Convención Constitucional y su propuesta, la verdad es que resulta bastante comprensible esto que hemos llamado fatiga constitucional.
Parte de esto era lo que argumentamos quienes nos oponíamos a la idea de crear una segunda convención constitucional y abogamos por los cambios constitucionales desde el Congreso, escenario que no se dio.
Si bien este proceso despierta escasa atención en la ciudadanía, no por existir temas más urgentes la cuestión constitucional deja de ser importante. Por el contrario, me parece que uno de los principales riesgos de este proceso que avanza tiene que ver precisamente con la sensación instalada de que los bordes y los expertos son una total garantía de sensatez y racionalidad, como si bastaran por sí solos para producir una constitución a la altura de lo que Chile merece.
Esto no implica negar, obviamente, que se trata de un proceso cuyo diseño pone incentivos y reglas que debieran conducir a la sensatez y a evitar los errores del proceso anterior. Sin embargo, se hace realmente necesario que los chilenos prestemos atención al trabajo que están haciendo los expertos, evaluemos lo que se ha ido aprobando (y también rechazando) y nos pongamos a estudiar a los candidatos, sus propuestas y posturas, para votar de manera informada de cara a las próximas elecciones de mayo.
De momento, la Comisión de Expertos acordó una forma de trabajo que consiste básicamente en lo siguiente: cada subcomisión, en la que hay igual representación de oposición como del oficialismo, tuvo el desafío de llegar a un acuerdo para proponer un texto constitucional que luego fuese ratificado “en general” por el pleno de los expertos. De ahí que todos los capítulos hayan sido votados a favor de manera unánime en los últimos días. Esa unanimidad, sin embargo, no quiere decir que la propuesta no tenga omisiones, errores o cuestiones que deben ser mejoradas o derechamente modificadas. Me permito plantear algunas.
Primero, una omisión lamentable, y que significaría un verdadero retroceso en los derechos de los chilenos, es la ausencia de mandatos al legislador para proteger la vida del que está por nacer (como sí existe en la Constitución vigente). Una propuesta que afirma la dignidad y primacía de la persona humana no puede desconocer el derecho a la vida de los que están por nacer, como quiso hacerlo la Convención pasada consagrando a nivel constitucional el derecho a darles muerte.
Luego, un segundo cambio -que parece una sutileza- tiene que ver con el derecho preferente de los padres a elegir la educación de sus hijos, que en la propuesta pasa a ser de “las familias” (inciso 3º del artículo 1.c. del capítulo sobre derechos sociales, económicos y culturales). En este mismo medio, Roberto Astaburuaga, de Comunidad y Justicia, ilustra con claridad la afectación negativa que esta modificación implica para los padres y sus hijos. Son los padres, evidentemente, los primeros educadores de sus hijos.
A eso es importante agregar que, de momento, la propuesta no incorpora ni el recurso de protección ni una cláusula de esencialidad de los derechos, como la que existe en el artículo 19 número 26 de la Constitución vigente. Ambas son herramientas claves para los derechos de las personas, tanto para el control ciudadano al poder cuando su ejercicio afecta los derechos constitucionales, como para que la regulación de ciertos derechos no haga, en la práctica, imposible su ejercicio.
En definitiva, y si bien es valioso el ánimo republicano con que ha trabajado la Comisión de Expertos, la importancia de la cuestión constitucional obliga a que nos preocupemos del proyecto que ahí se está desarrollando. Para ello, el llamado a los medios de comunicación, a la sociedad civil y a la ciudadanía en general es a poner atención al proceso constituyente, levantar la voz frente a los errores y apoyar a candidatos a consejeros constitucionales que se comprometan a defender la vida, la libertad, la subsidiariedad y a la familia en la discusión constitucional. (El Líbero)
Tomás Bengolea
