Varias reacciones ha generado la minuta del ministro Mario Marcel donde enumera los 45 puntos en los que supuestamente existe convergencia de opiniones para destrabar la reforma previsional.
El documento se presentó como un medio para avanzar hacia un acuerdo y poder aprobar la propuesta. Si bien se enumeran elementos en los que existe consenso, se sigue insistiendo en transferir tres puntos de cotización desde los sueldos formales hacia los actuales jubilados. Y estos tres puntos de reparto son excesivos e innecesarios.
La minuta contiene varios aspectos que apuntan a mejorar las pensiones y que cuentan con un amplio respaldo tanto político como técnico, como la creación de los fondos generacionales, aumentar el tope imponible, flexibilizar el régimen de inversión, centralizar el sistema de cobranza y fortalecer el ahorro a la cuenta individual. Además, se mantiene la cobertura de la PGU en el 90% de los pensionados, excluyendo al 10% de mayor ingreso, liberando recursos fiscales equivalentes a 0,34 puntos del PIB.
Todos estos elementos son positivos, y hay que celebrar que estén incluidos en el marco de la discusión. Pero se insiste en el tema central que genera discrepancia para llegar al acuerdo: financiar las actuales pensiones con tres puntos de cotización de los sueldos formales.
Un punto se entregaría de forma permanente para financiar la compensación a mujeres por tener mayores expectativas de vida (el bono tabla) y dos puntos se entregarían transitoriamente durante los próximos 20 años para financiar la garantía de 0,1 UF por año cotizado.
Lo que llama la atención es que se mantienen los tres puntos de cotización a reparto, pero se redujo el monto de las prestaciones que se financian con ellas: ya no hay complemento por cuidados a terceros y se acotó el universo de pensionados que recibirá la garantía, exigiendo al menos 5 o 10 años cotizados. Si el monto de la ayuda se redujo, ¿por qué el ministro de Hacienda mantiene el monto del financiamiento?
Más allá de esta incongruencia en el discurso, plantearé algo que incomodará más todavía al gobierno y al ministro: los tres puntos de cotización de los sueldos formales hacia reparto no son necesarios. La minuta establece que se necesita un punto de cotización para el financiamiento del bono tabla. Pero, en base a los montos presentados por el gobierno en el Senado, este bono costaría sólo 0,15 puntos de cotización. Si queremos ser más conservadores, la Asociación de Aseguradoras de Chile estimó que financiar un bono con estas características costaría máximo 0,3 puntos de cotización en régimen. Mucho menos de lo que está exigiendo la nueva propuesta.
A través del préstamo de dos puntos de cotización se quiere financiar un complemento de 0,1 UF por año cotizado dirigido a todos los jubilados con más de cinco o diez años cotizados. Dado que ya existe la PGU, ¿es necesario entregar el complemento a este universo de jubilados? ¿Cuál es la meta de pensión que se quiere alcanzar?
La minuta entregada por Mario Marcel establece que se busca como meta alcanzar una tasa de reemplazo promedio entre 70% y 75% de los sueldos de los últimos 10 años de actividad. Pues bien, me alegro de comunicarle al ministro que ese objetivo ya está alcanzado para los actuales jubilados hombres.
De hecho, si miramos la tasa de reemplazo mediana de los hombres respecto al último sueldo recibido, un número más exigente que la meta del gobierno, esta está sobre el 75% en todos los tramos de años cotizados.
Si queremos entregar otra ayuda a los pensionados, además de la PGU, focalicémosla en quiénes están con tasas de reemplazo baja: las jubiladas mujeres que aportaron más de 20 años al sistema. Entregar un complemento de 0,1 UF por año cotizado a este universo de pensionadas costaría 0,6 puntos de cotización.
Para sintetizar, ayudar a los actuales jubilados a través del bono tabla y a través del complemento por año cotizado dirigido a aquel grupo que no logró buenas tasas de reemplazo, costaría en total sólo 0,9 puntos de cotización. No son necesarios los tres puntos de reparto que está exigiendo el gobierno.
Por último, ¿es necesario ayudar a los jubilados a través de los sueldos formales? Dado que la causa de las bajas pensiones es nuestro débil mercado laboral, debiera evitarse cargarle la mano a este empleo. El gasto total presentado en esta columna equivale a 0,3 puntos del PIB, menos de lo 0,34 puntos que se liberaron de los ingresos fiscales por mantener la cobertura de la PGU en el 90% de los jubilados. Es conveniente evaluar el financiamiento de la ayuda hacia los jubilados a través de las rentas fiscales, antes de pedirle a los trabajadores formales entregar parte de su sueldo. (La Tercera)
Elisa Cabezón
