El gobierno actual se prepara para implementar una regularización, o «perdonazo», para los 182 mil extranjeros que ingresaron clandestinamente a Chile y se registraron en el sistema biométrico. La narrativa gubernamental sugiere que estos migrantes llegaron durante la administración anterior, trabajan en la actualidad y/o tienen familiares en el país, justificando la regularización como el único camino posible. Sin embargo, esta medida representa una mala política pública por varias razones.
Primero, regularizar a aquellos que ingresaron ilegalmente envía una señal inequívoca de que no es necesario respetar nuestras leyes migratorias para obtener una visa. Esto incentiva aún más la migración irregular, ya que en entrevistas con extranjeros que ingresaron ilegalmente, ellos revelaron que uno de los principales motivos para no respetar nuestras fronteras es la expectativa de regularizaciones.
Además, hay más de 150 mil extranjeros trabajando sin autorización, lo que plantea serios desafíos de fiscalización y control. Permitir que estos individuos regularicen su situación sólo incentivará más el trabajo ilegal a futuro. Es crucial aumentar las sanciones a los empleadores que contratan a migrantes sin permiso, desincentivando así esta práctica que afecta tanto a la economía como a la seguridad del país.
A su vez, históricamente la izquierda ha promovido una visión de migración sin control, donde cualquier extranjero debe ser bienvenido, independientemente de su forma de entrada. Esta postura ha dificultado el avance de una legislación migratoria efectiva y ha evitado las expulsiones. Culpar a la administración anterior por la situación actual, cuando la ideología de la izquierda aún busca una migración sin restricciones, carece de sentido.
Las estadísticas son preocupantes. Desde 2022, según PDI, más de 108 mil extranjeros han ingresado ilegalmente a Chile, 20 mil más que todo el periodo 2018 a 2021. Sobre los datos del registro biométrico, desde marzo 2022 hasta mayo 2023, plazo máximo para inscribirse en el registro biométrico, el 33% de los encuestados contestaron entrar ilegalmente en ese periodo, siendo cerca de 4.300 ingresos ilegales por mes. Del resto que ingresó entre marzo 2018 a febrero 2022, representa cerca de 2.500 ingresos por mes.
Para abordar esta problemática, se deben implementar medidas que desincentiven el ingreso ilegal. Esto incluye sanciones severas a los empleadores que contraten a extranjeros sin autorización y la reconducción de quienes ingresan ilegalmente. Para aquellos que ya están en el país, se debería permitir su salida para gestionar la visa desde el exterior, como Perú o Colombia. Esta política sería justa tanto para los nacionales como para los migrantes que respetan nuestras leyes. (El Líbero)
Álvaro Bellolio
